Bruselas propone “una integración gradual” a los candidatos a entrar en la UE
La Comisión Europea empieza a concretar las reformas que exige a Ucrania, Moldavia y los Balcanes occidentales para convertirse en miembros del club comunitario
La Comisión Europea empieza a concretar las reformas que reclama a los aspirantes a entrar en la Unión Europea, especialmente a Ucrania. Las ha presentado en una comunicación remitida al Parlamento y al Consejo Europeo un día antes del comienzo de la nueva cumbre entre jefes de Estado y Gobierno de la UE, que se celebrará el jueves y el viernes en Bruselas. En las 22 páginas de la comunicación, el Ejecutivo que dirige Ursula von der Leyen señala a los aspirantes (países de los Balcanes occidentales, Ucrania y Moldavia) el camino a seguir para lograr una integración que, apunta el documento, será “gradual”. “La metodología revisada […] ofrece a los países candidatos y a los candidatos potenciales vías reforzadas para la ‘integración gradual’ de los países de la ampliación en determinadas políticas de la UE, ya antes de su adhesión, anticipando determinados beneficios y obligaciones de la pertenencia a la UE”, apunta el informe.
A la hora de afrontar la próxima ampliación de la UE, en la que se aborda el grandísimo reto de integrar a Ucrania ―un país invadido por Rusia, de una extensión muy superior a la de los miembros actuales, con más de 40 millones de habitantes y un sector agrícola de gran peso―, se plantean dos frentes de reforma: las que necesitan los países que aspiran a entrar en la Unión y las que precisa la propia UE para poder integrar a los candidatos. En este último campo, aparece varias veces en el informe el reto al que más apuntan expertos, los Estados miembros más veteranos del club y las opiniones más europeístas: hay que reducir las materias en las que se requiere la unanimidad de los Veintisiete a la hora de tomar decisiones para que la acción sea más ágil. Una de estas materias, mencionada explícitamente en la comunicación, es la política tributaria, un asunto en el que la oposición no llega tanto de países más euroescépticos (Hungría) como de otros como Irlanda o Luxemburgo, con una fiscalidad muy favorable a las empresas.
Junto a la puesta a punto que autoimpone Bruselas a la UE, también hay un despliegue de las reformas que se piden a los aspirantes. El primer campo en el que se exigen cambios es en el Estado de derecho. “Este es uno de los valores centrales [de la Unión]. Garantiza la democracia, la igualdad y derechos fundamentales en toda la Unión”, señala el informe. “El funcionamiento de las instituciones democráticas, la protección de los derechos fundamentales y el Estado de derecho son una parte vital de los Criterios de Copenhague [o de adhesión] y, por tanto, una condición previa fundamental para adherirse a la UE”, apunta. Además, “los avances continuos en estas reformas fundamentales determinan el ritmo general de las negociaciones de adhesión”, señala el documento. Unas negociaciones en las que “los Estados aspirantes deben mostrar progresos tangibles y continuos en el Estado de derecho”. El informe insiste en que “más allá de la adhesión, ese progreso debe ser constante” y constata que “la UE ha tenido que hacer frente a importantes desafíos para [defender] el Estado de derecho, incluso en los Estados miembros”.
Este último comentario es una alusión evidente a Hungría y Polonia, dos Estados que entraron en la UE en la gran ampliación de 2004 y en la década pasada, de manos de los partidos ultraconservadores gobernantes, comenzaron a dar marcha atrás en el respeto a esos valores fundamentales. Esa lección está muy presente en alguno de los países fundadores, como Países Bajos, que suelen recordar que antes de hablar del reparto de fondos o de lo que va a costar la ampliación, es preciso asegurar este asunto.
Y si el Estado de derecho es un pilar central, no hay duda de que este se asienta sobre los cimientos del mercado único y sus cuatro libertades de movimiento: bienes y productos, personas, capitales y servicios: “Asumir el acervo del mercado único es el núcleo de cualquier adhesión a la UE. Ello implica una serie de derechos y obligaciones, que no pueden ser a la carta, ni en lo que respecta a las políticas ni a la gobernanza. Esto plantea la cuestión del acceso gradual al mercado único antes de la adhesión”. Ello lleva a que la Comisión plantee “si la concesión gradual de acceso a un trato mejorado en el mercado interior crearía derechos y obligaciones directamente exigibles en el ordenamiento jurídico”.
También se apunta a otros campos en los que hacen falta avances en estos países antes de llegar a la integración, como las conexiones en transportes, energía o digitales. Además, se suman los exigentes compromisos medioambientales desarrollados en la UE en los últimos años para luchar contra el cambio climático, la calidad y seguridad alimentaria o la política de cohesión. El documento, además, apunta a uno de los aspectos más polémicos en la Unión desde 2016, la migración, y una de las rutas más explotadas, la de los Balcanes occidentales. “Es esencial continuar fortaleciendo los sistemas de migración y asilo de la región en la línea del enfoque integral recogido en el Pacto de Migración y Asilo, especialmente con el apoyo de las agencias de la UE, y garantizar la alineación de las políticas de visados con las de la UE para una gestión eficaz de la migración”.
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