Morena Herrera: “La familia de Manuela necesita que El Salvador le pida perdón”
Manuela siempre fue inocente, pero El Salvador sigue castigando a las mujeres por abortar
Morena Herrera es un referente en la lucha por el derecho al aborto en Centroamérica, una de las regiones del mundo más restrictivas para ejercer este derecho. Originaria de El Salvador, el pasado mes de junio participó en el encuentro del Consorcio Latinoamericano contra el aborto inseguro (CLACAI) que se celebró en Panamá. A la cita acudieron colegas y expertas de toda la región. Una auténtica marea verde que tiñó durante unos días Ciudad de Panamá. Allí le concedió esta entrevista a Americanas.
Una semana después de aquella conversación, a cientos de kilómetros en El Salvador, un grupo de organizaciones rendían homenaje a Manuela, una mujer que en 2008 fue condenada a 30 años de prisión acusada de abortar cuando en realidad lo que tuvo fue una emergencia obstétrica. En 2010 Manuela murió por un cáncer linfático mal tratado, pero su lucha y su caso perduraron en la memoria colectiva de las mujeres de América Latina y la convirtieron en un símbolo por la dignidad y el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos.
Lo mismo sucedió con el caso de Beatriz, en 2013. Otra mujer a la que el Estado violó su derecho a la salud y le negó un aborto terapéutico. Aunque el embarazo fue eventualmente interrumpido, la criminalización del aborto en el país provocó una dilación de las autoridades que impactó en la salud de Beatriz. Las secuelas físicas y mentales le pasaron factura y afectaron gravemente su situación. Beatriz falleció cuatro años después tras ser hospitalizada por un leve accidente de moto. En ambos casos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó en 2021 y 2023 al Estado salvadoreño a pedir perdón y cumplir medidas de reparación y no repetición con la familia y los hijos de estas mujeres. “La sentencia de Manuela y la de Beatriz creo que tienen una importancia crucial”, dice Morena Herrera. “Es la esperanza para el Salvador en este momento, pero para otros países de América Latina también”.
El Salvador es uno de los cinco países en América Latina que todavía prohíbe en su legislación el aborto sin excepciones y, por lo tanto, existe el riesgo de ir a prisión. Las penas por practicar el aborto pueden ir desde los dos a los ocho años de prisión, pero hay casos en los que el delito puede cambiar a homicidio agravado y la condena puede llegar hasta los 30 años, como ocurrió en el caso Manuela. Por eso es tan importante que la CIDH reconociera que el Estado violó el derecho a la salud de estas mujeres.
Herrera reconoce que después de las sentencias y gracias al esfuerzo de abogadas, activistas y grupos de apoyo, El Salvador “ha hecho esfuerzos por avanzar en la reparación de la familia, pero todavía es necesario que exista una disculpa pública que ayude a la familia de Manuela a limpiar su nombre. “Lo que no han hecho es el reconocimiento de que se le violaron los derechos humanos, el pedir perdón, lo que representa la reparación simbólica (…) los papás de Manuela están muy viejitos y necesitan esa reparación emocional. Necesitan que el Estado les pida perdón”, dice la activista.
El Estado, personificado en el Gobierno del actual presidente Nayib Bukele, aún no reconoce que violó los derechos humanos de Manuela, no ha pedido disculpas públicas a la familia y tampoco ha divulgado en sus sitios oficiales ni en periódicos de mayor tirada nacional el contenido de la sentencia de la CIDH. “El avance en unos países tiene significados importantes en otros, pero hay que reconocer que no tendremos la tarea completa hasta que no logremos mejores condiciones para todas las mujeres en todos los países”, dice Herrera.
Manuela siempre fue inocente y su familia necesita escucharlo. Por eso, varios grupos de la sociedad civil y activistas feministas le han rendido un especial homenaje en su comunidad, a la espera de que el Estado cumpla con su deber. “Este acto fue una forma de decirle a la sociedad salvadoreña y a la comunidad donde vive la familia de Manuela que ella era inocente y que sus derechos humanos fueron vulnerados”, dice Catalina Martínez Coral, directora para América Latina del Centro de Derechos Reproductivos.
En la sentencia, el tribunal reconocía que el Estado violó los derechos de la mujer y exigía un perdón público con su familia y la atención integral, acceso a la salud y educación de sus hijos. Además, se urgió a que El Salvador creara un protocolo para la atención de emergencias obstétricas, garantía de guardar el secreto profesional sobre la salud de las pacientes y el desarrollo de la educación sexual en las escuelas.
