De Peña Nieto a ‘Alito’: las investigaciones judiciales asedian al PRI
Criticada por la falta de resultados, la Fiscalía estrecha el cerco sobre la cúpula del último gobierno y la dirigencia actual. Con menos poder que nunca, el histórico partido se juega su futuro en las urnas y en los tribunales
El historial de causas contra el PRI es un rosario cada vez más interminable. Desde el expediente abierto contra el actual presidente del partido, Alejandro Alito Moreno, por tráfico de influencias y desvío de fondos. Hasta la encarcelación provisional de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, o la batalla judicial de Rosario Robles, la extitular de Desarrollo Social, que este mes cumple tres años en la cárcel. El último episodio de la cruzada judicial contra la cúpula del anterior gobierno lo ha protagonizado la investigación anunciada esta semana contra el expresidente Enrique Peña Nieto por corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
El pulso llega además en medio de la peor crisis de su historia. Con menos poder que nunca, el veterano partido mexicano se juega su futuro político en las urnas y en los tribunales. En la otra esquina, la Fiscalía General de la República (FGR) ha pisado el acelerador en las últimas semanas y busca dejar atrás las críticas por la falta de resultados: no ha logrado aún ninguna condena contra un alto mando del Gobierno anterior.
La FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, anunció esta semana que tiene tres investigaciones abiertas contra “Enrique P”, un formalismo para evitar nombrar a Peña Nieto y cometer errores en el proceso judicial en contra del expresidente. El primer caso incluye “diversas denuncias” que involucran a la empresa OHL, que ya lanzó un comunicado para desmarcarse de los señalamientos. El segundo tiene que ver con las denuncias que ya había dado a conocer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el brazo de la Secretaría de Hacienda contra los delitos fiscales, por lavado de dinero y transferencias irregulares en el extranjero. Bajo investigación está también otra causa por enriquecimiento ilícito.
El inesperado regreso de Peña Nieto, afincado en España tras dejar el poder a finales de 2018, a los primeros planos de la política ha acaparado las miradas. La FGR tardó tres semanas en confirmar lo que ya se había revelado desde la tribuna presidencial: que las autoridades llevan varios años tras la pista de las finanzas del exmandatario. Según un informe filtrado en noviembre de 2020, la FGR estaba perfilando acusar al expresidente de cohecho, traición a la patria y delito electoral. El último presidente priista declaró que hará las aclaraciones pertinentes en los plazos que establezca la ley.
El tono adoptado por Peña Nieto es radicalmente opuesto al que ha elegido Alito Moreno, que no ha dudado en acusar una persecución política en su contra a manos del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A principios de julio, en la misma semana que emergieron las denuncias de la UIF contra Peña Nieto, el Gobierno federal tropezó y compartió en sus redes sociales que había un caso abierto de la Fiscalía contra el dirigente nacional del PRI por tráfico de influencias, desvío de fondos federales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal. Minutos después se borró la publicación y días más tarde se culpó a una colaboradora del error.
Envuelto en numerosas polémicas, el fiscal Gertz dirige la primera Fiscalía autónoma en la historia de México y tiene el imponente reto de quitarse de encima la sombra del Ejecutivo y fortalecer su credibilidad como una instancia independiente de procuración de justicia. Hundido en un mar de filtraciones, Moreno acusó a la FGR de orquestar una cacería política tras la negativa del PRI a dar su apoyo a Morena en la reforma eléctrica, una de las prioridades de López Obrador. La respuesta de Peña Nieto, por su parte, fue ratificar “su confianza en las instituciones de justicia”. López Obrador dijo esta semana que no busca una “venganza” y que las investigaciones están en manos del fiscal.
Odebrecht y la falta de pruebas
El caso más mediático que ha impulsado el Gobierno de López Obrador ha sido la trama de Odebrecht, un tsunami judicial que arrasó en Sudamérica, pero que ha tardado en llegar a México. La FGR consiguió la detención de Lozoya, después de perseguirle durante meses, y lo acusó de lavado de dinero, asociación delictiva y cohecho. A partir de su arresto, la Fiscalía le volvió una especie de testigo colaborador y armó una nueva causa en la que acusó una red de sobornos con Peña Nieto y su hombre fuerte, Luis Videgaray, a la cabeza. De acuerdo con la denuncia, el dinero de la constructora brasileña se utilizó para pagar sobornos al expresidente, al exsecretario de Hacienda y a legisladores que aprobaron leyes favorables a la empresa. La acusación llegaba hasta el sexenio anterior, el de Felipe Calderón.
