Cemex irrumpe en la batalla legal de México contra la minera estadounidense Vulcan

A la saga del Gobierno mexicano contra la minera estadounidense Vulcan Materials se le suma ahora un tercer personaje: la cementera más grande de México, Cemex. Propietaria de una cantera de caliza en la selva de Quintana Roo, Vulcan mantiene desde hace años un conflicto legal con el Gobierno mexicano, al que reclama 1.500 millones de dólares ante un panel de arbitraje. Cada tanto, el conflicto saltaba a las mañaneras y el presidente Andrés Manuel López Obrador acusaba a la empresa, que lleva implantada en México casi 40 años, de provocar daños ambientales y hasta de estar detrás de los retrasos en la construcción del Tren Maya. El conflicto escaló aún más este fin de semana, cuando circuló en redes sociales un video que muestra a elementos de la Marina, policía municipal y empleados de Cemex entrar en camionetas al puerto marítimo concesionado a Vulcan. La intervención del Gobierno se ha convertido en la fricción más reciente entre Estados Unidos y México.

Los hechos sucedieron desde el 14 de marzo, según informó Vulcan, una de las principales empresas de material de construcción de EE UU. “Cemex, con la ayuda de policías y militares mexicanos armados, ingresó por la fuerza a las instalaciones portuarias de Vulcan cerca de Playa del Carmen”, dijo en un comunicado el martes. Este se publicó un día después de que Cemex anunciara que entró a las instalaciones bajo medidas cautelares otorgadas por un juez y como parte de una denuncia penal.

El domingo, un video fue publicado en el portal de la cadena estadounidense de noticias Fox News que muestra la llegada de autoridades y de Cemex a las instalaciones de Vulcan, y atribuye la fuente del material a Vulcan. Unas horas después, la senadora Katie Boyd, representante del Estado de Alabama, publicó el video en su cuenta de Twitter, diciendo: “Esta confiscación forzosa de propiedad privada es ilegal e inaceptable. Es vergonzoso que esta administración presidencial mexicana prefiera confiscar los activos estadounidenses que el fentanilo que mata a cientos de estadounidenses por día”.

Lo que pareciera una disputa entre dos competidores tiene de trasfondo un conflicto internacional que precede a la actual Administración de López Obrador. Vulcan, que ha operado en México bajo los nombres de sus subsidiarias, primero Calica y después Sac-Tun, excava roca caliza en él área desde 1986, según informó el Gobierno Federal. Sin embargo, a partir de un cambio de regulación ambiental local en 2017, el regulador a cargo clausuró parte de sus operaciones y emitió una sanción.

Vulcan respondió en 2019 con una demanda que está actualmente en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un tribunal de arbitrajes del Banco Mundial, por 1.500 millones de dólares. Al llegar al poder López Obrador, el Presidente ofreció a Vulcan un intercambio: si la empresa retiraba la demanda y dejaba de extraer en el lugar, obtendría derechos para desarrollar un proyecto turístico en el lugar. Vulcan no rechazó de manera oficial la oferta, pero la demanda sigue.

Meses después, López Obrador comenzó a atacar a Vulcan en conferencias de prensa y, en diciembre, sugirió que los retrasos en uno de los tramos de sus obras emblemáticas, el Tren Maya, es porque Vulcan tiene intereses en el lugar. “Estamos hablando de un tramo exactamente donde hay más dinero”, dijo en mayo el Presidente en conferencia de prensa, “son mil 500 kilómetros, y estos 50, pero aquí es donde están los intereses, ahí está Xcaret, ahí está Vulcan, una empresa estadounidense que está causando una catástrofe ecológica”. Ese mismo mes, el Gobierno clausuró las operaciones de Vulcan en Quintana Roo y la empresa no ha operado desde entonces.

Vulcan es dueña de cuatro propiedades y tiene la concesión para operar el puerto, por lo que tiene, desde hace 20 años, un contrato con Cemex. La empresa mexicana no extrae roca ahí, sino que desembarca su producto en el puerto para suministrar a sus clientes en la región. En diciembre, cuando el Gobierno clausuró sus operaciones, Vulcan dio por terminado su contrato con Cemex, por lo que no le permitió el acceso a su espacio y a su equipo.

Después de 20 años de tener un contrato con Vulcan, Cemex recurrió a dos juzgados en Quintana Roo, según informó a EL PAÍS una fuente con conocimiento. Mientras el proceso penal entre las dos empresas continúa, un juez otorgó medidas cautelares que le permiten a Cemex entrar a las instalaciones. Por su parte, una fuente interna de Vulcan dijo a EL PAÍS que ha obtenido una orden de una corte federal en Quintana Roo que ordena a las autoridades a salir de las instalaciones.

La entrada de Cemex a las instalaciones, resguardados por elementos de la policía y la Marina, llega un momento de tensión entre EE UU y México. Aunado a los dos procesos que la Casa Blanca abrió en contra de México por lo que considera es una violación del tratado de libre comercio, el TMEC, el embrollo con Vulcan Materials aumenta las tensiones recientes entre la Casa Blanca y el Palacio Nacional.

El miércoles, el secretario de Estado de EE UU, Antony Blinken, fue cuestionado por un comité del Senado sobre el caso de Vulcan. “Hemos estado preguntando a las autoridades mexicanas sobre la presencia militar y policial allí”, dijo Blinken. “Casos como este pueden impactar muy negativamente en los esfuerzos de México para atraer futuras inversiones”, agregó.

Por su parte, el jueves, López Obrador dijo en conferencia de prensa que su Gobierno respetará el fallo del panel en el CIADI: “Desde luego acatamos lo que ellos dictaminen, se va a acatar, pero sí me gustaría mucho que conocieran el territorio, que conocieran la destrucción, el ecocidio que causó esta empresa estadounidense, cómo devastaron zonas naturales, de manglares en una superficie amplia y cómo inclusive afectaron zonas arqueológicas, sin ninguna limitación”.

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