La Suprema Corte elige presidente bajo la sombra alargada de López Obrador

Para la nueva presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se barajan cinco nombres, pero todo el mundo menciona seis. Aunque el Gobierno no tiene voto directo en la decisión que se tomará el 2 de enero al interior del máximo tribunal mexicano, Andrés Manuel López Obrador se ha convertido en un factor definitivo. Las alianzas pueden tejerse en función de la cercanía o confrontación con el popular mandatario, que en los últimos meses ha redoblado su presión sobre el poder judicial, al que tiene en la mira desde el inicio del sexenio. La salida de Arturo Zaldívar abre la puerta a cinco proyectos que comparten tres líneas comunes: fortalecer la independencia judicial, mejorar la transparencia y apostar por las decisiones colegiadas, es decir, que más consultadas que personalistas. Entre los candidatos se perfilan dos mujeres, Yasmín Esquivel y Norma Piña, que podrían poner por primera vez en la historia un rostro femenino al frente de la Suprema Corte.

El 31 de diciembre es el último día de Zaldívar, tras cuatro años de mandato, y en la primera sesión del 2023, los 11 ministros del pleno deben reunirse para una votación interna de la que debe salir su sucesor. Se presentan las dos ministras junto a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez y Alberto Pérez Dayán. “Al Ejecutivo le interesa de sobremanera lo que vaya a decidir en enero el pleno, por los asuntos que vienen, y no va a perder ocasión de incidir”, apunta el abogado Luis Tapia.

Cinco candidatos son muchos para solo 11 votos, por lo que el proceso de elección puede alargarse mucho. Pasarán a la segunda ronda los candidatos con más apoyos y de ahí se sucederán las fases hasta que uno de ellos consiga la mayoría absoluta, es decir, al menos seis votos. En 2015 se llegó hasta 32 rondas: la decisión estaba entonces entre Luis María Aguilar o Arturo Zaldívar. Finalmente se decantó por el primero y no fue hasta 2019 que salió elegido el actual presidente. La sesión será pública, pero la votación, que se realiza con papeles, es secreta.

Los expertos no se atreven todavía ni siquiera a conformar bloques para esta elección. “Lo que estamos viendo es muy atípico, hubiera sido esperable, al tener solo un cargo en disputa, que se conformaran dos bloques parecidos en tamaño, pero no sucedió”, apunta el abogado constitucionalista Javier Martín Reyes. “Es normal en un órgano donde todos son pares que al principio hubiera muchos aspirantes, pero el momento clave es la presentación de los programas, donde solo se pasa de siete a cinco. Yo hubiera esperado ver menos candidaturas que reflejaran acuerdos previos más sólidos”, añade, “eso nos dice que hay muchísima incertidumbre”.

La Suprema Corte, ¿un contrapeso al Gobierno?

El abanico de opciones es amplio, pero sobresalen tres ejes para clasificar a los ministros. El más visible es la relación con López Obrador. “Aquí está en juego qué tanto están los ministros dispuestos a enfatizar el papel de la Suprema Corte como un contrapeso, hacia el presidente y hacia el Congreso”, señala Martín Reyes, que pertenece al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En la parte más cercana al Gobierno están Yasmín Esquivel (la única de las candidatas nombrada directamente por esta Administración) y también Alberto Pérez Dayán; en la contraria, Javier Laynez y, especialmente, Norma Piña; en una posición más centrista se situaría Alfredo Gutiérrez.

Las afinidades con el presidente han quedado patentes en votaciones de cuestiones muy polémicas como la prisión preventiva oficiosa, una figura que los organismos internacionales consideran que viola los derechos humanos y que ha sido muy defendida por López Obrador. La ministra Esquivel fue la única del pleno, por ejemplo, que compartió sin ambigüedades la postura del Ejecutivo. “Yasmín Esquivel llegó con serios cuestionamientos sobre su independencia y, en su ejercicio, ha dictado posiciones jurídicas que se alinean en todos los casos con los intereses del Gobierno. Ha terminado, por convicción o conveniencia, como una delegada del Gobierno”, afirma Martín Reyes, “del otro lado, están Laynez y Piña, que han sido muchísimo más firmes en poner límites al poder presidencial”.

