La última historia de Don Rober, reportero asesinado en Michoacán

Dos días antes de morir, Roberto Toledo estuvo comiendo mixiotes y tomando cervezas con su amigo y colega Joel Vera. Era sábado y hacía buen tiempo. Ambos se conocían desde hace más de una década y trabajaban juntos en el despacho legal que Vera dirigía. Entre caso y caso, también informaban a través de un medio local de los hechos que sucedían en su ciudad, Zitácuaro, en el Estado de Michoacán, a 155 kilómetros de Ciudad de México. Toledo tenía el pelo gris y un bigotito fino que enmarcaba una sonrisa un poco chimuela cuando abría la boca. La vida le había castigado bastante. Aunque tenía 55 años, parecía que pasaba de los 60.

Después de los mixiotes, Vera recuerda que se quedaron fumando y hablando como no hacían desde hace mucho. De sus preocupaciones, de la familia, de los dos perros chihuahuas de Toledo y de las recientes amenazas que habían recibido en Monitor Michoacán — el portal de noticias donde trabajaban― por denunciar las corruptelas del poder en el municipio. “Hablamos de ser eternos aprendices de la vida”, recuerda el abogado. El lunes, Don Rober, como le llamaban sus amigos, fue asesinado de ocho balazos a las puertas de su trabajo. Era la una del mediodía bajo un sol abrasador. Los servicios médicos no pudieron hacer nada por él. Los tres jóvenes sicarios —casi adolescentes— que acabaron con su vida se dieron a la fuga en dos motocicletas. “Querían matarme a mí y al que se les atravesara”, dice Vera, subdirector del medio. Los disparos todavía pueden verse en las puertas blindadas del edificio. “Eso nos salvó, sino ahora los muertos seríamos tres”, asegura.

El abogado no duda que el ataque tuvo que ver con la labor periodística que hacen él y sus compañeros. El medio independiente está en las mismas oficinas que el despacho legal. Enero fue el mes más violento contra la prensa en México de la última década. El primer mes del año comenzó teñido de rojo con el homicidio de Margarito Martínez, Lourdes Maldonado y José Luis Gamboa. Todos, periodistas asesinados en Tijuana y Veracruz. Don Rober fue el cuarto de la lista.

Junto al cuerpo se encontraron dos cartulinas supuestamente escritas por un grupo del crimen organizado, de acuerdo a fuentes oficiales. Los mensajes aluden a un posible ajuste de cuentas con el abogado por trabajar para un grupo antagónico. Joel Vera desmiente esta versión categóricamente. “Quieren crear una cortina de humo del móvil real y dicen que era porque yo llevaba casos de narcotráfico, pero no es verdad, no llevo casos pesados de esos”, asegura. Armando Linares, director del medio, señala que las amenazas contra el medio comenzaron hace más de un año y se volvieron más violentas cinco días antes del asesinato.

“Nosotros ya teníamos una denuncia en la Fiscalía del Estado por ataques a la libertad de expresión. El director recibió amenazas de que ya no se criticara a la Fiscalía ni al Gobierno municipal. Habíamos afectado intereses privados como los de las constructoras que desviaron miles de millones de pesos [en obras del Ayuntamiento]”, apunta Vera. El propio Toledo publicó un artículo al respecto el 23 de noviembre del año pasado, titulado: ¿Obras baratas o arreglos entre amigos?, en el que señala la supuesta corrupción en las obras públicas costeadas por la presidencia municipal. “Exhibir corrupciones de gobiernos corruptos, de funcionarios y políticos corruptos llevó hoy a la muerte de uno de nuestros compañeros”, denunciaba Linares aquel fatídico lunes.

El vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, condenó el homicidio y aseguró que el Gobierno no permitirá impunidad en el caso. De parte del Ejecutivo solo llegan las condolencias, pero hasta la fecha, no existe ninguna estrategia para frenar la violencia contra los reporteros en el país. Después de varias horas en las que la prensa nacional e internacional se hizo eco de la noticia, Ramírez publicó otro tuit en el que negaba que Toledo fuera periodista, sino que se desempeñaba como “auxiliar de un despacho de abogados”, la misma versión que sostienen el alcalde de la ciudad, Juan Antonio Ixtláhuac, y la Fiscalía del Estado.

La reacción enfureció a un gremio que está harto de cubrir el asesinato de sus compañeros. La impunidad y la desprotección de los informadores lastran una profesión marcada por la violencia y la precariedad laboral. No solo eso. En los rincones más violentos de México, como Michoacán, el coraje para reportear no lo dan los diplomas universitarios. Ahí donde los periodistas con título muchas veces no llegan, los únicos que salen a la calle son personas como Don Rober. “A pesar de no tener estudios era hábil. Siempre le dije: Te admiro porque sin ser profesionista, aprendiste periodismo y a defenderte de la autoridad al escucharnos y vernos trabajar”, recuerda su amigo emocionado.

Mientras tanto, el Gobierno de López Obrador sigue en la mira por su tensa relación con la prensa. El relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó al Ejecutivo a que reconozca la crisis de violencia que atraviesa el periodismo en México y a que deje de atacar a los periodistas a través de la sección Quién es quién de las mentiras, en su conferencia matutina.

Roberto Toledo era polifacético. Lo mismo cubría una manifestación que se encargaba del papeleo del despacho. Siempre llevaba el celular en el bolsillo de la camisa, listo para tomar fotos o grabar en video. La última noticia en la que estaba trabajando tenía que ver con el supuesto enriquecimiento ilícito de las autoridades en la Casa del Adulto Mayor de Zitácuaro. “Ahí me dio risa porque fue al lugar y se hizo pasar por un señor de 70 años, ese Rober”, cuenta Vera.

Por su trabajo cobraba cerca de 5.000 pesos al mes (unos 300 dólares). “Se encargaba de recabar datos e información, reporteaba, tomaba fotos y cuando no había gente, ayudaba en el programa Distrito XIII que emitimos en Facebook”, explica. Los integrantes de Monitor Michoacán, siete personas en total, habían contactado a la Secretaría de Gobernación para alertar del riesgo en el que se encontraban. “Nosotros no estamos armados, nuestra única defensa es una pluma”, señalaba Linares en un video. “El medio había denunciado agresiones, y las autoridades tienen que tomar la labor periodística como línea de investigación”, afirma Juan Vázquez, de Artículo 19, una organización defensora de la libertad de expresión. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) ha contabilizado desde 1992 y hasta 2021 el asesinato de 138 informadores en México. Artículo 19 computa cifras todavía más altas: 145 desde 2000.

La Fiscalía michoacana ha abierto una investigación para esclarecer el crimen siguiendo el protocolo de delitos en agravio de periodistas. Hasta el momento solo se han encontrado las motos en las que huyeron los delincuentes, pero no hay detenidos. Toledo fue enterrado dos días después en su pueblo. Tenía cinco hijos. “Vamos a seguir señalando corrupciones y políticos corruptos aunque la vida nos vaya en ello (...) Malditos aquellos [que] atentaron contra la vida de una persona inocente”, dijo devastado Linares.

Una semana después del asesinato, en Monitor Michoacán siguen llorando a su compañero. “La libertad de expresión es un derecho fundamental y un pilar para la democracia de un pueblo”, dice Joel Vera. Jamás olvidará los últimos instantes de Don Rober, justo antes de que los sicarios llamaran a la puerta. “Nunca le negaba el saludo a nadie. Tenía un don para caer bien a la gente”.

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