Las protestas nacionalistas se apagan en el Sáhara medio siglo después de su cesión a Marruecos

Djimi el Ghalia observa constantemente por el retrovisor mientras conduce en El Aaiún su viejo Ford Fiesta al inicio de la carretera de Esmara, un bastión nacionalista. “Nos siguen una moto y un coche, lo de costumbre”, explica en un castellano con marcado acento magrebí esta militante saharaui, que pasó 16 de sus 63 años en una prisión secreta marroquí acusada de simpatizar con el Frente Polisario. En varias esquinas permanecen estacionados vehículos policiales de la Seguridad Nacional y de las Fuerzas Auxiliares. “Ahora resulta muy difícil alzar la voz y hay muy pocas protestas en el Sáhara Occidental. Algunos jóvenes participan en pequeñas manifestaciones, por corto tiempo y lejos de la presencia policial”, explica tras llegar a su casa, ataviada con la tradicional melfa saharaui, mientras sirve té con el ritual del desierto. “Agentes de paisano graban en vídeo a los manifestantes. Luego hacen una ficha personal de cada uno”, asegura.

“Los partidarios de Tinduf [sede del Frente Polisario en los campamentos de exiliados del suroeste de Argelia] solo han podido organizar concentraciones esporádicas con un puñado de participantes. Aquí no hay estado de sitio”, precisa en un refinado francés el wali o gobernador de la región de El Aaiún, Abdesalem Berkate, quien sostiene que las protestas se han ido apagando en la última década. “Marruecos ha forzado un cambio contra el fatalismo. El Estado ha hecho un esfuerzo excepcional en el Sáhara en infraestructuras, creación de empleo, subvenciones y exenciones fiscales”, explica en su despacho oficial el máximo representante del aparato de poder ejecutivo que emana directamente del palacio real de Rabat.

Tras la llegada masiva de nuevos vecinos marroquíes, El Aaiún se aproxima a los 500.000 habitantes, la mitad de la población estimada del Sáhara, según las previsiones que se plantean ante el censo de población de 2024. El Instituto Nacional de Estadística español registró hace ahora 50 años la presencia de cerca de 75.000 saharauis, junto a 30.000 españoles, antes de abandonar el territorio y de cederlo al año siguiente a Marruecos y, por poco tiempo y en parte, a Mauritania.

La acampada pacífica que derivó en sangrienta revuelta de Agdaym Izik, en la que perdieron la vida en noviembre de 2010 manifestantes saharauis y agentes de las fuerzas de seguridad en las inmediaciones de El Aaiún, marcaron el último gran hito de la tensión. Militantes nacionalistas como Djimi el Ghalia reconocen que desde mayo de 2013 no han vuelto a producirse actos de protesta masivos.

Represalias económicas

“Desde entonces se aplican represalias económicas. La mayoría de la gente teme perder la llamada cartilla de promoción nacional, que asigna una pequeña ayuda económica, si participan las protestas”, asegura El Ghalia. Para recuperarla deben firmar un compromiso de no volver a asistir a manifestaciones, según sostiene, y los jóvenes se arriesgan a perder las becas y bonos de transporte, que se conceden generalmente a todos los residentes en el Sáhara para estudiar en centros marroquíes. “Esta es la peor opresión”, advierte, “sin esas ayudas la mayoría no puede subsistir”.

Como el resto de las autoridades, Mulay Hamdi Uld Errachid, alcalde de El Aaiún desde 2010 y diputado en el Parlamento por el partido Istiqlal (nacionalista marroquí), sostiene que la estabilidad del Sáhara Occidental se basa en el desarrollo económico impulsado por el Gobierno de Rabat en el último medio siglo. Nacido hace 77 años en la capital del territorio, el regidor se apoya en un intérprete en sus declaraciones, en las que mezcla el castellano con el hasaní, la variedad dialectal del árabe hablado por los saharauis, para desgranar las inversiones del Gobierno en la ciudad, como el nuevo hospital universitario, la Facultad de Medicina o las infraestructuras de circunvalación. “Esto era la provincia 53ª del franquismo español, pero aparte de algunos edificios públicos, España solo dejó cuarteles y chabolas cuando salió en 1976″, argumenta en una sede municipal que aún lleva el sello de la arquitectura colonial.

En su informe de 2023, Amnistía Internacional precisa que la policía marroquí dispersó varias protestas, coincidiendo con la primera visita al territorio del enviado de la ONU para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, en septiembre del año pasado. Dos docenas de manifestantes fueron detenidos en El Aaiún y cuatro activistas quedaron retenidos en Dajla para que no pudieran acudir a una entrevista con De Mistura.

