Los alcaldes de la oposición piden al Gobierno federal que se declare la emergencia sanitaria por el agua contaminada en Ciudad de México

Los alcaldes de Benito Juárez, Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo han pedido al Gobierno federal la activación de la emergencia sanitaria por los casos de agua contaminada en algunas colonias de la alcaldía Benito Juárez. Por su parte, el Gobierno de Ciudad de México han rechazado esta posibilidad y han asegurado que se está atendiendo a los afectados.

Los tres ediles del Partido Acción Nacional (PAN) también han solicitado en una rueda de prensa conjunta la activación del plan DN-III de la Secretaría de la Defensa Nacional y la presencia del Ejército en las zonas afectadas por la contaminación. “El plan DN-III obliga a la coordinación de la autoridad en todos sus niveles, incluyendo a las alcaldías”, ha señalado la alcaldesa de Álvaro Obregón, Mariana Rodríguez. El jueves, el Ejército instaló en el parque San Lorenzo, de la colonia Tlacoqumécatl, dos plantas potabilizadoras para que las personas puedan llevar a limpiar el agua para su consumo.

Aunque los reportes por agua contaminada solo se han dado en la Benito Juárez, los ediles de las alcaldías vecinas han participado en la conferencia como muestra de unidad ante la crisis y por el temor a que el problema pueda extenderse a través del acuífero a otros puntos. “Nuestras alcaldías están pegadas y tememos que esto se convierta en un mayor problema de salud”, ha dicho César Garrido, alcalde de la Miguel Hidalgo.

Este lunes, después de minimizar durante varios días las denuncias de los vecinos, el Gobierno de Ciudad de México reconocía la contaminación del agua por presencia de aceites y lubricantes industriales en algunas colonias de la alcaldía. Las alarmas saltaron hace 11 días cuando a través de redes sociales los reportes empezaron a crecer. Los vecinos y vecinas aseguran que el agua de sus casas tiene un fuerte olor, sabor raro y les está provocando afectaciones en la piel como dermatitis, resequedad y picor en los ojos.

El alcalde de Benito Juárez, Jaime Mata, ha acusado al Gobierno de Martí Batres, del partido Morena, de ignorarles en la coordinación para la remediación del problema. “El jefe de Gobierno de la Ciudad de México nos ha negado la coordinación para la atención y solución de esta crisis que están viviendo los vecinos”, ha denunciado.

El Gobierno de la capital ha negado estas afirmaciones y acusa a la alcaldía de desentenderse del problema. Este miércoles la Guardia Nacional y la Secretaría de Protección Civil clausuraron un pozo en la alcaldía Álvaro Obregón del que supuestamente procedía la contaminación. El pozo fue drenado, limpiado y clausurado para que no siguiera vertiendo agua a la red, según anunció Batres en rueda de prensa.

Sin embargo, los afectados denuncian que sigue saliendo agua contaminada. El Gobierno de la capital estima que la contaminación desaparezca en las próximas dos semanas, tiempo en el que calculan que las partículas y elementos contaminantes se diluirán o serán desplazados por la corriente.

Las tres alcaldías han designado al ingeniero y exdirector de Conagua José Luis Luege al frente de la coordinación de la crisis a nivel municipal. “Lo que más nos preocupa, es que si tomaron una muestra profunda del pozo y el agua estaba contaminada, eso quiere decir que hay riesgo de que la contaminación se propague a lo largo y ancho del acuífero”, ha afirmado Luege.

Casi dos semanas después, la gente sigue sin saber qué sustancia exactamente contamina el agua con la que se bañan, cocinan o dar de beber a sus mascotas. Hasta el momento no se han hecho públicos los resultados los análisis de las muestras tomadas hace una semana. El alcalde Mata ha asegurado que están presionando a los laboratorios para que lleguen los resultados de las cinco muestras que tomaron “lo antes posible”.

Mientras la tensión aumenta ante la falta de respuestas, grupos de vecinos organizados han vuelto a cerrar la Avenida Insurgentes por cuarto día consecutivo y amenazan con mantener el plantón hasta recibir certezas por parte de las autoridades. Exigen que las autoridades asuman la limpieza de las cisternas de todas la viviendas afectadas y que se hagan públicos los análisis sobre los contaminantes. La limpieza de una cisterna, según datos consultados por este periódico puede oscilar entre los 4.000 y los 7.000 pesos.

También han pedido a los partidos que se abstengan de hacer un uso político del problema y que la manifestación solo tenga como objeto el derecho al agua limpia de los ciudadanos. Sin embargo, dada la coyuntura y a menos de dos meses para las elecciones, es innegable que el problema de la contaminación en el agua estará presente en las urnas el próximo 2 de junio.

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