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Las cañerías mancharán al 2024

Cuando el lopezobradorismo busca desprestigiar a alguien lo hace sin tapujos

Salvador Camarena
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en una conferencia de prensa el 30 de mayo.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en una conferencia de prensa el 30 de mayo.Isaac Esquivel (EFE)

La sucesión adelantada ha entrado en una nueva y riesgosa fase. Las y los mexicanos son bombardeados estos días por audios obtenidos ilegalmente o dados a conocer sin consentimiento de las partes. Al hacer públicas esas conversaciones, tanto el oficialismo como sus opositores buscan el desprestigio de adversarios, pero en ese afán sucumbirá lo poco que quedaba del sentido de decencia de la política mexicana, y la viabilidad de ésta. De seguir esa ruta, la temporada de cañerías manchará sin remedio a quien gane en 2024. Hay que reconocerle a Morena que ha innovado en eso de rebajar el nivel de la conversación pública.

En el pasado, las escuchas ilegales eran filtradas con cierta discreción. Y aunque resultaba fácil adivinar la mano que mecía la cuna al ver quién ganaba con el ataque, al filtrar se guardaban las formas; el darse ese margen representaba algo más que hipocresía. En cambio hoy, cuando el lopezobradorismo busca desprestigiar a alguien lo hace sin tapujos: desde el ejercicio del poder, abusando de legítimos recursos del mismo, se transmiten en directo, por redes sociales y otros medios, ataques basados en materiales que solo pueden ser producto de un ilícito, y uno grave. Porque no estamos ante filtraciones a la vieja usanza, cuando algún medio o periodista era elegido y utilizado para dar a conocer una bomba informativa que explotaría en la cara de algún adversario político.

Ese mecanismo, no por discreto era correcto, legal o siquiera legítimo. Pero, insistiendo en la importancia de las formas, metía a la opinión pública en una obligada deliberación: independientemente de su origen espurio, la revelación se ponderaba por los méritos que tuviera en tanto desvelara algo que a final de cuentas servía a la sociedad. Por ello, ésta debía hacer un balance sobre si la irregularidad en la forma de acceso a esa noticia era menor al servicio que ésta prestaba a la comunidad.

No se trata de un debate filosófico. A veces es por genuino sentido del deber que alguien, a pesar de estar incrustado en un aparato institucional, toma la decisión de vulnerar reglas, normas o lealtades para hacer posible una revelación que, a la postre, redundará en beneficio público pues limitará a una persona o una iniciativa que desde un poder genera más daño o hace uso de éste de manera indebida. El ejemplo más conocido es el del patéticamente célebre exgobernador de Puebla Mario Marín.

Pero aquí estamos ante una cosa muy distinta. El poder es el primero que debe tener contención en su actuar, porque precisamente quienes detentan esas posiciones tienen acceso a recursos que los demás no.

De forma que no se puede analizar lo que está pasando en el linchamiento mediante filtraciones en contra de Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, sin iniciar diciendo que por más que a algunos alegre que este cuestionable personaje sea exhibido, el que el gobierno haga uso descarado del aparato oficial para ese ataque sienta un terrible precedente. Hoy es él, mañana cualquiera. Así de simple.

Igual con la respuesta de Moreno a las filtraciones. Al revelar él mismo un audio de una llamada suya pudo no haber violado la ley pues no espió para obtenerlo, pero revienta formalismos y reglas no escritas de toda negociación que requiera discreción. Con ello se abre una puerta no solamente a que diálogos sean sacados de contexto para beneficio del chismoso, sino que desaparece el principio rector de la política, que en la pluralidad necesita de los contrarios para avanzar cualquier agenda: la confianza.

Layda Sansores, gobernadora de Campeche, es el instrumento que gustoso –ello es evidente— se ha prestado para meterse a las cañerías y chapotear en éstas con prepotencia y hasta desplantes de soberbia. Ella ha sido la mensajera, para nada la artífice, pues en este gobierno solo hay uno, todos los demás lopezobradoristas son utilitarios, de este acoso, utilizando materiales ilegales y abusando de recursos públicos, en contra de “Alito”, como llaman al líder nacional priísta y exgobernador él mismo de Campeche.

