Starmer acelerará la puesta en libertad de miles de reclusos para evitar el desbordamiento de las prisiones británicas

Las prisiones de Inglaterra y Gales están a punto de desbordarse, incapaces de acoger más reclusos. La crisis se arrastra desde hace más de un año, y el nuevo Gobierno laborista ha tenido que convertir el asunto en una prioridad. “Lo que nos hemos encontrado es espeluznante. Mucho peor de lo que yo pensaba (…) Es la demostración del fracaso total de un Gobierno”, ha confesado con alarma esta semana el primer ministro, Keir Starmer. La ministra de Justicia, la abogada musulmana, Shabana Mahmood, ha anunciado este viernes medidas de urgencia para aliviar la situación.

El Gobierno adoptará a partir de septiembre la decisión provisional de permitir que ciertos presos puedan salir a la calle una vez cumplido el 40% de su sentencia. Se aplicará a todos aquellos que cumplan condenas que no superen los cuatro años, y quedan excluidos los que hayan cometidos delitos violentos, actos relacionados con el terrorismo, agresiones sexuales o violencia de género, así como los que hayan sido condenados a prisión permanente revisable.

En todos los casos que contemplan las nuevas medidas ya era normal que los presos salieran en libertad vigilada una vez cumplido el 50% de la pena. La ministra ha anunciado que 1.000 nuevos agentes de vigilancia de la libertad condicional se incorporarán al sistema judicial.

Las medidas anunciadas pueden suponer que hasta 20.000 presos salgan a la calle antes de lo previsto.

“Si nos quedamos sin espacio penitenciario, el país se enfrenta a la posibilidad de que mucha gente peligrosa ande merodeando por todo el Reino Unido sin un lugar donde ir”, que los agentes de policía sean incapaces de detener a los criminales y que “bandas de saqueadores campen a sus anchas”, ha dicho Mahmood, durante su visita a la prisión de Five Wells, en la localidad de Northamptonshire. Es una prisión relativamente moderna, pero antes había acudido a la de Bedford, construida a comienzos del siglo XIX.

La ministra ha asegurado que las cárceles iban a quedarse sin espacio disponible “en cuestión de semanas”, y que la situación llevaría “al colapso de la ley y el orden”.

Aunque el panorama expuesto por el Gobierno entrante tiene algo de exageración dickensiana, al presentar el sistema carcelario heredado de los tories casi como el inframundo victoriano opresivo e injusto que describió el escritor inglés, las cifras son verdaderamente alarmantes.

La capacidad óptima de las prisiones de Inglaterra y Gales es de 88.956 reclusos. Este mismo viernes, según las últimas cifras oficiales, había encarceladas 87.505 personas (83.859 hombres y 3.646 mujeres). Es decir, espacio libre para poco más de 1.400 presos. Pero es que hace apenas un año la población penitenciara total era de 86.035 internos. A ese ritmo de crecimiento, la situación se presentaba insostenible.

Las prisiones han funcionado a un 99% de su capacidad durante el último año y medio, incorporando cada semana un centenar de nuevos reclusos.

La solución provisional, y poco deseable, sería utilizar las celdas de las propias comisarías. “Si acabamos inundando los espacios de las comisarías, la policía será incapaz de arrestar a nadie, porque no tendrá espacio donde meterlos”, ha advertido en la BBC Mark Fairhurst, presidente de la Asociación de Funcionarios de Prisiones.

Un problema heredado

El anterior Gobierno conservador de Rishi Sunak era perfectamente consciente del problema carcelario. Quien fuera entonces ministro de Justicia, Alex Chalk, había insistido durante meses en poner en marcha la liberación adelantada de miles de prisioneros que ha anunciado ahora Mahmood. La desesperada situación electoral y política en que se hallaban los tories, y su candidato Sunak, les llevó a guardar en el cajón unas medidas que, temían, podrían volverse en su contra y espantar a los votantes. El Ejecutivo de entonces se limitó a poner algunos parches, al adelantar hasta en 70 días, de modo discreto, la puesta en libertad vigilada de algunos reclusos.

La tendencia de los últimos años, no solo entre los políticos conservadores sino también entre los laboristas, ha sido la de endurecer su discurso en materia de seguridad y dar prioridad a la preservación de la ley y el orden. Entre 2012 y 2023, las sentencias por robo han visto incrementada su duración una media de 13 meses, según un informe reciente del centro de análisis Institute for Government.

Añadido a esto el atasco que vive el sistema judicial británico, las cárceles se han visto saturadas con reclusos en prisión preventiva que aún no conocen su condena exacta. El nuevo Gobierno laborista siente auténtico pánico ante la idea de que estallen motines dentro de las prisiones durante sus primeras semanas de mandato.

El desafío de la violencia de género

Una de las promesas estrella del programa electoral laborista, elaborado en gran parte por un candidato -Starmer- que fue antes abogado y director de la Fiscalía General de la Corona, era la de afrontar con mano dura la plaga de violencia de género -que en el Reino Unido sigue denominándose violencia doméstica- que sufre el país.

El compromiso de Starmer apunta a una reducción a la mitad de estos casos en una década, con juzgados especializados en la violencia de género y equipos de especialistas para atender las llamadas de urgencia al teléfono 999. Pero Nicole Jacobs, que ocupa desde 2019 el cargo de Alta Comisionada para la Lucha contra los Abusos Domésticos, envió a Starmer una carta, antes de las elecciones, en la que le advertía de que la crisis de prisiones había coincidido con un tiempo en el que el número de condenas por violencia doméstica había sido especialmente bajo. Apenas 3 de cada 10 acusados de violación acababan en prisión.

Si el plan laborista para aumentar la dureza contra los abusadores se ponía en marcha, advertía Jacobs, el número de presos adicionales podría aumentar cada año en 10.000.

La situación se ha convertido en un desafío notable para Starmer y para su secretario de Estado para Prisiones, James Timpson, un político de mentalidad liberal y reformista que aspira a introducir mejoras en el sistema que primen su función rehabilitadora frente a la punitiva.

Ese plan a largo plazo, sin embargo, debe combinarse con una política de dureza contra los delincuentes, como ha prometido el nuevo primer ministro, y no verse agravado por consecuencias imprevistas, en forma de nuevos crímenes a manos de los recién liberados, que serían convenientemente explotados por los diarios tabloides conservadores y dañarían irreparablemente la imagen del Gobierno entrante.

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