Meloni responde al revés de la justicia con un decreto para forzar nuevas deportaciones de migrantes a Albania

Giorgia Meloni está en un aparente callejón sin salida en su empeño de continuar con su plan de deportaciones de migrantes a Albania por los obstáculos legales planteados por los tribunales. Sin embargo, la primera ministra italiana está decidida a seguir adelante. Entre otros motivos, porque se siente respaldada por Bruselas y por muchos países de la UE que ven con buenos ojos su iniciativa: a la reunión de la semana pasada en la capital belga para explicar su modelo acudieron representantes de 11 Estados miembros y la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Aunque el primer ensayo haya fracasado, con 16 migrantes deportados la semana pasada que acabaron llegando a Italia de todos modos, Meloni considera que ya se ha abierto la puerta a las deportaciones. Ahora, simplemente se trata de perseverar y perfeccionar el mecanismo con las reformas legales que hagan falta. Y en eso está: en un Consejo de Ministros reunido la tarde de este lunes ha aprobado un decreto ley que reafirma sus criterios para los protocolos rápidos de deportación y con el que espera poder forzar a los jueces a convalidar el próximo traslado a Albania. Entre otras cosas, ha reducido de 22 a 19 los países que Italia considera seguros y a cuyos ciudadanos, por tanto, se puede aplicar el protocolo rápido con deportación y posterior repatriación. De la lista se han caído Camerún, Colombia y Nigeria. Pero se mantienen todos los demás, entre ellos los de mayor número de llegadas a Italia.

Según los medios italianos, ya la próxima semana zarpará otra nave con un nuevo grupo, en cuanto se produzcan nuevos rescates y las condiciones del tiempo lo permitan. No obstante, según los juristas, el decreto ley no cambiará nada, pues los tribunales se han limitado a aplicar una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que es vinculante, y es probable que un segundo traslado fracase de nuevo. Esta resolución indicaba que si en un país hay una zona donde no se respeten los derechos humanos, o hay algún colectivo que sufra discriminación, debe considerarse no seguro todo el país. Era el caso de Blangladés y Egipto, nacionalidad de los 12 migrantes internados en Albania, y por esa razón el Tribunal de Roma ordenó su traslado a Italia. Y era el caso, en total, de 15 de los 22 países considerados seguros por Italia, motivo por el que esta sentencia europea hacía tambalearse todo el sistema de deportaciones a Albania.

No obstante, el ministro de Justicia, Carlo Nordio, que había definido la sentencia del Tribunal de Roma como “anormal”, ha argumentado este lunes tras el Consejo de Ministros que la resolución europea “no ha sido bien comprendida”. Si la oposición ya había pedido su dimisión y la magistratura había criticado sus palabras, sus nuevas declaraciones no parece que vayan a calmar los ánimos. Ha asegurado que los jueces quizá no han entendido bien la sentencia europea, porque “es muy complicada y está escrita en francés”.

En opinión del ministro, “el núcleo de la sentencia es que el juez, en el momento en que se pronuncia, debe decir de manera exhaustiva y completa, cuáles son las razones por las que, para un individuo, un determinado país no es seguro”. En ese sentido, señaló que la sentencia italiana era incompleta y no argumentada. Es decir, la línea del Gobierno es que hay que analizar caso por caso de manera individual, y no bastaría simplemente venir de un país considerado no seguro.

Nordio señaló además que los migrantes deportados no tenían documentación, luego su nacionalidad es “incierta”, y un juez no puede decidir sobre su país de origen con garantías. Se trata de un punto clave en el modelo Albania. Precisamente, según denunció la delegación parlamentaria que visitó a los migrantes el campo de internamiento de Gjadër, uno de los principales criterios para seleccionar los deportados, tras el rescate en el mar, fue el hecho de que no tuvieran el pasaporte. Porque esto aumentaba las posibilidades de expulsarlos y facilitaba su inserción en el protocolo rápido, aunque los migrantes alegaron que les habían robado sus pasaportes en Libia.

Con este decreto ley, una norma de rango superior a la vigente hasta ahora, que era un decreto del ministerio de Asuntos Exteriores en coordinación con el de Justicia e Interior, Meloni confía en blindar el criterio del Gobierno y que los jueces tengan que aceptar sus directrices. Nordio ha asegurado que los jueces pueden no aplicar un acto administrativo, “una norma secundaria, pero no una ley primaria”. “Si la lista de países seguros está inscrita en una ley, el juez no puede no aplicarla”, ha sostenido. Habrá que ver entonces qué sucede con la próxima deportación. Si es cuestión de interpretaciones pueden seguir manteniéndose las divergencias de punto de vista y, en definitiva, el choque entre Meloni y los jueces puede ir a más.

