Una funcionaria de EE UU dice que ha sido despedida tras oponerse a que Mel Gibson recupere su derecho de poseer armas

Elizabeth G. Oyer, exabogada de indultos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, dice que ha sido despedida tras oponerse a restituir el derecho de Mel Gibson a poseer armas, que el actor perdió en 2011 tras golpear a su exnovia, Oksana Grigorieva. En una entrevista en exclusiva con The New York Times, publicada este 10 de marzo, la propia Oyer narra el desarrollo de los hechos relacionados con el conocido intérprete y director y cómo, a medida que se sucedían, temía que estos pudieran desembocar en su despido. La exabogada le llegó a decir a un compañero cercano del trabajo: “No puedo creerlo, pero creo que Mel Gibson va a ser mi caída”, recuerda en el medio neoyorquino. Al final, ese ha sido el caso.

La exfuncionaria consideraba que tener un trato de favor hacia Gibson, destacado partidario del presidente Donald Trump, era una desviación alarmante que ponía en riesgo la seguridad pública y la integridad del Departamento de Justicia. “Esto es peligroso. No es político, es una cuestión de seguridad”, asegura al periódico estadounidense sobre si se debe devolver el derecho a portar armas a las personas condenadas por violencia machista. La existencia de un debate y de discusiones en el Departamento de Justicia sobre armas, violencia de género y el poder de los famosos ha sido confirmado por otras dos personas familiarizadas con los acontecimientos, pero que hablan desde el anonimato por temor a las represalias. Aunque uno de ellos asegura a The New York Times que el desacuerdo sobre Gibson no ha tenido ningún papel en la decisión de despedir a Oyer. Ni el actor ni sus representantes han hecho declaraciones por el momento.

La intricada historia comenzó hace unas dos semanas. Oyer se incorporó a un grupo del Departamento de Justicia para evaluar casos de personas condenadas por delitos varios y decidir a quiénes se les podía restablecer el derecho a portar armas, reconocido en la Constitución de EE UU, afirmaba a The New York Times. El grupo presentó un listado de 95 candidatos ante el fiscal general para que este realizase una evaluación y tomase la decisión final. La lista estaba compuesta por personas cuyas condenas tenían décadas de antigüedad y que habían pedido que se levantara la restricción o con un riesgo de reincidencia bajo, según las estimaciones del grupo en el que participaba Oyer.

Los 95 candidatos fueron presentados en la oficina del fiscal general adjunto y abogado de Donald Trump, Todd Blanche, quien redujo la lista a solo nueve personas. Después de esta selección, se le pidió a Oyer que redactara un borrador de memorando recomendado que los nueve candidatos seleccionados por Blanche recuperasen sus derechos de armas. Lo hizo el pasado jueves 6 de marzo. La solicitud de incluir también a Gibson llegó el viernes 7. “Me lo enviaron de vuelta diciendo: ‘Nos gustaría que añadiera a Mel Gibson a este memorando”, afirma a The New York Times. Y añadía que, junto a la solicitud, había una carta fechada en el pasado mes de enero en la que el abogado del intérprete había escrito a dos altos funcionarios del Departamento de Justicia, James R. McHenry III y Emil Bove III, solicitando que se le devolvieran sus derechos de posesión de armas. La razón que se alegaba en el escrito era que había hecho varias películas importantes y de éxito y que el presidente Trump lo había nombrado, junto con Jon Voight y Sylvester Stallone, como su emisario para relacionarse con Hollywood.

La carta también decía que Gibson había intentado comprar armas en los últimos años, pero que le habían denegado el permiso debido a su condenada por violencia machista en 2011. En el episodio, el actor portaba un arma y le rompió a Grigorieva varios dientes en un forcejeo mientras su entonces pareja sujetaba a la bebé de ambos. La demanda contra el intérprete fue acompañada de audios en los que se escuchaba: “Si te violase una manada de negros, te lo merecerías. Voy a ir allí y prenderé fuego a la casa, pero primero me la vas a chupar”. La defensa de Gibson aseguró entonces que era una frase “sacada de contexto” y el actor se lo tomó como una “traición”, pero en el juicio prefirió no refutar los cargos y llegar a un acuerdo con la fiscalía para evitar la cárcel. Tuvo que pagar a su expareja 750.000 dólares. Y fue condenado a servicios comunitarios, tener que seguir terapia y tres años de libertad condicional.

