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López Obrador expropia un tramo férreo en Veracruz concesionado al ‘rey del cobre’ Germán Larrea

Un trecho de Ferrosur, bajo gestión de Grupo México, ha sido considerado ‘de utilidad pública’ y ha sido transferido a las Fuerzas Armadas

Karina Suárez
Andrés Manuel López Obrador, y el empresario Germán Larrea
Andrés Manuel López Obrador y el empresario Germán Larrea.EFE / CUARTOSCURO

En un desencuentro más entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el segundo hombre más rico del país, Germán Larrea, este viernes el Gobierno ha ordenado la expropiación de un tramo ferroviario hasta ahora bajo concesión de Grupo México, propiedad de Larrea. Un tramo del ferrocarril de Ferrosur en Coatzacoalcos, Veracruz, ha sido considerado “de utilidad pública” y transferido a una entidad gubernamental denominada Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec que será operado por las Fuerzas Armadas, de acuerdo con la orden publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Grupo México ha informado de que personal armado de la Secretaría de Marina ocupó las instalaciones de Ferrosur en el tramo Coatzacoalcos-Medias Aguas desde las primeras horas de este viernes. “La sorpresiva e inusitada toma de las instalaciones por parte de las Fuerzas Armadas está siendo analizada por parte de Grupo México Transportes, sus inversionistas y asesores. La empresa continuará brindando el servicio a sus usuarios sin ninguna afectación por el momento, solo con la vigilancia de las Fuerzas Armadas y se informará oportunamente sobre las acciones a seguir”, comentó la firma en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores. Las acciones del conglomerado industrial cayeron 4,2% de 83.77 a 80.21 pesos en el parqué financiero, tras darse a conocer esta noticia.

El decreto, que afecta a 120 kilómetros de los 1.500 kilómetros de vía férrea, fue firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador este viernes, un día después de emitir otra orden que designa algunas de sus emblemáticas obras públicas de seguridad nacional e interés público, entre las que figura el Corredor del Istmo de Tehuantepec, una obra que pretende detonar a los Estados de Veracruz y Oaxaca y donde el tramo en pugna suponía una piedra en el camino.

En el decreto donde se ordena la ocupación temporal e inmediata de este tramo, el Gobierno argumenta que es necesario que los tramos ferroviarios que corren de Medias Aguas a Coatzacoalcos, de El Chapo a Coatzacoalcos y de Hibueras a Minatitlán queden a cargo de la empresa militar, Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, ya que son idóneos para una operación ferroviaria directa y dinámica para el desplazamiento de los trenes. “La Secretaría de Marina integró el expediente de ocupación temporal, en el cual consta el dictamen técnico que justifica las causas de utilidad pública y de seguridad nacional y que, por tanto, procede la ocupación temporal inmediata de los bienes y derechos objeto de la concesión otorgada a Ferrosur”, refiere.

El Gobierno no descarta pagar una indemnización por esta acción, pero advierte de que será una compensación a valor de mercado y su pago se realizará a quienes acrediten legalmente su derecho respecto de las zonas y superficies señaladas en este decreto.

Este golpe a los negocios de Larrea se da en la víspera de que se dé a conocer al comprador de Banamex, una transacción valuada en más de 7.000 millones de dólares, donde el postor más firme es, precisamente, el magnate millonario. De acuerdo con los analistas, las negociaciones entre Citi y Grupo México están en su etapa final. Además, esta misma semana, el presidente López Obrador se reunió a puerta cerrada con el empresario minero en dos ocasiones.

La orden de expropiación se suma a una serie de desencuentros que datan desde hace más de un lustro. Larrea fue uno de los empresarios que en las elecciones de 2018 llamó a no votar por el entonces candidato de Morena. En respuesta, una vez en el poder, el mandatario ha recordado frecuentemente los escándalos de Grupo México: desde la tragedia en Pasta de Conchos —en la que murieron 65 mineros— en 2006, hasta el derrame fatal de una mina en Cananea, Sonora, en 2014. Los últimos episodios de esta serie de desencuentros han sido los cambios a las leyes de minería y de vías férreas impulsadas por este Gobierno y por el partido oficialista Morena, ahora bajo la salvedad de que este Gobierno impulsará sus obras prioritarias y consideraras de “seguridad nacional”, las concesiones de Ferrosur en Veracruz se han puesto en entredicho.

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Sobre la firma

Karina Suárez
Es corresponsal de EL PAÍS en América, principalmente en temas de economía y sociedad. Antes trabajó en Grupo Reforma. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Máster de periodismo de EL PAÍS.

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