Zaldívar abre la puerta a seguir dos años más una vez terminado su actual mandato

Arturo Zaldívar ha esperado hasta que el Congreso confirmara la controvertida extensión de su mandato para salir por primera vez al ruedo desde que saltara la polémica. En un escueto comunicado publicado en sus redes, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) se ha puesto de perfil ante las fundadas dudas sobre su inconstitucionalidad, algo que en última instancia, deberá resolver precisamente al alto tribunal que él preside. “Por respeto al procedimiento legislativo que se encontraba en curso, no emití pronunciamiento personal al respecto. Estaré atento a cualquier acción legal que se llegara a presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, órgano que, en su caso, deberá analizar y resolver cualquier cuestión de constitucionalidad”, afirma el ministro.

“Ejerceré el cargo de presidente SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal por el período para el cual fui electo por mis pares”, señala Zaldívar en el comunicado que hace referencia a la reforma del Poder Judicial y a la prolongación de su mandato. “Es cierto que, de último momento, se incluyó un artículo transitorio con el que se amplía por dos años la duración del curso administrativo de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, más no se extiende el plazo de encargo como ministro de la Corte”.

La mayoría de Morena en el Congreso consumó la madrugada de este viernes la ampliación por dos años de su mandato. La Constitución establece que el plazo máximo para el presidente de la Corte es de cuatro años, sin posibilidad de reelección para el mandato inmediatamente posterior. El plazo de Zaldívar vence el año que viene, pero la nueva medida lo dejará al frente del tribunal hasta 2024, el mismo año en el que termina el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que no ha dudado en posicionarse, vinculando de modo diáfano el rumbo de su proyecto político al futuro del máximo tribunal del país y del órgano de Gobierno de los jueces.

Zaldívar ha subrayado también que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que él mismo preside, no participó en la elaboración de la medida. “Su inclusión y aprobación fue resultado del ejercicio del poder legislativo”, apunta el comunicado. La polémica se enmarca en la batalla del Gobierno por el control del Consejo de la Judicatura y la aprobación de una serie de reformas prioritarias y que implicarían incluso una reforma de la propia Constitución. Desde la ley de la Industria Eléctrica hoy suspendida, ley de Hidrocarburos o la reforma constitucional del poder judicial, liderada por el propio presidente del Supremo con el apoyo de la mayoría morenista en el parlamento y que ha encontrado resistencias dentro de la propia judicatura.

La paradoja de que será el Supremo el que tenga la última palabra ha sido apuntada por los críticos de la medida. La prácticamente segura llegada del recurso al alto tribunal redoblará la presión sobre el magistrado, abriendo incluso el debate sobre si Zaldívar tendría que excusarse de entrar en su resolución por conflicto de interés. Como precedente sobre el fondo del asunto, el propio Zaldívar ya ha votado en los últimos años en contra de extender el mandato del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, así como de alargar los periodos de los magistrados del Tribunal Electoral.

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