Para Oyer, la solicitud de añadir a Gibson en la lista era “preocupante por múltiples motivos”. El resto de candidatos habían sido investigados y se había estudiado la probabilidad de que cometiesen otro delito. En el caso de Gibson, no. “Devolver las armas a abusadores domésticos es un asunto serio que, en mi opinión, no es algo que pueda recomendar a la ligera porque hay consecuencias reales que se derivan de que personas con antecedentes de violencia doméstica estén en posesión de armas de fuego”, asegura la exabogada en la entrevista. Oyer también conocía el mediático episodio de Gibson en 2006, cuando el actor abusó verbalmente de un policía profiriendo comentarios antisemitas durante una detención policial por conducir ebrio. Sobre estas controversias, el intérprete negó haber tratado alguna vez a alguien de manera discriminatoria y también calificó el suceso como “terriblemente humillante y doloroso para mi familia”.

Según los hechos relatados por Oyer a The New York Times, siendo conocedora de las circunstancias del actor respondió a sus superiores a través de un correo electrónico diciéndoles que no podía recomendar que el fiscal general le restableciera el derecho de posesión de armas. Horas después, recibió una llamada del Departamento de Justicia en la que le preguntaron si su decisión era firme. Respondió que así era. “Luego me explicaron que Gibson tiene una relación personal con el presidente Trump y que eso debería ser base suficiente para que yo hiciese esa recomendación y que sería prudente hacerla”. Tras una conversación en la que el tono pasó de amistoso a condescendiente y, finalmente, a intimidatorio, Oyer pasó una noche sin dormir tratando de descubrir cómo salir de esa situación. “Entendí que la posición en la que me encontraba me obligaría a comprometer mis opiniones y mi ética, o que seguramente perdería mi capacidad de participar en estas cuestiones en el futuro”.

El viernes 7 de marzo, antes de que ese mismo día la despidieran, Oyer escribió otro borrador de memorando donde explicaba que no conocía los detalles del caso de Gibson y que, en última instancia, la decisión era del fiscal general, pero no recomendaba explícitamente que recuperara su derecho a poseer armas. Horas más tarde, mientras estaba en una reunión, recibió una llamada diciéndole que tenía que regresar a su oficina de inmediato. Allí dos agentes de seguridad la esperaban para entregarle una carta del fiscal general adjunto en la que la despedía. Los mismos que observaron cómo ponía algunas de sus pertenencias en cajas y la escoltaron a la salida del edificio.

Esta práctica de indultos ha sido defendida por algunos sectores de la derecha que sostienen que no todas las personas con condenas penales son peligrosas o merecen esa prohibición. Por otro lado, los detractores sostienen que hacerlo, en particular cuando se trata de personas condenadas por violencia machista —como es el caso de Gibson—, conlleva riesgos significativos. Oyer explica en su entrevista la importancia de estas decisiones y la intervención por parte de la Administración con estas palabras: “La ley federal prohíbe a las personas condenadas por delitos, incluidos los delitos menores de violencia doméstica, comprar o poseer un arma de fuego. Durante décadas, la ley ha otorgado al Departamento de Justicia la autoridad para restablecer los derechos de propiedad de armas a individuos específicos, pero en la práctica eso no se ha hecho, en parte debido a los límites impuestos por el Congreso”.

“Ella fue una de varios funcionarios de alto rango del Departamento de Justicia que fueron despedidos el viernes, la última de una serie de medidas de la Administración Trump para destituir o degradar a abogados de carrera de alto nivel que desempeñan papeles críticos en las decisiones del departamento. No le dijeron por qué la despidieron, pero a medida que se desarrollaron los acontecimientos, temió que pudieran llevar a su despido”, explica Devlin Barrett en su artículo.