El asesinato de un activista contra la minería en Jalisco ilustra el poder del crimen en el corredor del Pacífico

El cuerpo de Higinio Trinidad De la Cruz apareció sin vida, este fin de semana, en un paraje de la sierra de Manantlán, en los límites de los estados de Colima y Jalisco. De la Cruz y otros comuneros del ejido Ayotitlán, ubicado en medio de la sierra, se oponían desde hace décadas a la minería y la tala de árboles en la zona. Colegas y familiares del activista denunciaron su desaparición el viernes, tras acudir a una reunión con el presidente municipal, según su entorno. El cadáver apareció el sábado, al menos con una herida de arma de fuego, según la Fiscalía de Jalisco. Tenía 44 años.

Su asesinato constata el poder del crimen en el corredor del Pacífico, en el centro de México, que comprende las costas de Jalisco, Michoacán y Colima. En los últimos años, los ataques contra activistas y defensores de la tierra en la zona han sido constantes. También las desapariciones. El empuje del crimen coincide con las protestas constantes de las comunidades contra la explotación minera, legal e ilegal. “El crimen organizado llega para reprimir y destruir cualquier atisbo de resistencia en esta zona”, dice Eduardo Mosqueda, abogado de la organización Tsikini, que da apoyo legal a la comunidad. “Cada reunión que hacen ellos, llega el Cartel Jalisco a tratar de desintegrarla”, añade, en referencia al grupo criminal que impera en la zona.

Las condenas se suceden desde el fin de semana. Organizaciones de defensa de los derechos humanos de Jalisco, caso de Tsikini, han exigido que se deslinden responsabilidades. “Pedimos que se investigue al presidente municipal, a la policía, que se dé seguridad a la zona y que la Fiscalía federal atraiga el caso”, señala Mosqueda. La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha pedido que se adopten “las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los defensores” en la sierra. El caso apunta al Gobierno federal: más de una docena de defensores de Ayotitlán gozaban supuestamente de protección por parte de la Secretaría de Gobernación, entre ellos De la Cruz

Tsikini alertó precisamente de la desaparición del activista el viernes. “El defensor fue citado en la presidencia municipal de Cuautitlán, por la mañana”, dice Mosqueda, en referencia a la cabecera a la que pertenece Ayotitlán, Cuautitlán de García Barragán. “Eso fue como a las 11.00. Luego, testigos vieron cómo lo sacaron por la parte de atrás”, añade. “Es importante mencionar que él ya había sufrido amenazas, ataques y desaparición forzada en 2022″, recordaba Tsikini este fin de semana.

A mediados del año pasado, criminales se llevaron a De la Cruz y a otro ejidatario de sus casas. Según relata la reportera Analy Nuño en un extenso reportaje publicado por el portal A Dónde Van los Desaparecidos hace unos meses, los criminales los esposaron y les vendaron los ojos. “Horas más tarde los trasladaron ‘con el jefe’. Los interrogó y les reclamó su postura contra la mina. Después de día y medio, fueron liberados “, lee el texto. La mera mención de la mina no implica necesariamente que las grandes empresas mineras estén detrás o que patrocinen estas prácticas. Podría ser, pero la minería ilegal prolifera en la región y los ejidatarios la enfrentan también.

Un año antes del levantón de De la Cruz, criminales habían asesinado a uno de los líderes de la comunidad, Isaac Chávez. Abogado, candidato a presidente del comisariado eijdal, máxima autoridad de Ayotitlán, Chávez enfrentaba al grupo de ejidatarios que, en los últimos años, había apoyado a las empresas mineras que explotan los yacimientos de hierro de la región, principalmente ArcelorMittal y Ternium. Como ocurre en otras partes del país, la misma riqueza del suelo y la relación de las empresas que lo explotan con los pobladores han generado muchas tensiones en la comunidad.

Además del caso de Chávez, el asesinato de De la Cruz enlaza con los ataques que han sufrido los activistas contra la minería en el mismo corredor pacífico, en este caso un par de horas al sur, en los límites entre Michoacán y Colima. En abril, criminales asesinaron a balazos al activista Eustacio Alcalá en Huizontla. Igual que en Ayotitlán, pobladores de Huizontla peleaban desde hace años contra las explotaciones mineras en la región. En una y otra zona, las principales exportaciones mineras están en manos de ArcelorMittal y Ternium.

El caso de Eustacio Alcalá enlazaba a su vez con el de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, desaparecidos desde enero de este año. Lagunes es abogado y ha colaborado con varias organizaciones de defensa de derechos humanos en la región. Díaz es vecino de Aquila, comunidad aledaña a Huizontla. Los dos habían criticado la actividad minera en la zona, igual que los comuneros de Ayotitlán. “En Aquila y Huizontla es lo mismo que aquí” dice Mosqueda. “Es la misma región, la misma etnia -son todos nahuas- y el mismo grupo criminal que les atosiga”, añade el abogado.

Otro de los rasgos comunes de los ataques y agresiones en el corredor pacífico es precisamente la organización criminal imperante en la zona, el CJNG, o Cartel Jalisco Nueva Generación. Desde hace años, activistas y defensores, también autoridades, han señalado la presencia de grupos presuntamente ligados a la organización criminal, con intereses en diferentes rubros económicos, principalmente la minería ilegal y la tala de árboles. “Ellos llegan y se presentan como que son de ese grupo, al menos en Ayotitlán”, dice Mosqueda.

Los ataques de la sierra de Manantlán son bien conocidos más allá de las fronteras de México. En 2022, la organización internacional Global Witness, que cuenta los crímenes contra defensores del medio ambiente, señalaba: “Las operaciones mineras han impulsado la deforestación, la pérdida de vida silvestre, los cambios climáticos y la contaminación tóxica [en la sierra de Manantlán]. Sin embargo, ha sido imposible cuantificar la verdadera escala de los daños, ya que la empresa minera mantiene un estricto control sobre el área”.

La situación puede empeorar en los próximos meses por la temporada electoral. El ejido de Ayotitlán elige a sus autoridades en abril, para un mandato de tres años. A Isaac Chávez, candidato de la resistencia contra la minería y la tala, lo mataron días antes de la última elección, en 2021. Cada año, el ejido recibe decenas de millones de pesos de las empresas que explotan legalmente las minas de hierro de la región.

La elección aparece igualmente como posible móvil del asesinato de De la Cruz. “Él estaba viendo un tema de sucesiones agrarias. Cuando los ejidatarios mueren, su derecho a la tierra se lega al viudo, a la viuda, al hijo mayor, lo que sea. Él logró 150 sentencias, o sea, que 150 personas herederas consiguieran el derecho para votar en la próxima asamblea”, explica Mosqueda. El abogado detalla que el bando contrario logró la victoria la última vez por apenas un par de votos. No es difícil ver la incomodidad que podría haber provocado el defensor asesinado con sus movimientos de cara a la votación.

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