México se suma a la lista negra en el asesinato de ecologistas

América Latina volvió a convertirse en el lugar más mortífero del planeta para los defensores de la tierra y México, Perú o Colombia en el escenario perfecto para el asesinato y la impunidad. Según el último informe de la organización ecologista Global Witness, México fue uno de los países donde más ha empeorado la situación: en 2017 fueron asesinadas 15 personas, en comparación con los tres casos registrados el año anterior.

Más información

Defender la tierra costó la vida a 207 personas en un año

La muerte de Berta Cáceres amplificó su lucha

El informe señala que Brasil fue el país que registró mayor cantidad de asesinatos, con 57 personas muertas, el 80% de las cuales protegían de la tala y la explotación distintas regiones del Amazonas.

En Colombia, fueron 24 defensores asesinados, frente a los ocho de Perú en 2017. Paradójicamente en Honduras hubo menos asesinatos tras la muerte de Berta Cáceres, —cinco en comparación con los 14 casos registrados en 2016— pero la creciente represión de la sociedad civil ha extendido el miedo a la protesta, denuncia el informe que fue presentado esta semana en Londres. Otro país centroamericano, Nicaragua, registró la mayor cantidad de homicidios per cápita, con cuatro ecologistas asesinados. Una vez más, América Latina es el escenario del mayor número de asesinatos, que representan casi el 60% del total.

Indígenas indefensos

Desde 2007, la Autoridad Ambiental de México ha otorgado concesiones madereras en más de 24.000 hectáreas de territorio indígena en Coloradas de la Virgen (Chihuahua). Sin embargo, no consultó a las comunidades indígenas afectadas, tal y como exige el Derecho Internacional. Muchas comunidades indígenas se han visto obligadas a abandonar sus hogares para dejar paso a los madereros y solo es posible recorrer la zona acompañados de la policía.

Los que se opusieron a las concesiones (mediante acciones legales o protestas) han sido víctimas de amenazas de muerte, ataques y asesinatos. Desde 2016, seis miembros de la comunidad han sido asesinados, incluido Isidro Baldenegro, ganador del premio Goldman.

Sin embargo, este no es un problema sólo limitado a la Sierra Tarahumara o a la tala. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 2013 gran parte de las aproximadamente 2.600 concesiones mineras en México estaban operando en territorios ancestrales sin el consentimiento de los pueblos indígenas que vivían en esas tierras.

Entre los motivos para este aumento de la violencia contra los ecologistas en México, hay cuatro razones principales: “La propagación del crimen organizado, la impunidad persistente, la falta de protección efectiva a personas defensoras en riesgo y la exclusión de comunidades afectadas por megaproyectos de la toma de decisiones sobre el uso de sus tierras y sus recursos naturales”, denuncia Ben Leather, responsable de la campaña de Global Witness.

“Pero detrás de todo esto se esconde una completa ausencia de voluntad política. El nuevo Gobierno tendrá que priorizar los derechos del pueblo por encima de los poderes fácticos y empresariales, si van acabar con esta violencia”, añade Leather a EL PAÍS desde Londres.

El informe de Global Witness ¿A qué precio?, publicado esta semana, constató que durante el pasado año aumentaron los asesinatos relacionados con la “agricultura destructiva”, que “acapara tierras” para cultivos como el aceite de palma, destinados al comercio de “productos de consumo” y uso diario.

Sobre la situación en México, la organización exigió al nuevo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que tomará posesión el 1 de diciembre, una postura más contundente para resolver los asesinatos. “Si quiere ser coherente, Obrador debe anunciar que este asunto será una prioridad. Debe asegurar justicia para los activistas asesinados, fortalecer la implementación del Mecanismo de Protección para personas defensoras, y garantizar que las comunidades puedan dar o retener su consentimiento previo, libre e informado sobre el uso de su tierra”, añade Leather.