El crimen cerca el sur de Chiapas

Compras de pánico, huidas masivas, balaceras, presiones de grupos criminales… Postales que antaño parecían iluminar realidades de puntos aislados de la geografía mexicana, caso de Michoacán o Guerrero, reflejan cada vez más la situación de un número creciente de espacios, de norte a sur, ninguno tan sangrante como Chiapas, ejemplo de organización y de las bondades del tejido comunitario durante décadas. El Estado sureño, estratégico para las mafias, sucumbe a las dinámicas del crimen, que pelean sin descanso rutas, cerros e industrias, más allá del narcotráfico.

En la última semana, vecinos de varios municipios de la Frontera Central y la Sierra Mariscal, en el límite con Guatemala, han sufrido el embate de los grupos, una constante en realidad de los últimos dos años y medio. En Motozintla, en la parte sur, un grupo obligó a pobladores a marchar por las calles, una forma de detener el avance de grupos contrarios, o de las mismas autoridades. En la marcha, el grupo contrario los atacó a balazos. Una situación parecida se daba en Jaltenango, algo más hacia el interior, al sur de la presa de La Angostura. Allí, los pobladores sirvieron para contener al Ejército.

En Chicomuselo, en la zona centro, la batalla afecta a la cabecera y a diferentes comunidades, algunas cercanas a La Angostura, otras más pegadas a la sierra y unas más, limítrofes con el pueblo más importante de la región, Frontera Comalapa. De manera anónima, un vecino de la cabecera consultado esta semana por teléfono explicaba que “desde el sábado se puso feo”, en referencia al 17 de agosto, por los enfrentamientos de los grupos en algunas comunidades del municipio. “Luego ya el lunes quedó en silencio el pueblo y como el 70% de [los vecinos de] la cabecera salió”.

Este fin de semana trascendieron videos de una marcha de hombres encapuchados, algunos armados, en el municipio, que este domingo debía celebrar elecciones, suspendidas en junio por falta de condiciones. El sábado la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas publicó un comunicado en sus redes, haciendo un llamado a las autoridades electorales para aplazar de nuevo la votación, ya que, explica, “no existen las condiciones, debido al alto nivel de violencia e inseguridad que vive la población y que forzado el desplazamiento forzado de habitantes”.

El vecino, que pidió omitir su nombre y su trabajo por cuestiones de seguridad, señala que en el último capítulo de esta larga batalla, uno de los grupos en pugna, el Cartel de Sinaloa, se hizo con el control de la cabecera, desplazando al grupo anterior, que los locales asociaban a alguna de las formas que ha adoptado el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región. En un recorrido de varios días hace unos meses en la zona, pobladores de Chicomuselo y Frontera Comalapa señalaban que el CJNG y su brazo social, que llamaban El Maiz, controlaba ambas cabeceras. La batalla estaba entonces en las comunidades, caso por ejemplo de Nueva Morelia, sede de un importante yacimiento de barita, mineral importante para la industria petrolera.

Pero la batalla se mueve, matando de miedo y ansiedad a la población, cuando no matándola, literalmente. En los últimos meses, los choques se han dado en los pueblos de la frontera y la sierra, pero también en municipios del interior, más allá de Jaltenango, caso de La Concordia. En julio, sin ir más lejos, criminales dejaron los cadáveres de 20 personas en una camioneta en un poblado de este municipio, parte de la ruta de migrantes, armas y drogas del sur de México.

Las autoridades dieron con los cuerpos porque los mismos perpetradores se jactaron en un vídeo de su hazaña. En el vídeo, los asesinos se presentaban como parte del Cartel de Sinaloa. Desde entonces, las autoridades federales han jugado con la idea de la existencia de un nuevo grupo, una organización criminal que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana denomina Cartel de Chiapas y Guatemala, cuyo origen no está claro, pero que algunos medios locales vinculan al CJNG, en algunos casos como una escisión, y en otros como parte de su misma estructura.

Lo ocurrido en Chicomuselo, Frontera Comalapa y demás municipios de la frontera y la sierra engancha necesariamente con las dinámicas de La Concordia, todos puestos de control en la ruta criminal. Cuando se conoció la masacre de 20 personas en La Concordia en julio, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, lo explicaba de manera muy clara: “¿Qué motiva esto? El tráfico de la droga y también el tráfico de migrantes, de personas”. Es la realidad de Chiapas, que ve como parte de su territorio se convierte en una autopista delincuencial.

Ya de por sí compleja, la situación se complica más aún cuando se integran a la ecuación riñas locales, peleas viejas y nuevas por tierras, cargos públicos, etcétera, que se solapan con las dinámicas de las mafias. En el caso de La Concordia de julio, por ejemplo, los perpetradores señalaban en su vídeo a un tal Ataulfo, posible alusión a Ataulfo López Flores, ganadero local que había sufrido un ataque en su rancho meses antes, que dejó cuatro trabajadores muertos. En mayo, además, criminales habían asesinado a su hija Lucero, que contendía a la presidencia municipal en las elecciones de junio.

Pese a las masacres, los desaparecidos y el aumento de los asesinatos –a final de julio, Chiapas contaba 19 menos que en todo 2023– las autoridades han tratado de atajar críticas de pobladores y organizaciones. En febrero, un informe del Colectivo de Monitoreo - Frontera Sur, que integra a varias organizaciones que estudian la violencia en el Estado desde hace años, señalaba que el corredor frontera-sierra vivía un “conflicto armado no reconocido, disputa territorial de estructuras de la delincuencia organizada por el control de mercancías, servicios, personas, productos legales e ilegales, así como de la propia vida de la población local” que ha desembocado en “graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional”.

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