López Obrador elige el Día de la Constitución para presentar una nueva batería de reformas antes de las elecciones

El presidente de México ya puso fecha para presentar el paquete de iniciativas de reforma que marcará su último año de Gobierno. Será el próximo 5 de febrero, Día de la Constitución, cuando Andrés Manuel López Obrador dé a conocer cuáles serán los temas prioritarios para su Administración y para la mayoría que tiene Morena, su partido, en el Congreso. “Tienen que ver con el bienestar, con salarios, con pensiones, con la reforma al Poder Judicial, la reforma electoral, la democracia, todo”, adelantó en su conferencia de prensa mañanera de este viernes. El próximo periodo ordinario de sesiones inicia el 1 de febrero y termina el 30 de abril, prácticamente un mes antes de las elecciones presidenciales del 2 de junio.

López Obrador ya había dado detalles a cuentagotas sobre cuáles iban a ser las batallas legislativas que quiere emprender en 2024, el último año de su sexenio y en un periodo legislativo atravesado por las próximas elecciones, en las que también se elegirá a 500 diputados y 128 senadores. El pasado 3 de enero adelantó que iba a presentar “lo antes posible” la reforma al Poder Judicial, en la que se prevé que proponga que los jueces y ministros se nombren por voto popular. La propuesta no está exenta de polémica y acapara las miradas en medio del enfrentamiento que ha sostenido con la Suprema Corte, encabezada por la ministra Norma Piña. “No vamos a dar ni un paso atrás”, adelantó. En esta última oportunidad, el mandatario insistió en que México necesita “un marco jurídico acorde a los nuevos tiempos” para que “siga avanzando la transformación”.

El presidente ha convertido a la Corte en uno de sus principales antagonistas, al calificarlo como un poder “conservador”, “tomado por los delincuentes” y “al servicio de una minoría”. El alto tribunal ha puesto freno a varios de los asuntos prioritarios que ha impulsado la mayoría oficialista en el Congreso y ha estado una y otra vez en la diana de López Obrador, quien achaca a los jueces buena parte del fracaso en el combate a la delincuencia. La oposición defiende el papel del Poder Judicial como contrapeso al poder presidencial y ha enarbolado el eslogan de “La Corte no se toca”.

Como para el resto de reformas constitucionales, el bloque gobernante de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo necesita arrancar algunos votos de legisladores opositores para lograr una mayoría calificada de dos tercios en ambas Cámaras. Con las elecciones como telón de fondo, esas negociaciones pondrán a prueba la cohesión de la coalición opositora compuesta por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que ya ha tenido roces por alianzas esporádicas que ha hecho el PRI con Morena. En medio de la crisis política en Nuevo León y el naufragio de la candidatura presidencial del gobernador Samuel García, Movimiento Ciudadano anunció que ya no iba a formar parte del llamado bloque de contención con el resto de fuerzas opositoras, pero tendrá que calibrar cuánto le conviene facilitar los votos que le faltan al oficialismo y si eso puede afectar sus aspiraciones electorales.

La oposición adelantó que no va a apoyar las reformas que busca Lopez Obrador, en particular, al poder judicial. “No al debilitamiento, no al sometimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sí al equilibrio de la división de poderes”, señaló el PAN en un comunicado. El principal partido opositor calificó el anuncio como un “distractor”, mientras el PRI anticipó un riesgo para la división de poderes.

López Obrador también quiere hacer una reforma al sistema de pensiones, que aún está basado en la propuesta que hizo el expresidente Ernesto Zedillo a mediados de los noventa. El presidente dijo que buscará aumentar los montos de jubilación y que el Gobierno aporte una parte para que los trabajadores puedan tener acceso al total de su salario cuando se retiren. “No somos ratas, no somos corruptos”, dijo en respuesta a quienes aseguran que busca quedarse con el dinero de las pensiones. El mandatario defendió en esta mañanera que es necesario “remediar el problema que dejó el neoliberalismo, con nombres y apellidos, Ernesto Zedillo”. Otra reforma laboral que ha perfilado es la que pretende que el aumento del salario mínimo, uno de los rasgos distintivos de esta Administración, siempre sea mayor a la inflación.

A raíz de sus últimas declaraciones, López Obrador ha dado a entrever que probablemente haga un nuevo intento por impulsar una reforma electoral, otro de los asuntos que lo ha enfrentado con la oposición. El presidente ve en el Instituto Nacional Electoral (INE) una “burocracia dorada” e impulsó el llamado plan B, que mermaba las capacidades operativas y algunas atribuciones de las autoridades electorales. La Suprema Corte frenó esa reforma el año pasado. De concretarse, será una nueva batalla en el Legislativo.

Fiel a los símbolos, López Obrador dijo que este año no iba a celebrar el acto que acostumbra para conmemorar el Día de la Constitución en Querétaro. Hará, en cambio, el anuncio de estas iniciativas, las últimas que se debatirán con la configuración actual del Congreso. El presidente ha repetido que el plan C es buscar que las próximas elecciones den a Morena y a sus aliados una mayoría calificada con los diputados y senadores suficientes para aprobar reformas constitucionales, sin necesidad de negociar con la oposición. Pero la estrategia ha tenido ajustes en las últimas semanas. Antes, hará un último intento para aprobar estas reformas en la recta final de su Gobierno y en un punto álgido para el periodo electoral.

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