Tres elecciones y más tiempo: el plan que Sheinbaum tenía en la recámara para la reforma judicial

El Gobierno de Claudia Sheinbaum tenía preparado un Plan D, que iba a ser presentado al Congreso en caso de que la Suprema Corte de Justicia hubiese anulado la reforma al Poder Judicial del oficialismo, hace dos semanas. EL PAÍS ha tenido acceso a detalles del documento, que ha quedado en borrador luego del fallo del Alto Tribunal a favor de la reforma que somete al voto popular la elección de todos los jueces. El Plan D corregía algunos puntos de la iniciativa original, han afirmado dos fuentes con conocimiento del proyecto. Por ejemplo, se planteaba que hubiese tres elecciones de jueces, en 2025, 2027 y 2030, y no solo dos, como se establece actualmente, a fin de reducir la carga puesta en el elector. También se proponía retrasar varios años la elección de jueces locales en los Estados. Estas ideas han quedado solo en el papel, gracias al voto del ministro Alberto Pérez Dayán, que avaló la reforma tal y como estaba y dio el triunfo definitivo a los planes del oficialismo.

La presidenta Sheinbaum adelantó en su momento otros puntos centrales del borrador. Uno de ellos era que se eliminaba el haber por retiro que se paga de manera vitalicia a los ministros del Supremo al concluir su encargo. La medida era un castigo por socavar la reforma judicial. Otro punto consistía en aprovechar la salida del ministro Luis María Aguilar para nombrar provisionalmente a un juez cercano al oficialismo y, así, romper la hegemonía del bloque de ocho togados que han invalidado en el pasado reformas constitucionales.

En el oficialismo estaban “listos”, según las mismas fuentes, ante el escenario de que la Corte anulase la enmienda original. El Plan D ya estaba redactado y listo para ser entregado de inmediato al Congreso. Fue elaborado por el ministro retirado Arturo Zaldívar, coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia e integrante del Comité de Evaluación a través del cual el Ejecutivo postulará a candidatos a jueces en las elecciones venideras. El Plan D fue presentado y discutido en reuniones a las que asistieron la presidenta Sheinbaum; Zaldívar; la consejera jurídica presidencial, Ernestina Godoy; los coordinadores de Morena en la Cámara de Diputados y el Senado, Ricardo Monreal y Adán Augusto López, respectivamente, así como la dirigente del partido, Luisa María Alcalde.

Las fuentes señalan que algunos de los presentes en esas reuniones desestimaban en un comienzo el Plan D y recomendaban a Sheinbaum no acatar la sentencia del Supremo si resultaba adversa, confiados en el enorme respaldo popular de Morena. Sin embargo, Sheinbaum no aceptó esa sugerencia. “Ella fue muy tajante. Dijo: ‘Lo que resuelvan, lo vamos a acatar, aunque sea ilegal, y vamos a responderles por la vía legislativa’”, señala una de las fuentes. “Ella contestaba: ‘La presidenta de México no va a desacatar una sentencia de la Corte; vamos por el Plan D, volvemos a presentar la reforma’”, expone la otra fuente consultada. En otras ocasiones, en público, la mandataria ya había señalado que un desacato judicial solo convendría a sus adversarios y les daría argumentos para sostener que en México había una crisis constitucional.

La sesión de la Suprema Corte donde se votó la reforma judicial fue el pasado 5 de noviembre. Al día siguiente se habría presentado al Congreso la nueva iniciativa de enmienda del oficialismo. La aprobación del Plan D se había programado para el 1 de diciembre, exactamente al día siguiente de que el ministro Aguilar concluya su periodo en la Corte. Días después Morena designaría a su sustituto provisional en el Alto Tribunal.

La reforma judicial vigente establece que unos 1.800 cargos judiciales federales deben renovarse en dos elecciones en 2025 y 2027. En cada elección se votará a unos 900 cargos de jueces de distrito, magistrados de circuito, ministros del Supremo, magistrados electorales y magistrados del Tribunal de Disciplina. A ello hay que sumar cientos de cargos judiciales locales en los Estados, que también deben completar la renovación de sus poderes judiciales mediante comicios en los mismos años. La carga puesta en los electores es absoluta, sin mencionar la complejidad de la organización, que estará a cargo del INE.

El borrador del Plan D proponía tres elecciones de jueces federales, para que la sustitución de la judicatura federal quedase completada hasta 2030. Ello implicaría que en cada uno de los tres comicios previstos se votaría a unos 600 cargos judiciales. La de 2025 sería una elección extraordinaria, mientras que las subsecuentes, en 2027 y 2030, coincidirían con los procesos electorales ordinarios de esos años. Además, se planteaba que las elecciones para jueces locales se aplazaran hasta 2030. El proyecto también proponía redistribuir los circuitos judiciales más grandes, como el de Ciudad de México, para que los cargos a votar se repartiesen de manera más o menos equitativa entre los electores de otros circuitos menos complejos. Por ejemplo, tan solo los habitantes de la capital tendrían que votar a más de 120 cargos judiciales federales, sin contar los juzgadores locales.

El voto en positivo del ministro Pérez Dayán desactivó todos estos escenarios. Desde la oposición se lanzaron acusaciones de que el togado fue presionado y chantajeado por el Gobierno para que votara distinto al bloque mayoritario de ocho ministros, el mínimo necesario para anular la reforma. Pérez Dayán negó haber sido presionado, en una entrevista con Reforma. El togado ha sostenido que el sentido de su voto ha sido consistente con otras discusiones en la Corte en las que se ha planteado invalidar reformas constitucionales. Fuentes de Morena han señalado a EL PAÍS que Pérez Dayán “se entrevistó” con Sheinbaum en persona antes de la votación crucial en el Supremo. El facilitador de ese encuentro fue el senador Adán Augusto López, el omnipresente operador político del Gobierno, que contó del acercamiento entre el ministro y la presidenta en una reunión con el grupo parlamentario oficialista.