La militante en favor de la autodeterminación del Sáhara El Ghalia sí pudo reunirse con él. “Hablamos en la sede de la Minurso [Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental] en El Aaiún, cuando las autoridades le permitieron venir finalmente”, recuerda, “y nos pidió que le ayudáramos a reflexionar sobre cómo solucionar el conflicto”. Estar callados no significa que la situación sea normal, le dijeron también al enviado de la ONU. “Si para nosotros, como activistas de la causa saharaui, es difícil protestar, para la mayoría mucho más”, reconoce El Ghalia.

Más de 300 desaparecidos, como ella y su marido, fueron liberados en 1991 después de largos años de detención sin juicio y sin haber informado a sus familias de su paradero. “A través de la Instancia de Equidad y Reconciliación [organismo creado por Mohamed VI al inicio de su reinado para pasar la página de la represión bajo el rey Hassan II], Marruecos nos reconoció como víctimas. Nos dieron un montón de dinero como reparación, pero eso no es suficiente. Nosotros aún vivimos bajo los años de plomo [la etapa de máxima represión en los años setenta y ochenta], a pesar de ejercer una disidencia pacífica”, remacha la activista saharaui.

Un portavoz de la Minurso revela en un intercambio de mensajes que la cifra de incidentes armados entre el ejército marroquí y los militantes del Frente Polisario analizados por la ONU –en torno al muro de tierra o terraplén que divide el territorio de la antigua colonia española– ha descendido, aunque se suceden los ataques con drones marroquíes en un conflicto de baja intensidad tras el colapso del alto el fuego en noviembre de 2020. El Sáhara Occidental sigue siendo uno de los territorios más contaminados por minas terrestres y munición sin explotar en todo el mundo. La Minurso ha podido reiniciar recientemente las operaciones de desminado, que quedaron suspendidas hace cuatro años.

La ONU intenta prevenir una nueva escalada del conflicto, señala la misma fuente, así como “crear un espacio propicio para el proceso político conducido por el enviado del secretario general para el Sáhara Occidental”. Desde el pasado abril, cuando se reunió en Rabat con el ministro de Asuntos Exteriores, Naser Burita, De Mistura no ha vuelto a dar ningún nuevo paso de mediación.

Concentraciones minoritarias ocasionales

Observadores independientes en El Aaiún constatan que apenas hay manifestaciones en los últimos tiempos, y que las que se producen son minoritarias y ocasionales. Muchos saharauis se han apartado de la política, como Abdelá al Hairach, de 65 años, un profesor nacionalista que se concentra en ayudar a migrantes subsaharianos al frente de la Asociación Inmigración y Desarrollo. “Las autoridades han abierto un nuevo centro de detención de inmigrantes en un lugar aún no declarado”, asegura en un fluido español aprendido en su infancia en el Sáhara colonial. “En El Aaiún hay entre 2.000 y 3.000 migrantes subsaharianos en tránsito, pero hay muchos más en la costa a la espera de una patera, a partir de unos 3.000 euros de pago por la travesía clandestina hasta Canarias”, asegura El Hairach.

—¿Cree que Marruecos va a establecer un sistema de autonomía política plena para el Sáhara?

—Llevamos casi 50 años ya con Marruecos. Pienso que es imposible que podamos tener una autonomía como la del País Vasco o Cataluña en España. Es una causa perdida– replica el profesor saharaui.

“Tenemos la esperanza de un futuro compartido entre los pueblos”, sostiene a su vez Djimi el Ghalia, “pero Marruecos debe respetar nuestra voluntad de poder elegir qué futuro queremos. Si el pueblo saharaui quiere la autonomía, lo aplaudiremos, pero si quiere la independencia, esa será su decisión”.

En la sede de la Asociación Generaciones de La Paz, exalumnos del Colegio la Paz en el Aaiún, centro de educación español en la capital del Sáhara que siguió impartiendo clases tras la salida de España del territorio, una docena de saharauis en torno a los 60 años conforman un inusual foro de debate público. Se trata de la junta directiva de la asociación. Un coro de voces con el sonoro castellano que todavía se escucha en el Sáhara. En torno a una mesa se puede hablar de todo, menos de política.

“Nuestros estatutos dejan claro que nuestros fines son culturales y educativos”, explica Bashir Bussola, de 65 años, secretario de la asociación, un economista formado en la Universidad de Salamanca. “Somos representantes de la sociedad civil que se educó en castellano en El Aaiún”, puntualiza en una céntrica casa del que fue barrio español, con una característica cúpula semiesférica.

“Pero la política siempre acaba saliendo a relucir en nuestras conversaciones”, tercia entre bromas y veras Gajmula Ebbi, de 62 años, licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Rabat. “Es inevitable”, apostilla esta antigua alumna del Colegio la Paz, que se exilió con su familia en los campamentos de Tinduf y militó en las filas del Frente Polisario entre 1975 y 1992, antes de regresar a El Aaiún para convertirse durante 14 años en diputada en el Parlamento marroquí por el Partido del Progreso y el Socialismo.

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