Dicho de manera llana: todo indica que el presidente López Obrador decidió en algún momento que la lucha por mantener la presidencia de la República incluyera la utilización de escuchas ilegales, y que la divulgación de éstas no solo no sea condenada formalmente desde el Gobierno –menos aun investigada–, sino que se haga de la misma una parte sustancial de la propaganda oficial que busca obtener simpatías y votos.

Hay varios problemas con esa decisión, además del obvio atropello al Estado de derecho y la renuncia a hacer política. El primero es que se abre una caja de Pandora cuyo contenido es imposible de predecir pero no tan difícil de enmarcar. Si hoy AMLO y los suyos tienen audios de Alito, y por tanto de otros, a quién sorprenderá que estos también hayan tomado, en su momento, sus perversas previsiones, y ante el ataque rastrero se preparen para responder de la misma manera.

Andrés Manuel fue un importante opositor a regímenes panistas y priistas por más de 20 años. En ese tiempo él y sus seguidores fueron espiados. Al final de cuentas, y por desgracia, estamos ante de una de las prácticas más frecuentes e impunes del régimen anterior y del actual.

López Obrador fue víctima de esos ilegales e indebidos procedimientos. Y de sus consecuencias, al menos mediáticas, de los mismos. En el arranque de 2004 varios e importantes colaboradores suyos fueron exhibidos mientras eran sobornados por el empresario Carlos Ahumada. Ese episodio, conocido como los videoescándalos, llevó a la cárcel a uno de sus operadores y a su entonces secretario de Finanzas en la jefatura de gobierno de la ciudad de México, y descarriló el ascenso de otros.

Si AMLO sobrevivió a ese episodio fue porque sin miramientos dejó caer a los exhibidos, y porque su teoría del complot terminaría teniendo fundamento: importantes personajes de nivel federal tuvieron parte en esa conjura. Y las piezas fueron acomodándose de forma tal que se confirmó que poderosos prianistas planearon destruir la reputación del tabasqueño. Los videoescándalos no sepultaron la candidatura presidencial de Andrés Manuel, pero sin duda limitaron su imagen rumbo a la elección del 2006.

¿Era más virtuoso Fox, que dejó que eso pasara, que no lo castigó, aunque no se probara que él tomó parte de esas filtraciones? No. Pero al menos puede decir que no se le puede achacar a él el haber formado parte sustancial de esa maniobra. Cosa muy distinta es el desafuero foxista contra AMLO, pero no es tema de esta entrega, ya que no supuso la filtración de audios o videos obtenidos ilegalmente.

Pero que no fue la única vez que el actual presidente y sus allegados fueron espiados lo sabemos tan bien que ocurrieron, ya en esta administración, las filtraciones de videos separados en los que sus hermanos Pío y Martín reciben fajos de billetes “para el movimiento”.

Quien quiera que haya decidido filtrar los videos de tan cercanos familiares, cuyo contenido en términos de posibles ilegalidades esta administración no ha investigado ejemplarmente, decidió enviar un mensaje inequívoco: dado que es un desafío al personaje más poderoso que en décadas haya ocupado Palacio Nacional, solo puede ser traducido como una advertencia: tenemos estos, pero tenemos más. Obús contra obús.

El efectivo en las campañas electorales mexicanas es quizá más abundante que el confeti en las mismas. Si los operadores de AMLO en el jefatura de gobierno tomaban dinero de un constructor, si familiares directos salen –años después— en otros videos también recibiendo miles de pesos en efectivo, no es porque los lopezobradoristas sean más corruptos que los otros, solo tuvieron la mala suerte de toparse o bien con un empresario tramposo, o bien con un colaborador descuidado, o bien con todo un aparato que se tomaba sus previsiones al espiar.

