Arturo Zaldívar pone en marcha el caso sobre la extensión de su mandato en la Suprema Corte

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, ha dado el pistoletazo de salida al proceso judicial que resolverá su polémica extensión de mandato al frente del alto tribunal. Impulsada por Andrés Manuel López Obrador y consolidada por la mayoría de Morena en el parlamento a finales de abril, la norma que certifica la ampliación del plazo de Zaldívar como presidente provocó toneladas de críticas. Acusada de saltarse la Constitución y de invadir la independencia judicial, la reforma está ya sobre la mesa de la Suprema Corte, que tendrá lista una respuesta para julio o agosto.

Zaldívar presentó este lunes un escrito de tres páginas que sintetiza el nudo de la controversia en cinco preguntas. La propuesta del presidente será trasladada también hoy mismo a uno de los 10 magistrados restantes del tribunal para que desarrolle el caso y elabore el llamado proyecto de sentencia, que deberá ser debatido por el Pleno entrado el verano, según los plazos del propio tribunal.

El anuncio de la consulta interna por parte del tribunal llegó la semana pasada, después de que el Diario Oficial de la Federación publicara la reforma a la ley del Poder Judicial, donde se inscribe la polémica extensión del periodo del presidente. Un extremo que “ha generado un ambiente de desconfianza que injustamente pone en entredicho la labor cotidiana de toda la judicatura, y siembra dudas sobre la independencia judicial y la división de poderes”, adelantó la semana pasada el ministro a través de una carta difundida en sus redes sociales.

La Constitución establece que el plazo máximo para el presidente de la Corte es de cuatro años, sin posibilidad de reelección para el mandato inmediatamente posterior. El plazo de Zaldívar vence el año que viene, pero la nueva medida lo deja ahora al frente del tribunal hasta 2024, el mismo año en que termina el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Juristas y organizaciones internacionales, desde Human Rights Watch (HRW) hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o Amnistía Internacional han alertado del atropello jurídico y de los riesgos para la independencia judicial.

Desde el inicio de la polvareda, López Obrador no ha dudado en posicionarse, vinculando de modo diáfano el rumbo de su proyecto político al futuro del máximo tribunal del país y del órgano de Gobierno de los jueces. “No vamos a tener otra oportunidad así. Si no se amplía el periodo, quien llegue va a ser más de lo mismo”, defendió días antes de aprobarse la reforma. El respaldo a Zaldívar, un magistrado progresista alineado con la agenda de Morena, contrasta con los ataques del presidente a otros magistrados durante los últimos meses. El Poder Judicial ha sido uno los objetivos favoritos de López Obrador en su cruzada contra las instituciones que considera parte de una especie de antiguo régimen.

La polémica en torno a Zaldívar se enmarca, de hecho, en un frente más amplio: el control del Consejo de la Judicatura y la aprobación de una serie de reformas prioritarias para el Gobierno y que implicarían incluso una reforma de la propia Constitución, algo que hoy está un poco más lejos tras los resultados de los comicios intermedios que debilitaron las representación de Morena en la Cámara. En el punto de mira están desde la ley de la industria eléctrica hoy suspendida, la ley de hidrocarburos o la reforma constitucional del Poder Judicial, liderada por el propio presidente del Supremo con el apoyo de la mayoría morenista en el parlamento y que ha encontrado resistencias dentro de la propia judicatura

De las cinco preguntas que ha propuesto Zaldívar al pleno, tres son cuestiones formales. Primero, para saldar la interrogante de si la Corte puede asumir unilateralmente una controversia sin que haya sido previamente impugnada mediante una demanda. La oposición anunció que presentaría una cuestión de inconstitucionalidad, pero de momento no ha sido registrada por el tribunal. Por otro lado, el presidente también lanza la pregunta de si se requerirá mayoría simple de seis ministros o calificada, de ocho, para declararla inconstitucional.

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