Capacitación en empresas y 146 dólares mensuales: el plan de México para el retorno de migrantes

Los números son abultados. México registró 1,7 millones de personas que entraron a su territorio por la frontera sur en 2023, de acuerdo con datos oficiales. 1,2 millones lograron cruzar la frontera norte a Estados Unidos, destino deseado de la mayoría, quienes buscan mejores oportunidades económicas y seguridad ciudadana. El Gobierno mexicano lo ha dicho abiertamente: no puede con estas cifras. Y ahora, han anunciado un plan de incentivos para que una gran parte de ellos no sólo regrese a su país, sino que se quede allá.

“Tenemos probado que cuando invertimos en ayudar a los países, sobre todo a la gente en sus lugares de origen... se inhibe, se limita, se atempera el flujo migratorio. Hemos hecho evaluaciones; tenemos incluso grabaciones, videos de la gente que en otros países recibe estos apoyos y dan a conocer sus testimonios, y es de lo que hemos querido convencer a los gobernantes en Estados Unidos, pero es muy difícil”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa el martes. “Nosotros estamos dispuestos a apoyar en esto porque nos ayuda a que no tengamos tanto flujo migratorio; lo tenemos que hacer y se va avanzando”, agregó.

México anunció el inicio del programa para ciudadanos venezolanos y ahora ofrece dos tipos más de incentivos a personas de Ecuador y Colombia para que regresen a su país. Uno es un pago mensual de 146 dólares durante seis meses que viene acompañado de una capacitación por parte de empresas para “mejorar la empleabilidad” de la persona. Tanto el presidente López Obrador como la canciller, Alicia Bárcena, han dicho en actos públicos que las empresas les ofrecerán empleos, pero un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitido el martes no hace referencia a este compromiso. También en rueda de prensa, el pasado 21 de marzo, Bárcena mencionó a las empresas mexicanas Femsa y Bimbo como aliadas. El Gobierno espera que este programa arranque en la segunda mitad de este año y beneficiará a 5.000 personas.

El segundo incentivo propuesto está dirigido a agricultores venezolanos, por mucho el país de origen más grande entre quienes entran a México de manera irregular. Bajo el mismo nombre que un programa nacional, Sembrando Vida, este constará de una transferencia de 117 dólares mensuales hasta por ocho meses, apoyo en especie y una asesoría técnica. Este programa pudiera arrancar en el primer semestre de este año, según las autoridades.

Todo esto porque “México no puede acoger a todas las personas migrantes que abandonan sus comunidades de origen en la búsqueda de mejores condiciones de vida”, según el comunicado de SRE. Según datos oficiales, el año pasado se registraron casi 223.000 eventos de personas originarias de Venezuela en situación migratoria irregular en México. Le siguen personas de Honduras con 119.000 y guatemaltecos con 81.500. Cuando se toma en cuenta el flujo de personas que entran al país con debidos documentos así como sin ellos, el flujo de venezolanos supone el 86% del total, el segundo país después de Ecuador. La situación en algunas ciudades fronterizas en el norte del país es crítica, con personas viviendo en campamentos callejeros y en condiciones de mucha vulnerabilidad.

Además, la presión por parte de la Casa Blanca y políticos de oposición en el país vecino ha generado irritación entre ambos Gobiernos. En una entrevista reciente con el programa de noticias más visto en EE UU, López Obrador dijo que su Gobierno tiene “una muy buena relación con el Gobierno de Estados Unidos, pero no de subordinación”.

Los recursos para financiar estos dos programas de incentivos saldrán de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), según informó SRE, pero las transferencias directas del dinero de contribuyentes mexicanos a otros países debiesen ser discutida en el Congreso, señala Diego Díaz, coordinador de Finanzas Públicas en Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), un centro de investigación y análisis sin fines de lucro.

“Lo ideal sería que sean esos gobiernos los que financien este programa, porque si lo financia el gobierno mexicano en el contexto en el que están las finanzas públicas, sería grave”, asegura Díaz. Académicos y especialistas de organizaciones civiles aseguran que es urgente que México pase una reforma fiscal, ya que actualmente no se recaudan suficientes impuestos para garantizar servicios públicos de calidad. “Lo ideal sería que el nuevo Congreso por lo menos participe en la discusión y funja como contrapeso”, añadió, refiriéndose a la legislatura que sea elegida en los comicios del 2 de junio.

Díaz considera que el anuncio deja algunas importantes interrogantes abiertas, ya que pudiera ser una política pública que se preste al abuso si no se hace con reglas específicas. “Es un tema complicado porque me imagino que un migrante que no tiene los debidos permisos para estar en el país, pues no va a poder acreditar claramente su identidad, esto puede generar un incentivo situación en la que esa persona puede venir una, dos, tres veces, las veces que sean, y seguir cobrando este subsidio”, advirtió el especialista. “Se tendría que hacer un programa con reglas claras de operación y teniendo un mecanismo para crear un padrón de beneficiarios que evite abusos a costa de las finanzas públicas del país”.

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