Prudencia fiscal en América Latina

La prudencia fiscal suele ser algo que se aprende. De inicio, muchos gobiernos parecen tener una tendencia natural en la dirección contraria: tienden a gastar de más o a ser renuentes a la idea de cobrar más impuestos. No es sino hasta que se entienden o se viven los efectos indeseables de la irresponsabilidad fiscal que algunos gobiernos han logrado aprender la importancia de la prudencia en el manejo de las finanzas públicas.

Los gobiernos de América Latina, por ejemplo, aprendieron de la peor manera posible. Durante varios años, muchos de ellos tuvieron un comportamiento fiscalmente irresponsable. Las crisis económicas subsecuentes mostraron los peligros y los costos asociados a este tipo de comportamiento. La secuencia es bien conocida: los gobiernos gastaban de más, ya sea para impulsar la actividad económica o para tratar de atender las crecientes demandas de la sociedad, los bancos centrales contribuían a financiar dichos gastos, las presiones inflacionarias aumentaban. Si se tenía un tipo de cambio fijo, el tipo de cambio real se apreciaba, lo que comenzaba a generar problemas en las cuentas con el exterior, las exportaciones disminuían, las importaciones aumentaban, el déficit en cuenta corriente crecía, se perdían reservas, los inversionistas comenzaban a desconfiar de la sostenibilidad de esta trayectoria, salían capitales y eventualmente se terminaba devaluando la moneda, lo que traía episodios inflacionarios y la necesidad de hacer un ajuste en la macroeconomía, con los consabidos costos económicos y sociales en la población. Si se tenía un tipo de cambio flexible, el tipo de cambio se depreciaba, lo que alimentaba la inflación y se perdía poder de compra. Eventualmente, para tratar de controlar la inflación se tenían que aplicar programas de ajuste económico, con consecuencias negativas para el bienestar de la población. En general, los intentos por estimular la economía o por tratar de ayudar a la población, terminaban siendo contraproducentes. Esto fue algo que aprendimos con las crisis económicas de los años setenta y ochenta en América Latina.

Sorprendentemente, no todos los países de la región aprendieron la importancia de la prudencia fiscal. Los casos más evidentes son Venezuela y Argentina, que actualmente están pasando por severos problemas macroeconómicos, en buena medida originados por su imprudencia fiscal de años pasados. El caso de Venezuela es evidentemente el más grave, ya que incluso ha dejado de publicar las cifras oficiales sobre el monto de su deuda. Estimaciones no oficiales sugieren que su deuda pública podría estar por encima del 200% de su Producto Interno Bruto (PIB). Por su parte, la deuda pública de Argentina cerró 2022 en 85% de su PIB.

Estos no son, sin embargo, los únicos países grandes de la región cuya deuda pública como porcentaje del PIB es relativamente alta. Hay otros dos países con niveles de endeudamiento no menores: Brasil, con una deuda pública del gobierno central cercana al 73% del PIB, y Colombia, con una deuda del sector público no financiero ligeramente por debajo de 70% de su PIB.

Otros tres países de la región (Bolivia, Ecuador y Chile) tienen niveles de endeudamiento menores, pero con un comportamiento un tanto preocupante en los últimos años. Bolivia, por su parte, ha tenido un incremento de su deuda pública como porcentaje del PIB de 30 (¡treinta!) puntos porcentuales en un periodo de solo 4 años, ya que su deuda pasó de 36.8% en 2018 a 66.8% del PIB en 2022. Ecuador, mientras tanto, vio crecer su deuda en poco más de 20 puntos porcentuales del PIB en ese mismo periodo, ya que esta pasó de 45% a 65.8% entre 2018 y 2022. Por otro lado, Chile tuvo un incremento de 15 puntos porcentuales del PIB entre 2018 y 2022, ya que esta pasó de 35% a 50% en dicho periodo. En este caso, sin embargo, lo que más llama la atención es su comportamiento creciente de mediano plazo, ya que en 2010 su deuda era de sólo 14.8% del PIB, lo cual implica que en un lapso de doce años su nivel de deuda pública se ha más que triplicado como porcentaje del PIB.

De entre los países grandes de la región, solo tres de ellos destacan por haber mantenido su deuda pública en niveles bajos o relativamente controlados en los últimos años: Guatemala, Perú y México. Guatemala ha mantenido su nivel de endeudamiento por debajo de 30% del PIB por lo menos desde 1990. Perú, en cambio, es una historia de éxito, ya que logró disminuir sus niveles de deuda de niveles extraordinariamente altos en los años ochenta del siglo pasado (cercanos incluso al 100% del PIB) a niveles de solo 20% del PIB en 2012. De entonces a la fecha, su deuda ha crecido hasta 34% del PIB, un incremento sin duda importante, pero que aún mantiene su endeudamiento en niveles razonablemente bajos.

México, por su parte, es otra historia de éxito. Después de tener niveles de deuda muy elevados en los años ochenta del siglo pasado, logró reducir su deuda hasta niveles cercanos al 22% del PIB en 2006-07. Esta deuda, sin embargo, se incrementó en poco más de 26 puntos porcentuales del PIB entre 2007 y 2016, como resultado de diversos episodios de expansión fiscal del gasto público en las administraciones de los presidentes Calderón y Peña Nieto. De entonces a la fecha, la deuda se ha mantenido relativamente constante (en alrededor de 47% del PIB), lo que es sin duda un ejemplo de prudencia fiscal. Prudencia, que quizá fue excesiva durante la crisis de la pandemia, pero que ahora le ha valido a México ubicarse como uno de los países con una situación fiscal más desahogada dentro de los países de la región.