Y lo mismo, por desgracia, se puede señalar de Alito y los audios que la gobernadora Sansores ha revelado: las sospechosas operaciones bancarias e inmobiliarias que se presumen de las conversaciones que se han dado a conocer, y lo mismo la pendenciera manera de referirse a la prensa por parte del líder priísta, no es una excepción en la política mexicana. Todo lo contrario. Confirma lo que sabemos desde hace décadas: son corruptos, no tontos, y solo de vez en cuando los cachamos. Esto último, en buena medida, porque entre ellos se espían. Y porque a ellos también conviene que no se investiguen esos delitos.

No hay una manera legal de filtrar escuchas ilegales. Pero el gobernante tiene una obligación irrenunciable. Si el poder constituido es el descarado filtrador de materiales comprometedores violenta preceptos normativos y democráticos. El primero de ellos es el de que solo puede hacer lo que la ley le faculta. Y espiar o divulgar materiales producto del espionaje no está entre sus atribuciones. Tiene la obligación de, por medios legales y legítimos hacer cumplir la ley. Y, también, de no ser discrecional en ese precepto: debe perseguir a todos, y sobre todo a quienes más haga falta para beneficio de la comunidad.

Andrés Manuel López Obrador ha incurrido en una irresponsabilidad mayúscula al dar este otro banderazo, al declarar la temporada de las cañerías. Si ya había gente, incluso en su entorno, que lamentaban que los tiempos de la sucesión se hubieran adelantado dentro de Morena, pues generan división interna y apetitos de poder, ahora enfrentamos un nuevo riesgo: ha decretado una cacería de adversarios sin respeto a la ley o a la política. Con esa decisión puede ser que haya abierto la puerta a videos de gente aún más cercana a él que sus propios hermanos.

En la política y en el periodismo lo que se utilice debe poderse explicar en público o ante tribunales. Pero si desde la Presidencia de la República misma se alientan y aceptan estos embates, que transgreden leyes y espacios de discreción obligatorios para buscar soluciones entre intereses contrarios, la señal que se da es que una guerra ha iniciado, y que en consecuencia quien tenga más parque se defienda con esos mismos medios. Cada bando pelearán entonces por su supervivencia, no por darle al país lo mejor que tengan.

Alito ha publicado un audio de una llamada suya con un personaje menor y exhibido, que a pesar de sus cuentas pendientes –señaladas multimillonariamente en la prensa crítica— mantiene el máximo nivel de interlocución con el secretario del interior y con la élite de la oposición. Como retrato de país, eso movería a la risa si no fuera prueba de que el gobierno que propuso una transformación nacional tiene gusto y hasta se enorgullece al utilizar a figuras del partido podrido y rémora por excelencia de México.

En ese audio revelado esta semana, y como es público, ese personaje menor, exgobernador de gris memoria, tartamudea en su incapacidad de decirle a su compadre priísta las cosas como son: la única y fundamental demanda del gobierno lopezobradorista que presume de democrático es la sumisión total a sus designios. Triste destino el de Manuel Velasco, hasta su hermano Alito lo hace quedar como indigno.

Pero más allá de los actores secundarios como Velasco, la trayectoria que en verdad resulta salpicada con esta filtraciones es la de Andrés Manuel. Vale la pena intentar una paráfrasis. Cuando al viejo Jesús Reyes Heroles alguien le señalaba que fulano era honesto, el colmilludo secretario de Gobernación de López Portillo contestaba: ¿Honesto? Pero ¿ha estado donde hay, o no? Porque si no, no cuenta.

Cuando López Obrador llegó al máximo sitio del poder tuvo la oportunidad de cambiar la historia. De no espiar, de no usar el espionaje como lo usaron contra él. En vez de ello, cuando “estuvo donde hay”, cuando tuvo todo el poder, decidió ser el presidente que dio rienda suelta a la temporada de las cañerías.

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