Escándalos y golpes bajos: Morena y la oposición chocan por los casos de Coahuila y Notimex en el INE

Los equipos de las dos punteras en la carrera por la presidencia se han enfrascado en un duelo de descalificaciones y denuncias ante las autoridades electorales. La candidata opositora Xóchitl Gálvez presentó este jueves una queja formal contra su rival, la oficialista Claudia Sheinbaum, por un esquema de “financiamiento ilegal” para desviar recursos públicos a su campaña. El recurso emergió a raíz de las acusaciones lanzadas esta semana por Sanjuana Martínez, la directora de la extinta agencia pública de noticias Notimex, contra altos funcionarios del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Apenas horas antes, los papeles se habían invertido: fue Morena el que presentó una denuncia contra el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus dirigentes por el escándalo de reparto de cargos en el Estado de Coahuila, también destapado en los últimos días por una pifia de los propios involucrados. El último choque ha encendido otra vez el golpeteo desde los cuartos de guerra y da visos de cuál va a ser el tono que predominará en los próximos meses: hacer que los rivales paguen caros sus errores.

La denuncia que presentó Gálvez va contra Sheinbaum, López Obrador, Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Es también un buscapié para “los funcionarios públicos que resulten responsables”. Se basa en los dos escritos de opinión que publicó Martínez en el diario La Jornada, para denunciar supuestas presiones de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y el titular de Trabajo, Marath Bolaños, para que destinara el 20% de las liquidaciones de los trabajadores de Notimex a la campaña presidencial de Morena. Los aludidos han rechazado las acusaciones y han pedido a la periodista, que fue parte del actual Gobierno, que demuestre sus dichos.

El fuego amigo que encendió Martínez fue aprovechado por Gálvez, que convirtió la presentación de la denuncia en el Instituto Nacional Electoral (INE) en un acto de campaña. “Cualquier tipo de financiamiento ilícito implica una vulneración irreparable a los principios que rigen la contienda electoral”, se lee en el documento. La exsenadora panista recordó que Marcelo Ebrard, antiguo rival de Sheinbaum en la contienda interna de Morena, ya había denunciado la intervención de funcionarios del Gobierno federal para favorecer las aspiraciones de Sheinbaum, que ha guardado distancia ante la poca necesidad que tiene de poner en riesgo la ventaja que le dan las encuestas.

Morena pagó con la misma moneda a los integrantes de la coalición opositora Corazón y Fuerza por México por el pacto que ventiló el propio líder panista, Marko Cortés. El dirigente del PAN buscaba exhibir al gobernador priista de Coahuila, Manolo Jiménez, por no respetar un acuerdo político que incluía el reparto de notarías, cargos en organismos autónomos, planteles educativos y una magistraturas. Pero el exhibido fue el propio Cortés, que se enzarzó en un nuevo pleito con López Obrador, después de que el presidente lo acusara de poner en marcha un “pacto mafioso”.

Al igual que Notimex, el escándalo en el seno de la oposición se originó de puertas para dentro. Y acabó por dinamitar el acuerdo de coalición en ese Estado. El dirigente panista perdió crédito con sus socios priistas, con los militantes panistas y con Gálvez, que reconoció que el pacto era “inaceptable” y que estaba “apenada”. “Las coaliciones no son para repartirse un botín. Es ilegal”, acusó el representante de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, que exigió una sanción ejemplar para sus contrincantes. Arrinconado, Cortés dijo a López Obrador que él era “el único mafioso” y le recordó escándalos de corrupción como el de Segalmex o las señalamientos de tráfico de influencias contra sus hijos.

Los pasajes de los últimos días recuerdan a la primera etapa de la carrera por la presidencia, en la que el INE se atiborró de quejas de parte de los actores políticos por propaganda ilegal, violación de los topes presupuestarios y uso de recursos y cargos públicos con fines electorales. En la inmensa mayoría de los encontronazos que se vivieron el año pasado, el fondo de los asuntos quedó en segundo plano y lo que importaba era desprestigiar al rival para ganar impulso. El último choque también da cuenta de que esa lógica se seguirá imponiendo. La campaña se librará en los mítines y en los debates, pero también con golpes de efecto desde los tribunales y las sedes de las autoridades electorales como una herramienta más para convencer a los votantes.

En medio del cruce de acusaciones, el árbitro electoral, cuestionado desde antes de que corrieran los plazos que dicta la ley, tiene que ocuparse de todo: desde lo grave hasta las nimiedades. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE analizó el año pasado más de 2.200 quejas contra partidos políticos y 1.200 solicitudes de medidas cautelares a cargo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, de acuerdo con el informe anual presentado este jueves.

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