El pacto del agua no cala entre los partidos

El pacto del agua sigue siendo un espejismo en España. Desde hace dos décadas, el PP y el PSOE no logran ponerse de acuerdo para diseñar un plan transversal capaz de hacer frente a la cada vez más acuciante desertificación. La guerra del agua brotó en España durante la etapa de gestión del popular José María Aznar con la aprobación del Plan Hidrológico Nacional para luchar contra la sequía, que fue derogado por su sucesor en La Moncloa, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, quien sacó adelante el proyecto AGUA, sin el respaldo del PP. Poco cambió con la llegada de Mariano Rajoy al poder. La crisis económica hizo que el cambio climático no fuera una prioridad. Pedro Sánchez, a pesar de abrazar la Agenda 2030, tampoco ha dado pasos claros para alcanzar un acuerdo entre los dos bloques.

Ante la situación de alarma que el país viene arrastrando, nunca los partidos habían dedicado tanto espacio a la sequía en sus programas como en las elecciones generales del pasado julio. La propuesta estrella del PP para el 23-J consiste en plantear un pacto nacional por el agua, los socialistas apuestan por duplicar el número de desaladoras y Sumar sugiere contabilizar los pozos ilegales y frenar la construcción de instalaciones que consuman una gran cantidad de agua, como los campos de golf. Vox se desmarca de todos los partidos con su negacionismo climático y plantea conectar todas las cuencas hidrográficas.

Sin embargo, asociaciones y expertos consultados señalan que la gran mayoría de las promesas presentadas caían en la ambigüedad o eran inviables.

PP | Otra vez un pacto nacional del agua

La principal medida del Partido Popular consiste en desarrollar un Pacto Nacional del Agua, una propuesta que ha repetido la formación conservadora en sus programas electorales, especialmente desde los comicios de 2011, en los que se impuso. Una vez en el Gobierno, el entonces líder del partido, Mariano Rajoy, no pudo materializar la medida y fue testigo en 2018 de una gran manifestación contra la sequía en Madrid que reunió a más de 50.000 personas. Dentro de esa propuesta, el PP, ahora encabezado por Alberto Núñez Feijóo, propone crear una Autoridad Nacional del Agua para gestionar de manera eficiente este recurso.

Fuentes del PP aseguran que lo planteado en la propuesta “no viene a restar competencias a ningún organismo”, pero encuentran dificultades para explicar en qué sería diferente a la ya existente Dirección General del Agua, departamento adscrito al Ministerio de Transición Ecológica. Únicamente se limitan a decir que “se pretende armonizar la política de aguas de manera general” y afirman que habría “una mayor coordinación” con las autoridades autonómicas, “sin importar el partido que gobierne”, e impulsar una política hídrica que “mire por el interés de toda España en su conjunto”.

PSOE | Duplicar las desaladoras

El PSOE centra su discurso para hacer frente a la sequía en duplicar el número de desaladoras en el territorio. España está entre los cinco primeros países del mundo con mayor número de instalaciones y lidera el ranking europeo. Daniel Prats, catedrático de Ingeniería Química y miembro del Instituto Universitario del Agua, señala que la desalinización tiene beneficios como “la eliminación también de micro contaminantes y que es un proceso con un coste bajo”.

Distinta es la perspectiva de Jorge Jiménez, ingeniero técnico de Obras Públicas y trabajador de la empresa de Ingeniería Civil Ideam, para quien las desaladoras implican un riesgo, ya que este tipo de instalaciones pueden provocar consecuencias medioambientales como los vertidos de salmuera que se producen en el proceso.

Vox | Unir las cuencas de los ríos

A diferencia de los partidos tradicionales, Vox y Sumar han apostado por propuestas contra la sequía que ningún otro partido lleva en sus programas. La formación ultra se ha mostrado escéptica con el cambio climático. Dentro de sus planes, por ejemplo, se encuentra la propuesta de que España salga del Acuerdo de París y rechace los objetivos de la Agenda 2030. Esa visión negacionista del partido liderado por Santiago Abascal se ve reflejada en el programa electoral del 23-J, donde se menciona que Vox pretende hacer frente a las “imposiciones ideológicas arbitrarias en nombre de la religión climática”.

