La Fiscalía de Quintana Roo permitió a Cemex acceder al puerto controlado por Vulcan

Una batalla privada por el acceso a puerto Punta Venado, en Quintana Roo, se ha convertido en un nuevo frente entre México y Estados Unidos. El conflicto estalló el pasado 14 de marzo. En un inusual operativo de madrugada, un convoy de agentes de la Secretaría de Marina y representantes de la firma mexicana Cemex ingresaron a las instalaciones de Vulcan Materials, en el sureste mexicano. La cementera más grande del país llevaba tres meses sin poder acceder al puerto, un punto estratégico que había usado para recibir barcos de cemento durante más de 20 años con la venia de la Vulcan, la concesionaria de la infraestructura. La minera estadounidense calificó este acto como una “ocupación ilegal” y aseguró, por escrito, que Cemex no contaba con ninguna “orden judicial, autorización u otra justificación legal para su entrada y ocupación forzosa”. Sin embargo, documentos en poder de EL PAÍS constatan que el pasado 20 de enero, la Fiscalía de Quintana Roo emitió una serie de medidas protección y ordenaba a Vulcan que permitiese a Cemex el acceso al puerto, resolución que no fue acatada por las subsidiarias de la minera, Calizas Industriales del Carmen y Rancho Piedra Calizas. La empresa estadounidense asegura por su parte que cuenta con otros fallos judiciales a su favor.

La pugna por Punta Venado elevó esta semana la tensión en ambos lados del Río Bravo. El secretario de Estado de EE UU, Antony Blinken, advirtió este jueves que la irrupción de marinos en el puerto de Quintana Roo tendría un efecto paralizante en otras firmas estadounidenses. “Estoy muy preocupado por el trato hacia nuestras empresas en México y también estoy muy preocupado por la situación de Vulcan Materials”, declaró en una audiencia. Los dichos de Blinken han sido secundados por los republicanos más radicales, que llevan semanas con una campaña de ataque a México. Los legisladores de EE UU han exigido a Biden una “postura más fuerte” ante el Gobierno mexicano. El presidente López Obrador ha respondido a estas críticas con otros dardos. El mandatario acusó este viernes en su habitual mañanera en Palacio Nacional a los senadores republicanos de tener una doble moral al defender a una empresa como Vulcan, que utiliza explosivos y ha causado graves daños medioambientales. En mayo pasado, el Gobierno de López Obrador clausuró el predio donde Vulcan Materials explotaba un banco de materiales, argumentando graves daños ecológicos.

En medio, Cemex y Vulcan Materials aún tienen un largo camino en los juzgados. La orden del Ministerio Público, que esgrime Cemex como arma principal en esta batalla, deriva de una carpeta de investigación por el delito de desobediencia y resistencia abierta en enero de 2023. Las medidas de protección dictadas por la Fiscalía de Quintana Roo hacen hincapié en que Calizas Industriales del Carmen y Rancho Piedra Calizas deben permitir “todas y cada una de las actividades propias de las empresas denunciante”, desde la carga y desembarque de productos hasta el acceso pacífico a los empleados, clientes y transportistas a las instalaciones de la terminal marítima puerto Punta Venado, en Quintana Roo. Además de la orden de reingreso al puerto, el Ministerio Público local también prohíbe cualquier tipo de intimidación a la víctima y otorga protección policial y vigilancia en el puerto a la cementera. La batería de medidas fueron renovadas 30 días, a petición de Cemex, el pasado 21 de marzo.

La minera estadounidense declinó hacer comentarios específicos sobre las medidas de protección dictadas a favor de Cemex. Sin embargo, asegura que cuenta ya con órdenes judiciales para recuperar tanto sus concesiones como la terminal portuaria. “Contrario a la posición de Cemex, una corte federal mexicana ordenó a Cemex desalojar la propiedad y otra orden de la corte federal mexicana requiere que las fuerzas militares y policiacas abandonen la propiedad inmediatamente”, indicó Vulcan por escrito. A más de 10 días del polémico operativo, personal de la cementera y agentes de Marina, siguen en control de Punta Venado.

En esta pugna tripartita, el Gobierno Federal es dueño del puerto, los terrenos los posee Vulcan Materials y Cemex demanda su derecho sobre la infraestructura de la terminal. Vulcan —que ha operado en México bajo los nombres de Calica y Sac-Tun—es dueña de cuatro concesiones, entre las que se encuentra el puerto en disputa. Desde hace más de 20 años, la minera estadounidense y Cemex firmaron contratos por arrendamiento y servicios portuarios para que la cementera pudiese recibir sus barcos de cemento en la terminal. Los problemas entre Vulcan y Cemex comenzaron cuando estaba por expirar el contrato de arrendamiento de la cementera, en diciembre pasado. Semanas antes de que concluyese el pacto, la cementera presentó ante un juzgado de Ciudad de México una primera denuncia civil contra la minera estadounidense por un supuesto bloqueo. En ese entonces, un juzgado capitalino fijó como medida cautelar el acceso ininterrumpido al puerto en pugna y ordenó que, en tanto se desahogara el proceso, las condiciones contractuales entre las partes se mantuvieran. “Se decreta la resolución cautelar de carácter provisional que ordena a Rancho Piedra Caliza el cumplimiento forzoso, continuo e ininterrumpido de sus obligaciones pactadas en que el Contrato de Arrendamiento, celebrado con Cemex”, señala el documento al que tuvo acceso EL PAÍS.

Esta primera resolución no bastó y la defensa de Cemex, del despacho Mijangos y González, presentó en Quintana Roo tres demandas más por desobediencia a un mandato judicial y despojo. Entre los argumentos para dar razón a la cementera sobresale que, aunque su contrato de arrendamiento ya expiró, el contrato de servicios portuarios sigue vigente hasta 2025. Pese a las razones que se esgrimen en papel, Cemex seguía sin poder atracar sus barcos desde Punta Venado. Ahora, un puñado de marinos acampa en los terrenos calizos de Quintana Roo. Los agentes aguardan a que las firmas lleguen a un nuevo acuerdo contractual o los jueces sean quienes tengan la última palabra.

El desencuentro con Cemex no es el único frente que tiene Vulcan Materials. La minera estadounidense mantiene desde hace años un conflicto legal con el Gobierno mexicano, al que reclama 1.500 millones de dólares ante un panel de arbitraje debido a que por motivos medioambientales la minera tiene suspendidos sus operaciones desde hace años. La suspensión de las actividades motivó la presentación en 2018 de una demanda de arbitraje bajo el TLCAN. La empresa acusó a México de incumplir las obligaciones recogidas en el tratado comercial sobre un trato “justo y equitativo” para la inversión privada. Con este arbitraje como telón de fondo, la firma estadounidense debe destrabar primero su conflicto con la cementera más relevante del país.

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