Vinculado a proceso por “falsedades” el abogado de Carlos Treviño, tras denunciar al fiscal Gertz por tortura

Un juez vinculó a proceso la noche de este martes al abogado Óscar Zamudio tras haber denunciado al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, y su mano derecha por tortura contra Emilio Lozoya. El tribunal avanzó en contra del defensor de Carlos Treviño, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) y acusado en el caso Odebrecht, por supuestamente “alegar a sabiendas hechos falsos” en aquella denuncia. En su estrategia de defensa, Zamudio acusó al procurador de haber obtenido la declaración de Lozoya a través de “tortura psicológica” y presiones a su núcleo familiar. En un hecho inédito, esa táctica podría dejarle ahora inhabilitado para ejercer como abogado y hasta llevarle a la cárcel.

La avanzada de la Fiscalía General de la República (FGR) para defender a su titular tiene su raíz en una denuncia presentada hace un año. En agosto de 2022, Zamudio acusó a Gertz Manero y al subprocurador Juan Ramos de haber llevado a cabo “una serie de actos sistemáticos” para presionar a Lozoya y a su familia. El documento judicial aseguraba que el Ministerio Público había obtenido una declaración condicionada del exdirector de Pemex que permanece que prisión, “que no [era] veraz”, y en la que culpaba a varias personas de formado una red de sobornos, entre ellas, a Treviño. En este último caso era por el contrato de Etileno XXI, la apuesta fallida de la petrolera por el etano.

Unas semanas antes de que Zamudio presentara la denuncia, un par de audios se filtraron en los que se escuchaba al fiscal y a su mano derecha mantener conversaciones privadas con Emilio Lozoya Thalmann. Este periódico, que accedió a las escuchas y a informes internos de vigilancia, relató cómo fueron las negociaciones entre la FGR a cargo de Gertz Manero. El Ministerio Público estrechó un cerco sobre Lozoya y presionar con órdenes de arresto contra su madre, Gilda Austin y Solis, y su hermana, Gilda Lozoya Austin. Bajo ese plan, una vez estuviera acorralado, el exdirector de Pemex tuvo que sentarse a negociar con las autoridades. En las conversaciones se puede oír incluso las órdenes que daba el fiscal general a la familia para quitar los amparos y remover al abogado defensor, Javier Coello Trejo.

Esas fueron las pruebas que tomó Zamudio en cuenta para presentar su denuncia contra los dos altos mandos de la FGR. “La denuncia de hechos falsos firmada por el señor Emilio Lozoya Austin fue obtenida por medio de tortura psicológica o mental perpetrada directamente por el titular de la Fiscalía General de la República”, decía el documento. La última acusación contra Gertz señalaba que, de acuerdo a un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las fiscalías en México no pueden tomar declaraciones bajo tortura, y que si lo hicieran, esas palabras no tendrían validez jurídica.

Esa estrategia defensiva es la que ha puesto ahora contra la cuerdas a Zamudio. Es una avanzada inédita, la FGR ha llevado a los tribunales al abogado defensor.El fiscal utilizó el organismo que dirige para arrinconar a quien le acusó de tortura. El juez José Rivas González consideró este martes que la Fiscalía presentó pruebas suficientes para vincular a proceso a Zamudio por el delito de abogados, patronos y litigantes que consiste en alegar a sabiendas hechos falsos o leyes inexistentes o derogadas, que contempla penas de entre uno y seis años de prisión, además de la suspensión de su matrícula.

Treviño, que ocupó el cargo de director de Pemex entre noviembre de 2017 y noviembre de 2018 —justo antes de que finalizara el sexenio de Enrique Peña Nieto— fue acusado por Lozoya de haber recibido sobornos por cuatro millones de pesos por parte de la constructora brasileña. En noviembre del año pasado, un juez firmó una orden de arresto en su contra e Interpol emitió una ficha para localizarlo. Esta semana se conoció que Interpol había retirado la ficha roja de Treviño. El exdirector de Pemex había solicitado una revisión de su caso bajo la idea de que los procedimientos de la justicia mexicana no estaban respetando los derechos humanos, no había una descripción clara de los hechos delictivos y se trataba de un asunto “de carácter político” más que judicial. La agencia internacional revisó entonces el expediente y decidió eliminar la información de Treviño de sus archivos.

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