La desaparición del líder yaqui Tomás Rojo eleva la indignación en Sonora

Desde el último jueves de mayo, la tribu yaqui busca a su vocero, Tomás Rojo. Firme defensor de los derechos de su pueblo, Rojo, de 54 años, desapareció ese mismo día, cuando salió a pasear por la mañana en su comunidad, Vícam, cerca de Cajeme, en Sonora. Su hija, Pabela Samatra, denunció su desaparición por la tarde. A finales de la semana pasada, la fiscalía estatal informó de que agentes de varias corporaciones iniciaron un operativo de búsqueda en la zona, de momento sin resultados.

Mario Luna, uno de sus compañeros de lucha estos años, dice que apenas tienen información de lo sucedido. Vecino de Rojo en Vícam, Luna cuenta que no saben si el hombre había recibido amenazas o había tenido problemas de algún tipo. Luna aclara que Rojo “ya no estaba en la lucha por el agua desde hacía un rato. Lo había dejado para dedicarse más a su trabajo”. Rojo es ingeniero agrónomo y se gana la vida dando asesorías.

Figura respetada entre los suyos, Rojo ha encabezado la lucha de los yaquis contra la construcción del acueducto Independencia, obra que llevaría millones de metros cúbicos de agua cada año a Hermosillo, la capital del Estado. El acueducto partiría de uno de los embalses de que se abastecen los yaquis, la Presa del Novillo. Proyecto impulsado por el gobierno del panista Guillermo Padrés (2009-2015), los choques entre los Yaquis y el Estado provocaron incluso la persecución de algunos de sus líderes, caso del propio Luna, que incluso pasó tiempo en la cárcel.

Siempre con su paliacate rojo y su sombrero blanco de doble ala, Rojo, Luna y los demás han alumbrado estos años las malas artes de los gobiernos estatal y federal para salirse con la suya en el proyecto del acueducto. En 2011, el Gobierno de Padrés presentó la obra a la Secretaría de Medio Ambiente, que la aprobó pese a las irregularidades denunciadas por los yaquis, la primera, que Medio Ambiente había aprobado una declaración de impacto ambiental sin consultarles.

Ante las protestas e impugnaciones de los yaquis, el caso llegó en 2013 a la Suprema Corte de Justicia, que anuló la declaración ambiental y ordenó reiniciar el proceso, previa consulta con el pueblo indígena. Ya entonces, el Gobierno de Sonora había empezado a construir el acueducto, que empezó a funcionar poco después, aunque no a pleno rendimiento. Las obras están por terminar y la consulta que debía llevarse a cabo entre los yaquis nunca concluyó.

Luna explica que los pueblos yaqui son ocho en total y suman unos 40.000 habitantes. La mayoría, 12.000, vive en Vícam. Todos se abastecen de un sistema de tres presas que nutre el río Yaqui. La pelea por el agua viene de lejos y la intensidad ha ido variando con los años. En 1940, cuando solo habia una presa, La Angosutra, el presidente, Lázaro Cárdenas, concesionó la mitad del agua a los yaquis. Con el paso del tiempo se construyeron dos más, El Novillo y La Oviachic.

La ampliación de la infraestructura hídrica no ha mejorado la perspectiva de los yaquis. “Por la corrupción, se han emitido más derechos de agua de los que tiene capacidad de soportar la cuenca. Incluso, muchas de esas concesiones no se usan, sino que sirven para especular y luego adquirir derechos de uso de suelo para hacer fraccionamientos habitacionales o cosas así”, explica Luna.

Sin datos concretos sobre el caso de Rojo, la cercanía de Vícam con Cajeme, uno de los municipios más violentos de México, complica un caso ya de por sí complicado. Hace apenas unos días, sicarios asesinaron a tiros en el municipio a Abel Murrieta, exprocurador del Estado y candidato a la alcaldía por Movimiento Ciudadano. De momento no hay detenidos por el caso. “En todo Sonora impera el crimen organizado y nosotros no estamos exentos”, dice Luna.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país