La justicia mexicana busca juzgar a García Luna por enriquecimiento ilícito

La justicia mexicana busca juzgar a Genaro García Luna, máximo responsable de la lucha contra el narcotráfico durante el mandato del expresidente Felipe Calderón, por un delito de enriquecimiento ilícito. Un juez del Estado de México dictó el pasado jueves una orden de captura contra el exsecretario de Seguridad Pública, que se encuentra detenido en Estados Unidos desde hace un año por supuestos vínculos con el cartel de Sinaloa. García Luna, que estuvo al frente de la estrategia antidrogas entre 2006 y 2012, es reclamado ahora por la justicia de su país por no haber justificado la procedencia de 27 millones de pesos (más de 1,3 millones de dólares) invertidos en distintas propiedades.

Para poder sentar en el banquillo al político y juzgarlo por esos fondos opacos, México debe primero solicitar su extradición al Gobierno de Estados Unidos. Fuentes de la Fiscalía General de la República explican a EL PAÍS que la solicitud no está todavía tramitada, puesto que ese procedimiento implica la intervención formal de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Este expediente, sin embargo, no es el único por el que se investiga a García Luna. La justicia también examina las ramificaciones del caso que lo tiene bajo arresto en Nueva York tras ser detenido en diciembre del año pasado en Dallas, en Texas.

El pasado octubre el antiguo zar antidrogas compareció ante la misma Corte de Distrito que procesó a Joaquín El Chapo Guzmán. En la audiencia, que sufrió varias interrupciones, se declaró inocente de los cinco cargos que le imputaba el fiscal, relacionados con la posesión, distribución e importación de cocaína a Estados Unidos. El sumario suma de momento casi 190.000 páginas de pruebas que según la acusación demuestran sus nexos con el narcotráfico y el cartel de Sinaloa.

Las repercusiones de este proceso resultan potencialmente explosivas para México. No solo cuestionan la gestión de la política de seguridad de Felipe Calderón, sino que exponen una vez más el problema de los equilibrios entre las investigaciones emprendidas por los dos países. La Fiscalía mexicana ya había ampliado el caso contra el exsecretario de Seguridad y emitido una orden de aprehensión de uno de sus colaboradores, Luis Cárdenas Palomino, por la tortura de cuatro personas hace casi una década. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, siempre ha resalado la cooperación de las autoridades. Sin embargo, la nueva acción del Ministerio Público por una indagación patrimonial del exsecretario de Seguridad profundiza ahora las exigencias de México.

La decisión llega, además, diez días después de que el general Salvador Cienfuegos, ministro de Defensa durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, volviera de Estados Unidos tras pasar un mes detenido en California y después de que la justicia de ese país le retirara los cargos de narcotráfico y lavado de activos formulados en un primer momento. La Fiscalía recibió del Departamento de Justicia la carpeta con las evidencias que motivaron su arresto e informó al exjefe del Ejército de que está siendo investigado. En ese caso, Cienfuegos regresó a México tras una intensa negociación diplomática, que además se produjo mientras en el país vecino se celebraban elecciones presidenciales. El propio canciller, Marcelo Ebrard, argumentó que si existe la sospecha de que los hechos que se imputan a Cienfuegos se cometieron en México debe ser investigado y juzgado por la justicia mexicana. Al mismo tiempo, la Fiscalía estadounidense atribuyó su decisión a que las “consideraciones de política exterior sobrepasan el interés del Gobierno en perseguir el proceso contra el acusado”.

A falta de conocer los detalles de la solicitud de extradición, parecidos argumentos jurídicos —y diplomáticos— pueden aplicarse a García Luna, aunque en este caso se trata de acusaciones distintas. Cuando el exfuncionario fue detenido en Texas, López Obrador afirmó en conversación con periodistas que no se podía “adelantar ningún juicio” en su contra. “Nosotros no vamos a utilizar al Gobierno para perseguir a nadie, nunca lo hemos hecho, es un asunto de principios, no vamos a fabricarle delito a nadie”, afirmó. En ocasiones posteriores, destacó a propósito del mismo juicio “la colaboración estrecha del Departamento de Justicia y otras agencias con la Fiscalía General de la República”. La próxima vista contra García Luna en Estados Unidos está programada para el 7 de diciembre.