Garantías y derechos sociales: Arturo Zaldívar consolida su rumbo progresista al frente de la Suprema Corte

A lo largo de la escalinata de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hay un mural titulado Los siete crímenes mayores. La obra representa los delitos más graves, como el asesinato, la desaparición y la violación, pero la narración visual incluye también la represión, la vida en prisión, la tortura y los procesos viciados. A Arturo Zaldívar, presidente del máximo tribunal constitucional de México y responsable del Poder Judicial de la Federación, no solo le gusta explicar las escenas plasmadas por el artista Rafael Cauduro, sino que las referencias a algunas de esas tropelías son una constante en su discurso. El magistrado ha pasado en tan solo unos meses de ser blanco de una lluvia de críticas por la prolongación de su mandato promovida por Andrés Manuel López Obrador a encarnar la defensa de las garantías judiciales, de los derechos y una cosmovisión progresista del Estado. Mientras se aproxima la etapa final de su gestión, que culminará en diciembre de 2022, la Corte ha tomado decisiones cruciales como la histórica sentencia que anula la cárcel con la que se castiga el aborto en algunos Estados del país.

Esta semana los magistrados del tribunal estuvieron en el centro de un pulso con el Ejecutivo por invalidar la reforma que ampliaba la detención preventiva a las acusaciones de defraudación fiscal y falsedad documental en actos jurídicos. El propio López Obrador criticó sin medias tintas la decisión del tribunal. “Va en la línea de seguir protegiendo la corrupción y de seguir apoyando a las minorías”, afirmó sobre la llamada prisión preventiva oficiosa, una medida cautelar que según la Constitución no puede exceder en ningún caso los dos años a pesar de lo que ocurre en la práctica en multitud de casos. El presidente llegó a decir que el fallo protege a “los delincuentes de cuello blanco”. “Entonces no pueden ir a la cárcel los fifís”, agregó haciendo referencia a los ciudadanos de ingresos más altos.

Zaldívar refutó esa tesis defendiendo un punto de vista contrario. “En la mayoría de las democracias, salvo casos excepcionales, las personas se encuentran en libertad, salvo que haya ya una sentencia en la cual se acredita su culpabilidad. En México desde hace mucho tiempo hemos abusado de la prisión preventiva. Muchas veces se detiene para investigar, y eso ha afectado sobre todo a miles de personas pobres que no tienen la posibilidad de tener un abogado o una abogada de calidad”, resaltó en un video difundido en sus redes sociales. El presidente de la Corte sostiene, además, que la prisión preventiva oficiosa es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos y la sentencia solo obliga al juez a dictar una resolución que justifique y fundamente su decisión.

Con todo, López Obrador considera a Zaldívar como el mejor magistrado para seguir al frente del Poder Judicial. “Sí, sí”, dejó claro al ser preguntado al respecto. “Nada más son criterios, tenemos puntos de vista distintos y eso también es bueno, afortunado, no desafortunado, porque la democracia es pluralidad. No todos pensamos de la misma manera”. Tanto el mandatario como el jurista, que no han ocultado nunca su sintonía mutua, creen que nunca hubo tanta separación de poderes en México. Y en medio de la tormenta que se desató hace meses por la propuesta de extender su período, que acaba a finales de 2022, por dos años más, Zaldívar declaró a EL PAÍS que “en ningún sexenio se han dictado más resoluciones en contra de un Gobierno”.

Ese episodio le costó una avalancha de cuestionamientos -él mismo dijo ser el principal perjudicado de la disposición transitoria que ampliaba su mandato-, pero a principios de agosto renunció a la prolongación de su mandato. Abogado de carrera, profesor de Derecho Constitucional y ministro de la Corte desde 2009, Zaldívar, de 62 años, convocó una conferencia de prensa, agradeció el apoyo del presidente y fue muy claro: “No estoy aquí por cargos propuestos ni por privilegios. Mi único compromiso ha sido, es y será con la Constitución y con los derechos humanos de las personas y una mejor justicia para la gente”.

Semanas después, estuvo en la primera línea de la defensa de un giro copernicano para los derechos de las mexicanas. El fallo, que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo, demuestra que el tribunal fue mucho más allá en un terreno en el que los Gobiernos federales se habían negado a legislar. “A partir de ahora no se podrá procesar a mujer alguna que aborte en los supuestos considerados por este tribunal”, afirmó, calificando ese paso de “nueva ruta de libertad, claridad, dignidad y respeto y un gran paso en la lucha histórica por la igualdad y el ejercicio de sus derechos”. Meses antes había argumentado otra decisión sin precedentes sobre el uso lúdico de la marihuana. Pero estas posiciones no son nuevas: a lo largo de su carrera en la Corte se fue construyendo, poco a poco, una trayectoria progresista también con sentencias sobre matrimonio igualitario, doble jornada laboral o acoso escolar. Y ahora sobre la prisión preventiva.

“No podemos volver a una época donde el método de detención y de procesamiento violaba derechos humanos, torturando, fabricando delitos”, afirmó el magistrado, que cuando se le pregunta por sus posiciones ideológicas suele decir que sus sentencias hablan por él. Pero no renuncia a utilizar unas palabras: liberal, progresista y garantista.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país