El “plan B” de López Obrador acota al INE y le quita atribuciones como árbitro electoral

La oposición tumbó la reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador en la Cámara de Diputados. El proyecto fue desechado al no contar con la mayoría calificada de dos tercios para modificar la Constitución. Tras semanas de debate, la falta de consensos era patente y el presidente trabajó desde noviembre pasado en un “plan B”, un paquete de leyes secundarias que solo necesitaba de una mayoría simple para ser aprobado y que supone un tijeretazo a la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE), así como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La propuesta del Ejecutivo quita atribuciones al árbitro electoral y suaviza las sanciones contra partidos políticos y servidores públicos. Estas son las claves de los cambios que se aprobaron en la madrugada de este miércoles.

Aprobación en fast track

La iniciativa alternativa del presidente llegó al pleno de la Cámara baja por la vía rápida o, como se conoce en la juerga legislativa, se aprobó por fast track. En México existe un mecanismo para asuntos de “urgente” u “obvia resolución” que permiten agilizar la aprobación de una iniciativa sin que tengan que pasar por la Mesa Directiva ni dictaminarse en las comisiones que normalmente analizarían estos temas. En este caso, Morena y sus aliados en el Partido Verde y el Partido del Trabajo (PT) impusieron su mayoría legislativa para desahogar el asunto apenas horas después de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, entregara a los diputados el llamado “plan B”. Esto provocó quejas en la oposición, después de que varios legisladores se quejaran de que no habían podido analizar a fondo la propuesta, pero sobre todo porque la aprobación rápida generalmente inhibe la discusión y los puntos planteados por grupos parlamentarios minoritarios.

Recortes en el INE

Desde la llegada de López Obrador al poder en diciembre de 2018, Morena ha sostenido que el INE es oneroso y que la democracia es innecesariamente cara en México. Esto ha provocado roces entre el Gobierno y el órgano autónomo, a la luz de reducciones presupuestales y acusaciones de que existe una “burocracia dorada” en el árbitro electoral. La autoridad electoral defiende que es prioritario tener una democracia de calidad en vez de una democracia barata.

El “plan B” obliga a una retabulación de salarios para que ningún consejero gane más que el salario del presidente de la República. Elimina seguros de gastos médicos mayores e insta a que todos los trabajadores sean considerados en el régimen de confianza e inscritos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). También orilla al INE a liquidar fideicomisos que le permitían retener recursos públicos previstos para sus trabajadores.

La estructura del INE y del Tribunal Electoral también se compacta. Desaparece la secretaria ejecutiva y el servicio profesional de carrera. Se fusionan o eliminan diversas direcciones, áreas y unidades técnicas. Se planteó también que sus órganos distritales pasen de 300 a 260 en todo el país y que tengan carácter temporal y no permanente. Morena defiende que el paquete para imponer la austeridad en el organismo representa un ahorro de al menos 3.500 millones de pesos. A pesar de que la reforma constitucional tenía apoyo mayoritario entre la ciudadanía, un 68% de las personas consultadas afirmaba que es más importante para el país mejorar la calidad de la democracia que reducir el costo de las elecciones, según una encuesta de Enkoll para EL PAÍS y W Radio publicada el pasado 11 de noviembre.

Un árbitro electoral con “menos dientes”

El “plan B” quita facultades a las autoridades electorales de sancionar a los partidos políticos y a los funcionarios del Estado. Según el texto de López Obrador, el árbitro ya no podrá retirar candidaturas ante faltas graves y también limita las facultades de castigar actos anticipados de campaña por parte de quienes ocupen cargos públicos, al modificar lo que se considera propaganda política. Los consejeros electorales tendrían, tal como se planteó la iniciativa, menor facultad para interpretar la ley en cuanto a procesos sancionadores. Al tiempo que se acotan las facultades de sanción del INE y el Tribunal Electoral, los márgenes de lo que pueden decir o promocionar los políticos se amplían, un cambio que repercutiría directamente en la carrera por la sucesión presidencial.

Por otro lado, el proyecto pretende ser más severo y específico a quien intente condicionar los votos de los ciudadanos con dádivas o dinero. Otro punto polémico es la prohibición de “difundir de propaganda política o electoral que contenga expresiones que calumnien a las personas, a los partidos políticos o a los gobiernos emanados de estos”, se lee en la propuesta del presidente.

