Responsabilidades en el asesinato de Gisela Gaytán en Celaya: por dónde comenzar

Las autoridades policiacas de México —sí, municipales, estatales y federal— tienen sobre sus hombros la enorme responsabilidad de aclarar, y castigar, pronto y bien, el brutal asesinato de la candidata a alcaldesa de Celaya por Morena. Gisela Gaytán fue abatida a balazos la tarde del lunes, a horas de iniciar campaña y semanas después de que ella y otros morenistas de Guanajuato, según reveló este martes el Gobierno federal, solicitaron seguridad. El fallo es tan flagrante como insoportable.

Las pesquisas policiales correrán por un lado y deben implicar a las autoridades de los tres niveles, porque salvo que se pruebe lo contrario, el crimen organizado que opera en la zona es uno de los hipotéticos autores: de entrada, la Federación no puede excusarse. Sobre quienes más cae el peso de la responsabilidad de esclarecer el hecho, incluidas omisiones en su obligación de cuidar a candidatos en zonas de alto riesgo en términos de poder delincuencial, es por supuesto al gobernador de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y a su cuestionado fiscal, Carlos Zamarripa.

El caso, empero, tiene otra deriva: la de las responsabilidades políticas. Y, otra vez, gobernantes locales y federales tienen que responder satisfactoriamente preguntas obvias, visto que siguen asesinando a políticos cuando anunciaron una política contra eso.

La mañana de este martes la secretaria Rosa Icela Rodríguez dijo en Palacio Nacional que la candidata Gaytán había solicitado protección. Y que el órgano local, a quien correspondía evaluar y ver con autoridades locales la procedencia de esa petición, dijo que aún no comenzaba el proceso. La funcionaria prometió un deslinde de responsabilidades.

Sin embargo, lo revelador de las declaraciones de Rodríguez, a escasas doce horas del asesinato de Gisela Gaytán en la calle y tras un mitin donde habló de seguridad, es que desliza en las autoridades locales toda la responsabilidad.

Se puede alegar que, en efecto, el plan ideado por el Gobierno de López Obrador atribuye a los Estados y municipios el cuidado de los candidatos a alcaldes y diputaciones locales, mientras asume la de los aspirantes a presidencia de la República, gubernaturas o Congreso de la Unión.

El esquema, según un diagrama oficial, funciona de la siguiente manera (desde el arranque mismo es singular porque descarga en los propios aspirantes la responsabilidad de solicitar cuidado, como si el gobierno careciera de instrumentos o capacidad de hacer su propio mapa de riesgo):

Primer paso: “Petición de parte”.

Segundo paso: Esa petición puede pasar por la “Mesa de Paz Estatal” o tener “Seguimiento permanente por parte de los secretarios técnicos”.

Tercer paso: “Oficiosamente” (sic, así dice el esquema, “oficiosamente”) se da cuenta a “Ministerio Público”, “Autoridad Electoral”, “Autoridad Judicial”. O, también desde la instancia definida como “Oficiosamente” se pasa a “Canalización a instancias correspondientes”.

Cuarto paso: “Canalización a instancias correspondientes” sería el principal derivador de cada caso recibido, pues pasa algunos a “Atención Gobierno de México” y otros a “Atención Estatal”. Esas instancias llamadas “Atención…” tienen específicamente a su cargo, la primera, a candidatos a presidencia, gubernaturas, diputaciones federales y senadurías; y la segunda, a regidurías, sindicaturas, presidencias municipales y diputaciones locales.

Quinto paso: Finalmente, el procedimiento de “Seguimiento permanente por parte de los secretarios técnicos” tiene una flecha al fondo del esquema que dice: “Se elaborará un reporte diario, un reporte semanal y un reporte final de la Estrategia de Protección en Contexto Electoral”.

Ese es el procedimiento del Gobierno de la República, que por supuesto tiene una vinculación, en su caso, con el INE, y en ámbitos locales con los respectivos órganos electorales.

Preguntas sobre el esquema del gobierno federal:

— ¿Qué dice el reporte diario, semanal y mensual de los secretarios técnicos sobre la petición, hace semanas, de los morenistas guanajuatenses que solicitaron protección y hoy tienen a su compañera en un féretro?

—¿Qué dijeron en la Mesa de Paz Estatal, donde están representantes de Guanajuato y de la Federación (incluida Guardia Nacional) sobre esa petición de Gaytán y compañeros? ¿Qué dijeron cuando llegó la solicitud y qué dijeron cuando el OPLE local, según reveló Rosa Icela Rodríguez, respondió que todavía no empezaban las elecciones, mismas que finalmente arrancaron?

—¿Dijo algo el Ministerio Público cuando “oficiosamente” le comunicaron la petición de Morena? Por cierto, ¿son solo ministerios públicos locales o también federales? Digo, por aquello de que los criminales que asuelan Guanajuato son todo menos pistoleros de poca monta.

— ¿Qué dice el mapa de riesgo de la presidencia de la República sobre las elecciones? ¿Existe el mapa de riesgo con temas electorales?

—Finalmente, si la propia secretaria reportó que entre aspirantes y candidatos van 15 asesinatos, ¿cómo califica la “estrategia de protección”, no es hora de un gran ajuste?

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