El gremio jurídico considera que esta es una elección clave que va determinar cuál es el rumbo de la corte en los siguientes años, especialmente frente a un poder político, en ocasiones, invasivo. Los abogados no olvidan que en 2019, López Obrador lanzó la advertencia de crear una tercera sala en la Suprema Corte, lo que implicaría el nombramiento de cinco nuevos ministros por su Gobierno y por tanto un mayor control sobre las decisiones, o la conformación de un tribunal constitucional, es decir, de otro órgano por encima de la SCJN. Con ese panorama, Luis Tapia aboga por la importancia de cuidar las relaciones institucionales ante la posible vuelta de esas amenazas: “Los poderes judiciales son generalmente atacados por los ejecutivos y ahora estamos en una guerra de baja intensidad. Tener una buena relación con el Ejecutivo es importante porque al final son poderes que tienen que dialogar, aunque siempre con el compromiso de seguir trabajando en una agenda en favor de los derechos humanos”.

El politólogo del CIDE, Javier Martín Reyes, lo interpreta al contrario: “Zaldívar fue presidente en un momento de particular hostilidad al poder judicial con el planteamiento de ser un canal de comunicación que pudiera moderar los embates a la SCJN. Ahora vemos la derrota de esa tesis, de que ni siquiera así se iban a evitar presiones. La decisión del perfil de presidencia nos va a decir si vamos a seguir con esa dinámica de tira y afloja, o si vamos a ver una corte que recomponga el rumbo”.

Externos o formados en el poder judical

Por otro lado, los candidatos también se pueden dividir entre los que son funcionarios de carrera, formados en el poder judicial —como Norma Piña o Alberto Pérez Dayán— o externos, como Laynez o Gutiérrez Mena, quien fue jefe del SAT en la Administración de Felipe Calderón. Esta diferencia caracteriza también a sus equipos. El del ministro Gutiérrez, que llegó a la SCJN a final de 2012 sin haber conocido los pasillos, incluye por ejemplo a Adriana Ortega, una reconocida abogada feminista que dirige el área de igualdad de género de la Suprema Corte, o contó con Karla Quinta, ahora comisionada nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, a quien conoció en Harvard. “Son dos visiones encontradas: los externos que no construyeron una carrera judicial frente a quienes empezaron por el puesto más bajo, como escribientes y llegaron a la cúspide del sistema judicial. Ese segundo grupo apela mucho a la meritocracia, que se valora mucho en el sistema judicial”, apunta Tapia.

Y el último eje sería entre hombres y mujeres. En estos últimos cuatro años se han nombrado a 227 juezas de distrito —que equivale al 50% de las nombradas desde 1995—, pero ellas siguen siendo solo el 40% de las titulares de los juzgados. La brecha se hace todavía más amplia cuanto más se sube en los escalones. “Yo creo que, por la coyuntura histórica que ha tenido la corte, se va a optar por una ministra. Es la primera vez en la historia que tenemos tantas ministras en la SCJN, que además fueron presidentas en sus salas, y por primera vez podemos aspirar a tener una ministra presidente”, apunta Leslie Jiménez, coordinadora de proyectos en Impunidad Cero. En esa línea insistió Norma Piña en una entrevista exclusiva con EL PAÍS: “Si los ministros son congruentes con las resoluciones que han aprobado deberían votar por una mujer”.

Además de estos ejes, también van a influir algunos factores personales; por ejemplo, Gutiérrez Ortiz Mena, quien presentó el proyecto que consiguió liberar a los protagonistas del documental Duda razonable, se perfila como el favorito de Zaldívar, según algunos especialistas, lo que le da posibilidades porque el actual presidente puede mover apoyos, o Laynez es conocido por tener una muy buena relación con todos los ministros, lo que puede jugar a su favor para conseguir votos.

Aunque la figura del presidente de la SCJN no es tan importante en México como en Estados Unidos, el titular sí tiene influencia al marcar la agenda de las discusiones del pleno, los asuntos que se enlistan y su duración. Una investigación de México Evalúa reveló que el presidente tiene “bastante margen de discrecionalidad para decidir cuándo se van a discutir los asuntos, por lo que pueda demorar la resolución de aquellos que sean sensible o, al revés, acelerar algunos asuntos”, explica Laurence Pantin, coordinadora del programa de Transparencia en la Justicia de esta organización. También puede influir en la conducción de los debates y en el conteo de voto del tribunal que tiene los casos más relevantes del país.

Sin embargo el mayor poder del presidente reside en que también lo es del Consejo de la Judicatura Federal, es decir, el órgano que administra a todo el poder judicial y que cuenta con un presupuesto al año de unos 66.000 millones de pesos, más que todos los poderes locales juntos. “El consejo tiene la encomienda de la administración para preservar la independencia del poder judicial y ahí el papel del presidente es bien importante”, concluye Pantin.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país