El uso de militares para la migración en México resulta en violaciones a los derechos humanos, según un informe

El uso de militares para contener a los migrantes —en su mayoría centroamericanos—que cruzan México en su camino a Estados Unidos ha provocado numerosas violaciones documentadas contra los derechos humanos. Es la principal conclusión del informe que publica este martes la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), al que ha tenido acceso EL PAÍS. La FJEDD ha registrado casos de detenciones ilegales y arbitrarias; violencia sexual contra las mujeres por parte de agentes estatales que “no son casos aislados, sino que, por el contrario, son cada vez más comunes en los procesos de control y verificación”; el empleo de violencia excesiva; la negación de ayuda médica en casos de enfermedad que ha provocado “la pérdida de vidas, la mayoría de las cuales han quedado en la impunidad”; deportaciones ilegales, incluso a personas que se encontraban en proceso de solicitar asilo o racismo... Una lista de maltratos que apunta como principales culpables a la Guardia Nacional (GN), el Instituto Nacional de Migración (INM) y las Fuerzas Armadas.

“México ha optado por la implementación de una política migratoria sin enfoque de derechos humanos”, reza el informe. “Hace uso de la Guardia Nacional y otros cuerpos militares como un aparato de control migratorio, aun cuando esto va en contra de las disposiciones normativas en materia migratoria y el derecho internacional de los derechos humanos”, continúa. “Las personas migrantes, particularmente aquellas que se encuentran en una situación irregular, se hallan expuestas a una serie de riesgos, que eventualmente los convierte en víctimas de delitos y de violaciones a sus derechos humanos. La gran influencia de los intereses políticos y económicos del gobierno de los Estados Unidos ha provocado que se asuma un objetivo preponderantemente de contención, para lo cual se ha recurrido, en buena medida, a las Fuerzas Armadas”, concluye el documento.

El informe consta de 133 páginas y fue realizado entre enero de 2021 y abril de 2022. Está ampliamente documentado y respaldado por más de 100 entrevistas a personas migrantes y miembros del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional (GN), además de 144 respuestas gubernamentales a solicitudes de información pública. La FJEDD focaliza la denuncia, sobre todo, en la Guardia Nacional, aunque afirma que también ha existido una “intervención directa de las Fuerzas Armadas en acciones de control militar”. También señala la colocación de militares en puestos de poder dentro del INM, lo que ha favorecido “la criminalización de los grupos de personas migrantes, acentuando con ello su situación de vulnerabilidad”.

México emplea 28.397 militares para contener la migración en lugares como Tapachula, una ciudad que se ha convertido en una suerte de campo de refugiados: 35.000 migrantes para una localidad de 300.000 habitantes. Del contingente,13.663 soldados pertenecen al Ejército; 906 a la Marina y 13.828 a la GN, según el Informe de Seguridad de enero de 2022. Tratan de cercar, a menudo con cargas violentas, las caravanas migratorias, en las que las personas viajan en conjunto para intentar disminuir los riesgos del peligroso camino. Desde que el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, llegó al poder, las fuerzas de seguridad han detenido a 846.927 migrantes, según cálculos de FJEDD con base en cifras oficiales. El informe supone un nuevo revés a una estrategia migratoria ya de por sí criticada, tanto dentro como fuera del país.

Los expertos defienden que esta estrategia no funciona, que lo único que consigue es devolver los procesos migratorios a las sombras: favorecer el tráfico de humanos. Prácticas que incluyen el traslado de migrantes en el interior de camiones a través del país sin medidas de seguridad, hacinados en los tráileres. 55 personas murieron en Chiapas el pasado diciembre al volcar un vehículo que los transportaba en su caja. Otra mujer nicaragüense embarazada falleció este marzo, tras ser abandonada junto a otras 250 personas en un camión a 40 grados sin agua ni ventilación.

La GN fue creada en 2019 por López Obrador. Constituye uno de los principales pilares de su proyecto político. En su planteamiento original, se trataba de un cuerpo nuevo, nacido para combatir la corrupción que imperaba en organismos predecesores, como la Policía Federal, disuelta el mismo año en que la GN empezó a funcionar. Aunque teóricamente se trata de una organización de carácter civil, la formación de sus agentes es mayoritariamente militar, así como su estructura. Además, depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, una institución que responde directamente ante el presidente. “Son elementos que demuestran que en realidad es una institución de naturaleza castrense”, defiende el informe. De acuerdo con la FJEDD, la adjudicación de responsabilidades en materia migratoria a un cuerpo militar atenta “contra las disposiciones normativas mexicanas, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados”.

La militarización de las políticas migratorias en México no es un proceso nuevo. Comenzó, como apunta el informe, durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012). Fue continuado por su sucesor, Enrique Peña Nieto (2012-2018). Pero ha sido durante la administración de López Obrador cuando se ha recrudecido. En el momento de su creación, la GN contaba con 56.191 miembros; tres años después, ha doblado su número: 113.883 agentes, de acuerdo con el Informe de Seguridad.

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