La colaboración con las autoridades le sirvió a Lozoya para esquivar momentáneamente la cárcel. Pero el caso se tiñó de dudas y, dos años después y con el exdirector de Pemex ya entre rejas, no se sabe cómo harán la Fiscalía y su testigo colaborador para probar esas acusaciones. Un problema que ya había puesto sobre la mesa el exabogado de Lozoya, Javier Coello Trejo, al dudar públicamente sobre la posibilidad de que su excliente pueda probar los señalamientos ante un juez. Entre quienes cayeron por esa causa está el exsenador Jorge Lavalle Maury, en prisión desde abril de 2021. El juicio contra el exlegislador de Acción Nacional, acusado de haber recibido sobornos para su partido a cambio de avalar la apertura energética, fue retrasado esta semana precisamente por falta de pruebas.
Personas cercanas al expediente judicial han afirmado a este periódico que hasta el momento Lozoya no ha presentado ningún elemento probatorio, un punto clave para poder gozar de los beneficios de la figura de testigo colaborador. Sobre los grandes casos que ha promovido la Fiscalía de Gertz Manero planea la sombra de su eficacia judicial más allá del impacto político. Uno de los allegados a la causa, que prefiere mantener el anonimato, señala que “lo que hacen es enviar un mensaje a los opositores: si operas en mi contra, tengo un expediente que puedo utilizar”.
Otro caso plagado de dudas es el de Rosario Robles. La secretaria de Desarrollo Agrario y Desarrollo Social con Peña Nieto lleva en prisión desde agosto de 2019, tras convertirse en la primera funcionaria de esa Administración en pisar la cárcel. Robles está acusada de ser parte de una mega trama de corrupción. Los señalamientos partieron desde lo alto y tuvieron que rebajarse al delito por omisión en el ejercicio de su cargo, ante la imposibilidad de la Fiscalía de probar acusaciones mayores. La FGR le persiguió y le intentó caer con todo el peso de la ley. En 2019 el Gobierno la inhabilitó para ejercer cargos públicos por 10 años, pero el pasado julio un tribunal tumbó esa decisión en un apabullante revés.
Robles ha sido una de las voces más críticas contra la estrategia de la dependencia que encabeza Gertz Manero. La exsecretaria, en prisión preventiva, afirmó en octubre del año pasado que la Fiscalía le pidió que acusara a Peña Nieto y Videgaray a cambio de su libertad. “No estoy dispuesta a mentir para poder salir de la cárcel”, dijo en una entrevista con este periódico. Afirmó incluso que durante su proceso judicial, se le acercó un abogado quien le prometió tener lazos suficientes con el poder como para sacarla del penal. La única condición de aquel abogado fue que acusara al expresidente y al exsecretario de Hacienda. Robles nuevamente se negó y cambió de defensor.
Ante la negativa de Robles, la Fiscalía apeló para dejarla en prisión y buscó esa colaboración en otro implicado en el caso, Emilio Zebadúa, quien ocupó el cargo de oficial mayor de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario. En su relato Zebadúa acusó a Robles de haber planeado los desvíos de la Estafa Maestra. Sin embargo, la causa judicial sigue estancada en los tribunales, y la estrategia de la exfuncionaria está enfocada desde hace meses en conseguir la prisión domiciliaria para llevar el proceso desde su casa.
En la larga lista de “investigados” está también Juan Ramón Collado, antiguo abogado de Peña Nieto y preso desde 2019, otro frente abierto de la FGR. En junio del próximo año habrá elecciones en Coahuila y el Estado de México, dos bastiones históricos del PRI: la próxima cita electoral en un país que se ha acostumbrado a vivir con un ojo en las urnas y el otro en los expedientes judiciales.
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