Desaparece el PREP y se compacta el calendario electoral

El “plan B” propone que los procesos electorales comiencen en noviembre y no en septiembre, como estaba previsto antes. Los procesos para capacitar a los ciudadanos serán más cortos, por ejemplo, así como su selección para integrarse a las mesas de casilla. La idea de compactar el calendario electoral va de la mano de la idea de reducir costos. Se busca eliminar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que daba tendencias de las votaciones a partir de muestras estadísticas. En cambio, el cómputo de resultados finales se dará a conocer en tiempo real desde el día de la votación.

Derecho al voto y voto electrónico

La nueva propuesta pretende garantizar el derecho al voto de personas en prisión preventiva y personas con discapacidad que no puedan desplazarse a las urnas. También se busca agilizar el trámite de sufragios de mexicanos residentes en el extranjero, que podrían votar con su pasaporte y por medio del voto electrónico por internet. También se eleva a rango de ley la inclusión de candidaturas de grupos minoritarios y vulnerables, lo que daría mayor asidero legal a lo que ya había impulsado el INE en esta materia.

En los artículos transitorios se plantea crear una comisión de estudio para la implementación del voto electrónico con la participación del INE y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El objetivo es “diseñar de manera gradual, cierta, segura y austera, un sistema de votación que utilice las tecnologías de la información y telecomunicaciones para facilitar la emisión del voto, con certeza absoluta y seguridad comprobada, en resguardo del ejercicio del voto libre y secreto”. Se da un lapso de máximo cinco años para que la comisión presente sus resultados al Congreso de la Unión. El voto electrónico se perfilaba en las últimas semanas como una de las pocas coincidencias entre lo que planteaba el Gobierno y la oposición.

“Algo es algo”

“Claro que no es lo mismo una reforma constitucional que una de ley”, ha reconocido López Obrador en la mañanera de este miércoles. El presidente ha admitido que el “plan B” tiene un margen de acción mucho más pequeño que el que había planteado en un primer momento. No habrá reducción en el número de diputados y senadores, por ejemplo, como se proponía en la reforma constitucional. También se bloqueó que los consejeros electorales fueran elegidos de forma directa por la ciudadanía. “Algo es algo”, ha declarado el mandatario. “Ya se aprobó la reforma de ley, pero está acotada porque no puede contradecir lo que está en la Constitución, entonces son márgenes muy estrechos”, agregó.

El PT y el Verde como fieles de la balanza

El inicio de la segunda sesión parlamentaria, en la que se aprobó el “plan B”, se retrasó. Al principio se pactó que comenzara media hora después, pero la falta de consensos entre los partidos hicieron que empezara pasadas las diez de la noche del martes. Eran muchos los desacuerdos, pero el PT y el Verde pidieron flexibilizar los requisitos para mantener el registro de los partidos políticos. Originalmente, se planteaba que los partidos que no alcanzaran el 3% de la votación nacional desaparecieran, pero los aliados de Morena lograron cambiar eso y garantizar su registro si tenían el 3% de la votación en al menos 17 de los 32 Estados del país. También se eliminó el requisito de tener 3.000 militantes en mínimo 20 Estados, a petición del PT. Con el amago de votar en contra, también lograron concesiones en cuanto al financiamiento público y la forma como eran considerados los votos de las coaliciones. Sin sus votos no hubiera pasado el “plan B”.

Lo que sigue

Aunque los cambios aprobados por los diputados todavía deben pasar por el Senado, la oposición abandonó la sesión parlamentaria sobre el “plan B” y amagó con presentar acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Es una de las herramientas que tienen los actores políticos cuando consideran que se aprueban nuevas leyes que van contra la Constitución. “Si una sola norma es inconstitucional lo vamos a impugnar”, dijo el presidente de la Cámara baja, Santiago Creel, en una entrevista con EL PAÍS antes de la votación. El Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano votaron en contra de la reforma constitucional y de los cambios en las leyes secundarias.

En el horizonte están las elecciones de junio de 2023 en Coahuila y el Estado de México, así como las votaciones presidenciales de julio de 2024. También la renovación de cuatro de los 11 asientos del Consejo del INE, prevista para abril próximo. “Esto apenas comienza”, ha comentado el presidente.

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