López Obrador apuntala el espíritu castrense de la Guardia Nacional

México ha dado un paso más en la consolidación del Ejército como actor principal en sus políticas de seguridad. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado este lunes el trasvase de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, vía decreto, negando la naturaleza civil del cuerpo, aprobada por unanimidad en el Senado hace tres años. Con este movimiento, el país carecerá de una corporación federal de seguridad preventiva fuera de la esfera de influencia castrense, depositaria del favor presidencial.

Expertos consultados por EL PAÍS señalan su preocupación por el anuncio del mandatario, que cumple así con un deseo expresado con cierta asiduidad estos años, la primera vez cuando apenas se gestaba la Guardia Nacional, antes aun de estrenar su mandato. Entonces, la oposición forzó una discusión en el Congreso que ancló la corporación, sustituta de la Policía Federal, a la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. López Obrador esquiva ahora viejas precauciones y coloca a la Guardia Nacional donde siempre la quiso, bajo el paraguas militar.

La decisión del mandatario ocurre en un momento difícil para el país, que convive con elevados niveles de violencia desde hace años. Según el Instituto Nacional de Estadística (INEGI), 2021 acabó con más de 35.000 asesinatos, cifra parecida a la de los años anteriores, con una tasa de 28 por cada 100.000 habitantes, parecida a la de Colombia, superior a las de Brasil o El Salvador. La expansión territorial de la Guardia Nacional no parece haber afectado las cifras. La única defensa del Gobierno estos años es que, al menos, el aumento anual de asesinatos parece ralentizarse.

Visto el anuncio presidencial, la oposición ha anunciado este mismo lunes que impugnará el decreto. El diputado de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez, coordinador del partido en la Cámara de Diputados, ha dicho, por ejemplo, que harán “uso de todos los medios jurídicos y políticos a su alcance para evitar este golpismo constitucional”. En términos parecidos, aunque algo menos inflamados, se ha pronunciado el legislador Jorge Romero, del conservador Acción Nacional: “López Obrador olvida que la Guardia Nacional tiene un carácter constitucional de origen civil, y así se quedará "

La realidad, en cualquier caso, es que la Guardia Nacional opera desde hace años como parte de la Secretaría de la Defensa. Su jefe, Luis Rodríguez Bucio, es un general retirado; la mayor parte de los más de 100.000 elementos de la corporación son militares y marinos prestados del Ejército y la Armada; hasta hace seis meses, menos de un tercio de los agentes contaban con el certificado único policial, que asegura un mínimo adiestramiento en temas de seguridad pública…

El miedo es otro. Por un lado, expertos y oposición critican que las Fuerzas Armadas expandan aún más su área de influencia, en crecimiento constante desde la llegada de López Obrador a la presidencia, en diciembre de 2018. Por otro, unos y otros temen que el encaje de la Guardia Nacional en la jerarquía castrense suprima cualquier voluntad de transparencia de la corporación. Esta situación, dicen los expertos, es preocupante, dado el historial de violaciones a derechos humanos de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

Para Ernesto López Portillo, la preocupación es todavía mayor. “López Obrador tiene una ruta política que va más allá de la seguridad. Es el militarismo, que pone a las Fuerzas Armadas por encima de la autoridad civil”, dice el experto. Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, López Portillo añade: “Eso nos coloca en un escenario inquietante. ¿Hacia dónde va López Obrador? ¿Qué quiere? ¿En qué régimen y sistema político piensa? No hay semana que pase sin que les otorgue mas recursos e influencia a los militares, ¿en qué está pensando? La noticia desafía abiertamente al régimen constitucional y burla su propio acuerdo”.

El experto se refiere a uno de los cambios constitucionales aprobados en 2019, que señalaba el retiro paulatino de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles en los siguientes cinco años. Este cambio en la Constitución respondía a una demanda de decenas de organizaciones de la sociedad civil, que por años habían criticado el uso de militares en tareas policiales. El decreto que ha anunciado el presidente camina en sentido contrario y reta su propia reforma de la Carta Magna.

“Nosotros somos realistas, sabemos que en muchas regiones del país sería un contrasentido pedir la retirada de las Fuerza Armadas de las tareas que realizan”, argumenta Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. “La perspectiva debería ser un plan de retiro a mediano plazo, que prevea donde es necesario mantener a los militares. Pero la gran deficiencia de este sexenio es que la expansión territorial de la Guardia Nacional es insensible a identificar los lugares donde son más necesarios”.

En estos tres años y medio de Gobierno, el despliegue de la Guardia, dice Aguirre, no parece responder a análisis de la situación de seguridad por región, sino a copar espacios por igual. “La realidad de México hace necesaria una fuerza federal, robusta, con capacidad de fuego, que debe complementarse con policías locales que funcionen y fiscalías efectivas, con una Fiscalía federal que de manera estratégica persiga a las grandes organizaciones, lo que no está ocurriendo”, zanja.

De manera parecida se expresa Genaro Ahumada, coordinador del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización, e investigador de Causa en Común. “Para nosotros es preocupante por la forma en que se planea hacer, un acuerdo presidencial, que salta los limites entre los poderes de la Unión”, critica. Sobre la evolución de la corporación, dice: “Las Fuerzas Armadas tienen funciones de seguridad nacional, que son distintas de las de seguridad publica. Para generar acciones de seguridad pública, se debe fortalecer a las corporaciones de carácter civil. La Guardia Nacional era la respuesta de esta administración a este problema, pero el hecho es que han pasado cuatro años y no parece que se haya avanzado en este tema”.

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