Alerta mafiosa en el centro de Guerrero

Cuenta Jesús Plácido que nunca antes habían tenido un problema con el pueblo vecino de Atlixtac. Hasta el cambio de Gobierno, a finales del año pasado, la gente de su comunidad, en el centro del Estado de Guerrero, había transitado libremente por la zona. Pero llegaron las elecciones, un grupo distinto ganó en Atlixtac y los acuerdos tácitos de buena vecindad quedaron en el aire. Luego ocurrieron las desapariciones. Y más tarde los ataques a balazos. Ahora, la sensación de que su espacio se achica resulta cada vez más agobiante. “Las comunidades siguen en alerta”, explica.

No está muy claro qué pasó en Atlixtac. Plácido cuenta que dos compañeros de la CIPOG-EZ, la policía comunitaria de su región, fueron allí a hacer compras el 25 de enero. Los tres viven en comunidades de Chilapa, pueblo aledaño a Atlixtac, los viajes a una cabecera municipal u otra son comunes. Ya iban de salida, cuando un policía local los detuvo. Plácido, líder en su comunidad del CIPOG-EZ, uno de los varios cuerpos de autodefensas que hay en Guerrero, explica que sus compañeros le llamaron durante la retención. Serían poco más de las 17.30 de la tarde. “Parece que ese policía que les paró llamó a su grupo de allí de Atlixtac”, dice. Sus compañeros no han vuelto a aparecer.

La extraña desaparición de los dos comunitarios es uno de tantos eventos violentos que trufan la actualidad en Guerrero, caso de los ataques a transportistas en Acapulco, las amenazas del crimen a la nueva administración local de Iguala, el toque de queda oficioso que delincuentes impusieron en Huitzuco, las eternas crisis de desplazados en las sierras amapoleras… Es verdad que desde 2018, los asesinatos van claramente a la baja en la región, igual que los secuestros y, en menor medida, la extorsión, según datos de la Fiscalía local. Pero situaciones como la de los comunitarios desaparecidos revelan movimientos preocupantes en el mundo criminal. También en el político.

Como otros tantos estados en el país, Guerrero estrenó gobernadora, diputados y alcaldes a finales del año pasado. El PRI dejó la administración estatal en manos de Morena, tras un polémico proceso por las acusaciones de violación contra su candidato, Félix Salgado. Al final, Salgado cedió el lugar a su hija, Evelyn, que se alzó con la victoria. La gobernadora inició su mandato con una promesa de cambio similar a la del presidente, Andrés Manuel López Obrador. Pero de momento, esa promesa no cuaja. Este mismo viernes, organizaciones y colectivos de todo el Estado cancelaron una reunión con ella por la “criminalización” de los estudiantes de Ayotzinapa, el último desencuentro entre la mandataria y parte de la base que la apoyó.

La reunión debía servir para tratar la variada gama de preocupaciones de los pueblos de un Estado históricamente castigado por la pobreza y el caciquismo. La principal, la violencia y sus consecuencias: desapariciones, desplazamientos forzados, asesinatos de defensores y luchadores sociales… El choque entre estudiantes de Ayotzinapa con autoridades hace unos días, que acabó con los primeros lanzando un tráiler sobre agentes de la Guardia Nacional, arruinó cualquier acercamiento. Más aún después de que López Obrador señalara la posible infiltración del crimen en la escuela.

Así, los primeros meses de la familia Salgado en el poder se han caracterizado por la incapacidad de dar respuestas. Los estudiantes normalistas reclaman transparencia a las autoridades estatales en la investigación del caso Ayotzinapa, el ataque contra sus compañeros en Iguala hace ya más de siete años, que dejó 43 desaparecidos. Luchadores sociales de la costa piden insistir en la búsqueda de Vicente Suástegui, desaparecido a finales del año pasado en circunstancias igualmente extrañas. Y comuneros de todo el Estado exigen apoyo frente a los grupos criminales, caso de Plácido y la CIPOG-EZ.

“Había muchas expectativas en términos de poder iniciar una etapa nueva en la reconstrucción de instituciones relacionadas con justicia y seguridad”, explica Abel Barrera, dirigente del Centro de Derechos Humanos de la Montaña. “Se buscaba romper con el antiguo aparato, sacar a los viejos grupos de poder, añade. Pero las expectativas quedan, a su juicio, en mera intención. Al menos de momento. “Se ha hecho un manejo de los puestos a la usanza priista, como si fuera su patrimonio. Es decir, que la lealtad y la militancia es lo que manda”, zanja.

Siempre Los Ardillos

Si a nivel estatal las sensaciones no son buenas, a nivel local la situación no mejora. Modelo parecido al vecino estado de Morelos, el crimen organizado en Guerrero busca cobijo en administraciones, industria y comercio locales. El caso Ayotzinapa mostró al país la colusión entre delincuentes y autoridades municipales en Iguala, Cocula y otros pueblos de la zona norte del Estado. La ecuación se repite en el resto del territorio.

“A nivel regional hay un reacomodo de los grupos del crimen”, explica Barrera, que lleva décadas monitoreando diferentes conflictos en el Estado. “Su injerencia en las elecciones se dio en la zona norte, en Tierra Caliente, en la zona centro, también en la Costa Chica. Casi ninguna región se escapa. No es que sea en los 81 municipios del Estado, pero en buena parte si hay influencia del crimen organizado en los poderes municipales”, añade.

Quizá una de las situaciones más alarmantes es la que afecta a la zona centro, con su capital, Chilpancingo, y la ruta a la montaña, con Chilapa, Atlixtac y las zonas serranas camino a la costa. El CIPOG-EZ y otros grupos autodefensas han sufrido ataques en las últimas semanas presuntamente por parte del grupo criminal Los Ardillos, una de las marcas criminales más longevas de la zona.

Cercanos a un grupo histórico del partido izquierdista PRD, Los Ardillos han participado de algunos de los episodios más violentos en la zona en la última década, desde desapariciones masivas a masacres. Hasta hace un tiempo, sus acciones se explicaban como parte de una guerra con otro grupo criminal, Los Rojos, con influencia en Guerrero y Morelos hasta hace unos años, cuando sus líderes fueron detenidos en ambos estados. Cobijados en la maraña política, Los Ardillos siguen ahora en la brega.

“En 2015 empezamos a sacar a rojos, ardillos”, cuenta Plácido. “El crimen organizado lleva haciendo lo que quiere desde hace años. Han sometido a todos los políticos y el costo lo hemos pagado”, añade. Desde entonces, la CIPOG-EZ cuenta decenas de ataques, para un total de 38 personas asesinadas y 18 desaparecidas. Y eso solo en su zona, porque Los Ardillos parecen haber ampliado su esfera de influencia. Un día después de la desaparición de los compañeros de Plácido, presuntos integrantes de este grupo atacaron a integrantes de policía comunitaria en una comunidad de Chilpancingo. Al menos cuatro murieron por los balazos.

“Yo entiendo que ahora se busque el abrazo no balazo, pero es que estos grupos lo que buscan es matar comunidades”, critica el policía comunitario. El 30 de enero, cuenta, Los Ardillos atacaron Tula, Zacapexco, Zicotlan… Las comunidades donde vive. “Dos horas estuvieron tirando. Y nosotros defendiéndonos”, recuerda. “Nosotros denunciamos esto, pero ellos no llegaron”, dice, en referencia a cualquier autoridad. “Es cierto que hay filtros de la Guardia Nacional, de la policía, pero no sirven”, zanja.

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