Para combatir la sequía, Vox propone conectar todos los ríos que hay en el territorio español de forma que se gestione el agua en función de las necesidades de cada zona, algo que la Fundación Nueva Cultura del Agua percibe como “un disparate, debido al coste económico y ambiental”. Desde el Colegio de Ingenieros, Canales y Puertos se considera que, si bien es una medida “viable”, esta supondría “costes operativos y ambientales importantes”. Otra de las propuestas que Vox presentó para hacer frente a la sequía es la creación de nuevos pantanos. Julia Martínez, directora técnica de la institución, también rechaza esta medida, porque “el problema en España no son los embalses, sino la escasez de agua” y añade que esta alternativa sería “tirar el dinero público”.

Sumar | Cerrar los pozos ilegales

Sumar fue el partido que más espacio dedicó a la sequía dentro de su programa electoral, en lo que han llamado “la batalla contra el desierto”. Entre las medidas, figuran dos propuestas que ningún otro partido llevaba en sus plataformas. La primera consiste en “analizar el estado del casi millón de pozos ilegales en España y proceder a su clausura, en caso de que no cumplan con la normativa para ser regularizados”. Un objetivo que contrasta con la capacidad operativa que la Guardia Civil ha demostrado en tiempos recientes.

De acuerdo a los datos del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), en los primeros siete meses de 2023 se han realizado 886 inspecciones de pozos ilegales, en las que han sido detectadas 1.140 irregularidades administrativas y 26 infracciones penales. De mantenerse un ritmo actual y asumiendo que todas las inspecciones realizadas fueran exitosas, se necesitaría incrementar en un 15.000% la capacidad operativa del Seprona para alcanzar el objetivo durante la próxima legislatura, tomando en cuenta los datos del informe. Desde Sumar han defendido la propuesta y han argumentado que “no es que sea cuestión de que sea viable o no [alcanzar ese número de pozos], sino que es importante convertir esto en una prioridad y empezar por alguna parte”.

La segunda medida presentada por Sumar es intervenir en proyectos de construcción que impliquen “grandes instalaciones demandantes de agua”, como pueden ser “campos de golf, el megacasino de Tarragona o la llamada ciudad del ocio en Extremadura”. Si bien la gestión del agua es en muchos aspectos competencia de los gobiernos autónomos, de acuerdo a Antonio Benítez, letrado y socio director de Administrativando Abogados, el Gobierno central sí cuenta con las facultades para realizar este tipo de maniobras legales en “circunstancias excepcionales”, como puede ser una emergencia por sequía. Sin embargo, “para su puesta en marcha y ejecución, requeriría de la colaboración de la comunidad autónoma correspondiente”, complementa Benítez.

Un acuerdo a largo plazo

La Fundación Nueva Cultura del Agua señala que la sequía que sufre España es un problema vinculado con la crisis climática, pero en el que la acción política puede influir en contener o agravar sus consecuencias. Desde el Colegio de Ingenieros de Caminos afirman que la desertificación no es un problema que se pueda solventar en una sola legislatura, sino que se tiene que mirar a largo plazo y siempre pensando en el medioambiente y en los costes económicos. Cada formación tiene su fórmula de gestionar la escasez del agua, pero los expertos coinciden en que lo idóneo sería un pacto entre el Gobierno central y las comunidades, que apunte a largo plazo, para paliar los efectos de un problema que afecta a todos los ciudadanos.

Este trabajo forma parte de un especial sobre la sequía realizado por los alumnos de la Escuela de Periodismo UAM-EL PAÍS. Consulta aquí más información sobre el máster