Elecciones en México 2024: resumen del 7 de febrero
Mientras Claudia Sheinbaum anunció el banderazo de salida de su campaña, Zacatecas vivió una jornada de violencia con dos asesinatos políticos el mismo día
Este miércoles, la violencia política volvió a teñir el proceso electoral 2024 de rojo. Tras el asesinato a tiros de Juan Pérez Guardado, funcionario del municipio de Fresnillo en Zacatecas, otro atentado en contra de Cecilio Murillo, hermano del presidente municipal de Sombrerete, encendió las alertas en la entidad. El Secretario de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes, confirmó el segundo asesinato del día en el Estado: “Este ha sido un día complicado en materia de seguridad, sin embargo, nuestros esfuerzos por pacificar Zacatecas van a continuar. Lo dije y lo reitero: no daremos ni un paso atrás. Nuestra solidaridad con sus familiares, amigos y compañeros. Nuestro constante respaldo y compromiso con el pueblo de Sombrerete”, compartió a través de su cuenta de X.
Además, la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum, anunció en redes sociales el evento con el que comenzará oficialmente su campaña: un mitin multitudinario que tendrá lugar en el Zócalo de la capital el próximo 1 de marzo a las 16.00 horas. “Nos vemos en la plaza de todas y todos los mexicanos”, convocó la abanderada de Morena. El acto también servirá de presentación oficial de su plataforma electoral. De acuerdo con las reglas estipuladas por el INE, tras el periodo de intercampaña que culminará el 29 de febrero, el proceso electoral entrará de lleno a la campaña, la fase en donde las candidatas podrán explicar su proyecto de nación, llamar al voto, convocar a mítines y actos públicos, además de participar en debates y mesas de opinión.
Por la noche, el INE presentó a los partidos políticos el protocolo de seguridad para las candidaturas, un acuerdo entre el organismo y las fuerzas de seguridad del Estado, que incluye la creación de un directorio de todos los elementos de seguridad que participen en actos de campaña, además de la posibilidad de que los candidatos soliciten al INE servicios de seguridad y acompañamiento en distintas áreas geográficas, de acuerdo a una escala de niveles de riesgo según los delitos cometidos en la zona.
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