Graves disturbios en el archipiélago francés de Nueva Caledonia en protesta por una reforma constitucional

Cuatro muertos, entre ellos un gendarme por un disparo, y centenares de heridos es el balance de dos días de disturbios en Nueva Caledonia, el archipiélago francés de 270.000 habitantes en el Océano Pacífico. Los independentistas rechazan el proyecto de París para ampliar el cuerpo electoral en la vieja colonia e incluir así a votantes partidarios de mantenerse en Francia.

El presidente Emmanuel Macron, tras reunir el Consejo de defensa y seguridad en el palacio del Elíseo en París, decidió el miércoles decretar el estado de emergencia en Nueva Caledonia. Las autoridades han impuesto un toque de queda. El primer ministro, Gabriel Attal, anunció el despliegue de las fuerzas armadas para proteger los aeropuertos y puertos, y la prohibición de la red social TikTok. Hay desplegados, además, 1.800 policías y gendarmes, y un refuerzo de 500 más está en ruta.

Las protestas han dado un giro violento desde el lunes con saqueos, disparos, incendios y tiroteos. “La situación es insurreccional”, denunció el alto comisario de la República, Louis Le Franc, quien alertó sobre el riesgo de una “guerra civil”. Los disturbios, en los que participan sobre todo jóvenes de entre 15 y 25 años, reavivan el espectro de los años ochenta, cuando Nueva Caledonia llegó a una situación que históricamente se califica de “casi guerra civil”, y que fue desactivada gracias a los acuerdos de Matignon en 1988, que pacificaron durante décadas el territorio.

La crisis parece haber sorprendido al presidente de la República y a su Gobierno. Y eso, pese a las advertencias repetidas procedentes de la isla y de antiguos primeros ministros como Manuel Valls y Édouard Philippe, que en el pasado estuvieron implicados en las negociaciones sobre Nueva Caledonia.

Macron ha llamado a los independentistas y a los loyalistes, partidarios de que Nueva Caledonia siga en Francia, a ponerse de acuerdo entre ellos. En caso contrario, convocará en junio al Congreso, integrado por la Asamblea Nacional y el Senado, para que adopte definitivamente la reforma de la Constitución que modificará el cuerpo electoral en el archipiélago.

La Asamblea Nacional aprobó en la noche del martes al miércoles por 351 votos a favor y 153 en contra el proyecto de ley, adoptado antes por el Senado. Los independentistas interpretan el voto como una provocación de París en un momento extremadamente delicado; los loyalistes, como una señal de que los diputados no se dejarán intimidar por los violentos. Votaron a favor los diputados del centro macronista, la derecha y la extrema derecha, y en contra, la izquierda.

Hasta ahora, estaban registradas en el censo para las elecciones provinciales, que deben celebrarse como máximo en 2025, los inscritos antes de 1998. Esto excluía a uno de cada cinco votantes potenciales. Con la reforma, si se adopta, estarán registrados todos los nativos y quienes lleven más de 10 años de residencia.

En Nueva Caledonia, el 41% de la población es población autóctona o kanaka, y un 24% europea o caldoche. El resto procede de otros territorios o comunidades. Quién figura en el censo es políticamente explosivo, porque puede determinar el futuro del archipiélago, colonizado por Francia en 1853, inscrito desde 1986 en la lista de la ONU de territorios no autónomos pendientes de descolonizar, y hoy con una amplia autonomía en casi todas las materias menos en la militar, policial y judicial.

El territorio es estratégico en el tablero del Pacífico, donde China y Estados Unidos se disputan la influencia, y donde Francia quiere hacerse oír. “Una Nueva Caledonia independiente se encontraría, de hecho, bajo influencia china”, se lee en un informe de 2021 del Instituto de investigaciones estratégicas de la Escuela Militar, dependiente del Ministerio francés de los Ejércitos. El archipiélago, en caso de lograr la plena soberanía, serviría a China para “aislar a Australia” y “[le] garantizaría “el suministro de materias primas, especialmente el níquel”.

Los independentistas kanakos ven en las modificaciones del censo una manera de diluir su influencia entre los franceses de Europa que han llegado en los últimos años. También reprochan a Macron que en vez de actuar como árbitro imparcial entre ambas comunidades, el Estado ejerza como abogado de una parte. Y señalan las responsabilidades que el presidente ha encomendado en su Gobierno o su mayoría parlamentaria a líderes loyalistas. Estos sostienen que el censo actual no es plenamente democrático al no reflejar la población real de Nueva Caledonia.

Entre 2018 y 2021, Nueva Caledonia ha celebrado tres referéndums de independencia. El no ha ganado en las tres ocasiones. La última, con polémica, pues los independentistas del Frente de Liberación Nacional Kanako y Socialista (FLNKS) con el argumento de que la covid-19 había impedido hacer campaña en condiciones de equidad.

Los independentistas de la llamada Célula de coordinación de acciones de terreno (CCAT) declararon en un comunicado que los disturbios, “no eran necesarios”, pero añadieron: “Son la expresión de los invisibles de la sociedad que sufren en toda regla las desigualdades y están marginados cotidianamente”.

Una fuente citada por Le Monde ha indicado que dos de los tres muertos civiles en los disturbios son jóvenes kanakos que murieron por los disparos de caldoches. El comisario Le Franc explicó en rueda de prensa que al menos uno había sido víctima “de alguien que quiso defenderse”. “Les dejo imaginarse que ocurrirá si hay milicias que se ponen a disparar a gente armada”, añadió.

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