En medio de las críticas de la oposición por un plan de deportaciones que ya considera fallido e ilegal, el Movimiento Cinco Estrellas ha denunciado al Gobierno ante el Tribunal de Cuentas, por la enorme inversión que supone construir un campo de acogida y otro de internamiento de Albania (800 millones en cinco años y un primer traslado que costó unos 18.000 euros por cada uno de los 16 migrantes). También el Papa y la Iglesia italiana se han posicionado claramente contra el modelo Albania. El vicepresidente de los obispos italianos, Francesco Savino, dijo el domingo que “los migrantes son hermanos y hermanas con su dignidad, no paquetes para lanzar de una parte a otra”. Y este lunes, Francisco ha advertido de que no se puede “cerrar la puerta a los inmigrantes”. “El migrante debe ser acogido, acompañado e integrado”, subrayó en un mensaje en vídeo dirigido a una asamblea de Acción Católica Italiana.

El Ejecutivo de ultraderecha ha cargado duramente estos días contra los tribunales, con la acusación de arrogarse competencias que no les corresponden, e insiste en que no pueden ser ellos quienes fijen la política exterior ―en este caso qué países se pueden considerar seguros a priori para poder retener en la frontera a aquellos de sus ciudadanos que pidan asilo, ante la previsión de que se rechace―. La tensión del ambiente ya recuerda a los días de Silvio Berlusconi y sus ataques a los jueces, a los que atribuía odio ideológico y conspiraciones para derribarle, en contra de la voluntad popular. Se repiten idénticos argumentos.

Desde la magistratura se responde que los tribunales solo aplican las leyes, que es lo que en todo caso debería cambiarse. Esto es lo que va a intentar Meloni, con un resultado incierto, porque en realidad, según los juristas, son las normas europeas las que habría que modificar. La convicción de Meloni para insistir en su plan también se debe a que la propia Comisión ha anunciado su intención de revisar toda la normativa referente a qué países pueden considerarse seguros, para facilitar las deportaciones. El Gobierno ha repetido que lo que está haciendo Italia dentro de poco se hará en toda la UE, a partir de la entrada en vigor del pacto europeo de inmigración en 2026.

La clave del enfrentamiento entre el Ejecutivo de ultraderecha y los tribunales italianos está en ese punto; en lo que se considera un país seguro, al que, por tanto, se puede a priori repatriar una persona que solicita asilo, porque no hay razones que justifiquen aceptar su petición. Esta es una pieza fundamental del esquema en el polémico protocolo rápido de retención en frontera, gestión y rechazo de solicitudes de asilo que Italia aprobó en marzo de 2023 y que quiere aplicar en Albania.

Para aplicar ese procedimiento acelerado, Italia estableció una lista de 22 países seguros, cuyos ciudadanos pueden ser deportados a Albania, porque se prevé que sus peticiones de asilo se rechacen. Sin embargo, una reciente sentencia del 4 de octubre del Tribunal de Justicia de la UE recortó en la práctica esa lista y dejó los países seguros en solo siete. Esto tiene consecuencias nefastas para el modelo Albania: se caen de la lista los principales Estados de origen de la inmigración que llega por el Mediterráneo, como Bangladés, Egipto o Túnez. Es decir, prácticamente condenaba el plan deportaciones al cierre.

Por lo demás, el obstáculo legal se veía venir, porque ya los tribunales de Palermo y Catania, en Sicilia, donde se tramitan la mayoría de las peticiones, han rechazado en el último año y medio el 90% de las solicitudes de convalidación de retención en frontera. Ahora, el Gobierno vuelve a reafirmarse en su lista de países seguros, y habrá que ver lo que hacen los tribunales ante la próxima deportación.

La lista de 19 países de origen considerados seguros ahora por Italia es la siguiente: Albania, Argelia, Bangladés, Bosnia y Herzegovina, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Norte, Marruecos, Montenegro, Perú, Senegal, Serbia, Sri Lanka y Túnez. En cambio, según el criterio de la sentencia europea aplicado por el Tribunal de Roma, solo serían seguros Cabo Verde, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, Kosovo, Serbia, Montenegro y Albania.