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Al menos ocho muertos y 11 heridos en unos disturbios en la Cooperativa Cruz Azul de Hidalgo

El conflicto entre dos sectores que se disputan el control de la planta cementera degenera en el enfrentamiento entre un grupo de choque y personal de la empresa

Erika Rosete
planta cementera Cruz Azul Hidalgo
Policías Estatales resguardan la planta cementera Cruz Azul, en el municipio de Tula de Allende, en Hidalgo, este miércoles.Francisco Villeda (EFE)

El conflicto al interior de la planta cementera de Cooperativa La Cruz Azul, S.C.L. en Tula, Hidalgo, ha escalado esta madrugada con un enfrentamiento entre un presunto grupo de choque y personal de la empresa, que ha dejado, por lo menos, a ocho personas muertas, 11 heridas y a nueve detenidas, según ha confirmado el gobernador del Estado, Omar Fayad. Desde 2020, dos grupos de poder entre los socios de la Cooperativa se han disputado el control de la planta cementera, que se mantiene dividida ante las disputas.

Medios locales y ciudadanos que han compartido videos en redes sociales han denunciado que durante la madrugada de este miércoles llegaron varios autobuses a las instalaciones de la planta, de donde se bajaron decenas de personas para intentar tomar el control de la empresa. Incendiaron coches y se enfrentaron con quienes custodiaban la empresa.

Un trabajador que se encontraba en esos momentos laborando y que ha solicitado no ser nombrado por motivos de seguridad, ha relatado a EL PAÍS que se trató de tres grupos de choque: uno de ellos logró atacar la subestación eléctrica de la planta, por lo que a las 3.00 de la madrugada se quedaron sin electricidad; un segundo grupo atacó la Puerta 3, golpeó a los operadores y usó sus vehículos para intentar derribar la barrera; y un tercer grupo se quedó a unos kilómetros de distancia, según la descripción de los hechos del trabajador. “A partir de entonces empezaron a atacar. Tenían armas largas, de ráfagas, se escuchaban las ráfagas, traían bombas molotov, nos disparaban desde el puente. Nosotros nos aferrábamos a los muros de concreto, les aventábamos piedras y lo que podíamos. El ataque duró de las 3.30 hasta las 5.00”, ha contado por teléfono.

Carros quemados alrededor de la planta cementera.
Carros quemados alrededor de la planta cementera.Cortesía

En una conferencia de prensa, José Luis García Miranda, el abogado de quienes están al frente de la dirección de la planta de Tula, ha confirmado que uno de los ocho muertos es el hijo de un socio cooperativista, mientras que el resto de víctimas son parte del grupo de choque. García Miranda hizo un llamado a las autoridades federales y estatales para que ayuden a resolver este conflicto de forma pacífica. “Es lamentable que tenga que llegar a un derramamiento de sangre, como hoy, para que la autoridad voltee a ver lo que está pasando aquí”, dijo.

Trabajadores y representantes de la planta acusaron a las autoridades locales de no actuar rápidamente ante el aviso de los disturbios. Aseguran haber avisado de los hechos poco después de las 4.00 y que los cuerpos de seguridad llegaron al lugar hasta cerca de las 7.00, es decir, tres horas más tarde.

Otro trabajador de la cementera, que estaba fuera del horario laboral, también ha contado a EL PAÍS, con la petición del anonimato, que este es el cuarto intento de desalojo que viven los trabajadores. “Empezaron a tomar el control de las otras plantas, de la Noria (el centro de alto rendimiento del club del mismo nombre), del mismo equipo de fútbol, y han intentado entrar a esta también. Nosotros, quienes trabajamos aquí, somos la resistencia. Desde hace dos años estamos haciendo guardias junto con nuestras familias, mamás, hermanos e hijos, para defender nuestro lugar de trabajo”, ha contado.

Según información proporcionada por la propia cooperativa, unas 5.000 toneladas diarias de cemento se dejan de comercializar por cada día que no pueden trabajar en las instalaciones. Esta situación será indefinida, mientras se atiende el daño de este ataque que han calificado como “grave” en varios puntos de las instalaciones.

Ya el mes pasado, un grupo de trabajadores de la Cooperativa de las oficinas corporativas en Ciudad de México había denunciado la toma con violencia de las instalaciones, ubicadas en la calle de Torres Adalid en la alcaldía de Benito Juárez. Solo unas horas después, la empresa anunció que la recuperación de las instalaciones se había llevado a cabo con la ayuda de agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y en cumplimiento de un mandato judicial.

Por su parte, en un comunicado oficial, la cooperativa ha asegurado que los hechos suponen un “nuevo intento ilegal y con lujo de violencia para secuestrar la planta de Cruz Azul Hidalgo”. Y han señalado directamente a José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez como responsables de los hechos violentos. “[Estos trabajadores] están encabezando un ambiente de terror y de ilegalidad al interior de la Cooperativa”, señala el texto.

Consultado por EL PAÍS, Federico Sarabia, presidente del Consejo de Administración de la cooperativa, relató que el problema inició en 2010, cuando él y un grupo de socios cuestionaron al entonces todopoderoso director de la cooperativa Guillermo Álvarez, ‘Billy Álvarez’ como es conocido, y quien está prófugo desde 2020, tras ser señalado por los presuntos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. “Lo que sucedió hoy es una salvajada, más de 500 personas de diferentes partes del Estado de México llegaron en autobuses. Eran exconvictos contratados, con armas de fuego. Para quienes dicen que esto ha sido un autogolpe, les digo que es totalmente falso, nosotros fuimos los primeros que cuestionaros el actuar de la anterior dirección y estamos pagando un precio alto por eso”, cuenta.

Álvarez fue el líder por más de 30 años de la Cooperativa, el conglomerado que incluye una de las principales cementeras mexicanas, un club de fútbol, servicios financieros y de hostelería. La caída de este líder ha ahondado en las grietas de la cooperativa: los que defienden a su añejo patrón han protestado en varias ocasiones frente a Palacio Nacional, sede del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador; los que defienden el Consejo de Administración han librado su batalla legal y han demostrado la opacidad en la gestión dentro de la Cooperativa Cruz Azul.

En agosto de 2020, un grupo mayoritario de socios cooperativistas respaldaron, con un 70% de sus votos, que las presidencias de los Consejos de Administración y Vigilancia, estuvieran encabezadas por Federico Sarabia y Alberto López, respectivamente. Hasta ahora, el episodio de este miércoles ha sido el cuarto intento por de recuperar, por parte del grupo disidente, la fábrica emblema de la cementera.

Tráiler de la cementera dañado por el enfrentamiento.
Tráiler de la cementera dañado por el enfrentamiento.Cortesía

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Erika Rosete
Es periodista de la edición mexicana de EL PAÍS.

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