La cruzada antiaborto en la frontera de México y Estados Unidos

Escribo estas palabras pensando en algo que venimos diciendo las feministas desde hace mucho tiempo: “La prohibición del aborto no impide a las mujeres abortar”. Lo que sí provoca es que esos abortos se lleven a cabo de manera clandestina -que no insegura- y en muchas ocasiones que se practiquen en unas condiciones inseguras que pueden llegar a poner en peligro la vida de las mujeres. Más todavía cuando se coarta el derecho a decidir sobre sus cuerpos.

El otro día, una amiga compartió conmigo una investigación realizada por la organización openDemocracy y el periódico mexicano La Verdad de Juárez sobre lo que está sucediendo en la frontera entre México y Estados Unidos. Desde que en 2022 la Suprema Corte de EE UU eliminó la protección federal del aborto con la revocación de la sentencia Roe vs Wade, miles de mujeres estadounidenses han decidido cruzar a México en busca de opciones para atender su salud reproductiva. Sin embargo, no han sido las únicas que cruzan la frontera. Las organizaciones antiabortistas de EE UU también lo están haciendo.

Aunque el derecho a abortar en México ha avanzado mucho en los últimos años, las mujeres todavía enfrentamos un camino difícil para acceder al aborto, dependiendo del Estado en el que vivamos. Que no les engañe la última decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en México de despenalizar el aborto a nivel federal en todo el país. En los Estados fronterizos de Chihuahua, Nuevo León y Sonora, las organizaciones antiabortistas se han atrincherado y han redoblado sus esfuerzos.

La investigación firmada por Dánae Vílchez y Verónica Martínez señala que estas organizaciones captan a mujeres y niñas (incluso posibles víctimas de violación) con publicidad engañosa y desinformación sobre sus derechos y tratan de disuadirlas con una poderosa maquinaria propagandística financiada por poderosas organizaciones vinculadas a la derecha en Estados Unidos. En muchas ocasiones estos grupos se disfrazan de organizaciones que acompañan el aborto y que solo desinforman a las mujeres.

La organización mexicana Vifac (Vida y Familia AC), fundada en 1985, dirige una red de 37 centros en todo México, así como uno en Brownsville (Texas), en la frontera entre Estados Unidos y México. Al igual que otras organizaciones antiabortistas que trabajan en las zonas fronterizas mexicanas, este grupo católico bien financiado anuncia una serie de servicios: alojamiento para mujeres y niñas embarazadas en albergues residenciales; atención nutricional, médica y psicológica; talleres de formación laboral; clases en la escuela, y asesoramiento jurídico para la adopción. Varios testimonios recogidos en la investigación revelan que Vifac y otros centros de la región se presentan en Internet como grupos de apoyo proaborto o facilitadores del aborto, con mensajes como: “Disfruta tu libertad y autonomía corporal” o “Recuerda que tú decides sobre tu cuerpo”.

Entre los hallazgos Vílchez y Martínez señalan que Vifac mantiene estrechos vínculos con los gobiernos municipales y estatales de los tres Estados fronterizos, políticamente de los más conservadores de México y donde la iglesia sigue teniendo una fuerte presencia. Desde la organización se presiona a las mujeres “incluso en casos de adolescentes que ni siquiera tenían la edad mínima para el consentimiento sexual (que varía de un Estado a otro)”, explica la investigación. “Por ejemplo, el sistema federal de bienestar familiar e infantil (conocido como DIF) de Sonora confirmó su vinculación con Vifac y dijo que había dado al grupo 120.000 pesos mexicanos (unos 6.700 dólares) para proyectos sociales en 2022. La fiscalía del Estado dijo que ofrecía los servicios de Vifac como proveedora de asesoramiento a mujeres embarazadas que habían denunciado haber sido violadas y que había derivado a dos mujeres desde 2016″, refiere la investigación.

Entre las estrategias para impedir que las mujeres accedan a servicios de aborto, los grupos antiderechos han presionado para que se promulguen leyes restrictivas del aborto, protestan frente a las clínicas y realizan piquetes. También se convocan grupos de oración, una práctica que parece inofensiva, pero que puede llegar a resultar intimidatoria y molesta a las mujeres que han decidido abortar. “En Chihuahua, Nuevo León y Sonora, es habitual ver murales y carteles contra el aborto”, explican las autoras. En Monterrey, hay al menos dos murales de 40 Días por la Vida, un poderoso grupo católico antiaborto con sede en Texas, conocido por acosar a clientas y personal de clínicas de aborto de todo el mundo.

Más allá de las acciones directas, el acoso se perpetra sobre todo en línea. Tokya Casimiro, integrante de un grupo que ayuda a acceder a abortos médicos en la ciudad de Hermosillo, Sonora, cuenta a openDemocracy y La Verdad de Juárez que la página de Facebook de su grupo fue clonada en 2019 y utilizada para difundir desinformación. “Usaron nuestras fotos y pagaron anuncios para llegar a más personas. En esos carteles decían que llamábamos a la gente a quemar y destruir cosas. Así que sabemos que la intención es desprestigiar a nuestro movimiento”, señala la activista.

El derecho a decidir en México, lejos de ser un derecho conquistado gracias a los avances del Poder judicial, todavía es un terreno en disputa. Que exista una ley no significa que se aplique correctamente o que no se intente burlar.

Aquí pueden leer la investigación completa de openDemocracy y La Verdad de Juárez.

Estos son nuestros recomendados de la semana:

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