Por primera vez una corte internacional señaló directamente los obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a servicios de salud reproductiva en El Salvador. Esta sentencia sentó un precedente que después se reafirmaría con el caso de Beatriz.
Morena Herrera dice que las autoridades de Salud han diseñado un protocolo que todavía tiene “ventanas de discrecionalidad en la aplicación” que siguen afectando a las mujeres y que no garantizan del todo la no criminalización de las emergencias obstétricas. “Muchos profesionales médicos se saltan el protocolo, no lo respetan”, señala y agrega un dato más: “Todavía los lineamientos de muchos hospitales y centros de salud en El Salvador se puede seguir rompiendo el secreto profesional por razones legales y que se siga denunciando a las mujeres”.
“Ninguna otra mujer debe ser criminalizada tras sufrir una emergencia obstétrica y los estados deben crear garantías para que las mujeres accedan a servicios de salud integrales, incluidos servicios de salud reproductiva, sin miedo de ser denunciadas por personal médico y sin miedo de ser violentadas o tener esta amenaza de ir a la cárcel”, señala Catalina Martínez.
Herrera reflexiona sobre la importancia de programas de educación integral en sexualidad en todo el sistema educativo y cuenta que han retrocedido en los últimos años por las presiones de grupos que niegan los derechos. “Una cosa es lo que dicen las autoridades y otra cosa es lo que pasa en los centros educativos. Y ahí es donde yo digo que no todo transita por las leyes y las políticas públicas, sino que la gente va haciendo”, afirma la activista.
Herrera ha comprobado la deriva hacia la derecha que vive su país y la complicación que eso representa para los derechos de las mujeres, sin embargo, la activista no se rinde y encuentra en el feminismo la fuerza para seguir adelante. “Estamos en escenarios difíciles en varios países, sin embargo, de conjunto veo una fuerza que camina, que va avanzando, que generamos información, evidencia científica y confirmación de que trabajar, de que luchar por la justicia reproductiva es la mejor posibilidad del bienestar para todas las personas”, señala.
“El aborto en América Latina va a ser reconocido como un derecho de las mujeres más tarde o más temprano”, dice para cerrar la entrevista.
Una película, ‘Blanquita’
Por Erika Rosete
Hace una década el empresario chileno Claudio Jaime Spiniak Vilensky fue detenido en la capital del país debido a una fiscalización en la que encontraron en su auto drogas y cantidades grandes de dinero. El caso pudo haber quedado ahí, pero las autoridades chilenas ordenaron registrar, además, la casa del millonario en una de las comunas con más poder adquisitivo en la ciudad: Vitacura. Dentro, la policía halló más de 70 videos pornográficos con contenido infantil, joyas, drogas, armas, silenciadores, y la prueba fehaciente de que en esa residencia se realizaban fiestas en las que el empresario y miembros de la clase política chilena satisfacían sus más enfermos y bajos deseos con niños, niñas y adolescentes que reclutaban a través de otras personas a quienes pagaban por el trabajo, en la céntrica Plaza de Armas de Santiago, donde solían congregarse personas en estado de indigencia y en condiciones de alta vulnerabilidad.
La película del director Fernando Guzzoni, Blanquita, es un recordatorio de lo sucedido, una mirada cruda de lo que sucedió hace más de diez años y que sacudió al país entero, pasando por su clase política, empresarial, jueces y magistrados, pero también que significó un escarnio absoluto en los medios de comunicación y una lección que muchos de los periodistas han continuado analizando hasta nuestros días.
Blanquita es la ficción de Gema Bueno, “Gemita”, como infantilizadamente los medios llamaron a la mujer considerada como una testigo clave del caso. Blanquita es una mujer que ha sido desde pequeña sometida a violencia sexual y que llega a declarar antes medios de comunicación, y apoyada por un sacerdote, que fue víctima y testigo de lo que sucedía en la residencia de un empresario millonario que acompañado por otros hombres ricos y poderosos, violan y torturan a niñas y niños como ella. En sus declaraciones, la mujer logra describir el cuerpo y las señas físicas de un político al que jamás nombra, y enumera las distintas violencias que tenían lugar en aquel lugar. El testimonio se va desdibujando poco a poco y hace que el público se pregunte en reiteradas ocasiones si lo que hace Blanquita es o no una vía válida para desenmascarar las atrocidades que suceden horrorosamente bajo el cobijo del poder y del dinero.
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