Los partidos liberales abren una nueva etapa en Polonia entre llamadas a la venganza y a la reconciliación

Los partidos liberales de Polonia están a punto de abrir un nuevo tiempo en la historia democrática del país, tras ocho años de Gobierno ultraconservador de Ley y Justicia (PiS). La coalición tripartita —que previsiblemente tomará posesión esta semana después de que este lunes fracase el voto de confianza al Gobierno de Mateusz Morawiecki, salvo sorpresas, y prospere la investidura de Donald Tusk como primer ministro—, tiene ante sí la tarea sin precedentes de desmontar el modelo iliberal cimentado por el partido de Jaroslaw Kaczynski. Sus dos mandatos han agravado una polarización ya profunda y han dejado herida a una parte de la sociedad y de las instituciones. El proceso para revertir los daños causados se prevé largo y complicado, mientras en el debate público se escuchan voces que piden venganza y otras que apelan a la reconciliación.

A Aleksandra Gajewska, diputada del partido de centroderecha Plataforma Cívica (PO), le interpelan constantemente en la calle para saber “cuándo van a pagar por lo que han hecho” los dirigentes de PiS. “Son los nuestros y no paran de preguntar: ‘¿Qué vais a hacer con ellos?’, ‘¿Les vais a meter en la cárcel?”, detalla por teléfono. “Sabemos que la gente lo necesita, pero no queremos ese tipo de vendetta. Queremos tener un Estado de derecho y necesitamos justicia, pero nosotros no vamos a intervenir en ella”, añade.

La campaña que concluyó en las elecciones del pasado 15 de octubre fue la más agresiva que se recuerda en Polonia, después de casi una década de deriva del Estado de derecho que ha colocado al país en los márgenes de la UE. Tusk repitió como un mantra que cuando ganasen las elecciones, iban a “pedir cuentas a los culpables, a reparar agravios y a reconciliar a las familias polacas”. En el imaginario de una parte de los votantes de los liberales, la rendición de cuentas prometida pasa por meter entre rejas a dirigentes de PiS, después de haber escuchado innumerables veces que estos serían puestos ante la justicia. El viernes pasado, el político liberal aseguró que en el traspaso de poderes no habrá caza de brujas ni represalias, pero insistió en que “los que han robado dinero público deben responder por sus actos”.

Más allá de irregularidades en el ejercicio del poder, hay sectores sociales cuya vida se ha visto fuertemente impactada por los dos mandatos ultraconservadores de PiS, como el movimiento LGTBI, los migrantes y refugiados, y las mujeres. Marta Lempart, fundadora y líder del movimiento feminista Strajk Kobiet (Huelga de mujeres), con más de 116 denuncias e innumerables amenazas acumuladas por su activismo por el derecho al aborto, encarna el deseo de revancha de una parte de la población. “La gente quiere venganza, la necesita”, afirmaba en Varsovia hace unas semanas. “No es más que tratarles como se merecen”, añadía. Lempart advertía a los políticos liberales sobre el peligro de “ignorar este resentimiento en su electorado”. “Hay mucha indignación y cualquier cambio en el lenguaje puede verse como una desescalada, y como una debilidad”.

Katarzyna Kotula, diputada de la Izquierda (Lewica), el partido minoritario del futuro nuevo Gobierno, asegura que ellos apuestan por exigir responsabilidades, pero sin caer en la venganza. “Tenemos que encontrar un nuevo lenguaje”, dice, para rebajar la tensión a ambos lados del espectro político. “La sociedad está muy dividida. Pienso en mi mesa de Navidad, que es más corta, igual que en muchas casas polacas”, reflexiona.

Plataforma Cívica y sus futuros socios de Gobierno han prometido limpiar las instituciones y las empresas públicas de la influencia de PiS, y reparar un sistema judicial muy deteriorado. En casos como la televisión pública, convertida en maquinaria de propaganda gubernamental, puede ser relativamente sencillo desde el punto de vista legal cambiar a la cúpula. En el sistema judicial, deshacer la estructura montada por Ley y Justicia es, sin embargo, un embrollo monumental, con la complicación añadida de que cualquier legislación requiere de la firma de Andrzej Duda. El presidente, un hombre de PiS, ya ha advertido de que empleará su derecho a veto a discreción.

La falta de independencia judicial le ha costado a Polonia durante meses el bloqueo de 35.400 millones de euros del plan de recuperación polaco. Uno de los debates más encendidos entre los expertos jurídicos del país es qué hacer con los llamados peyorativamente neojueces, más de 2.000 magistrados nombrados por un poder judicial tomado por PiS. Asociaciones de jueces como Iustitia o los abogados de Free Courts (Tribunales libres) piden que todos comiencen desde cero el proceso para llegar a ser magistrados. Hay quien considera esta propuesta una purga vengativa, y defiende analizar caso por caso.

Malgorzata Szuleka, de la Fundación Helsinki para los Derechos Humanos, una de las organizaciones más activas en la defensa del Estado de derecho en Polonia, evita la palabra venganza, pero cree que en algunos sectores “definitivamente hay ambición de tener resultados claros e instantáneos”. “Nosotros, sin embargo, creemos que este proceso va a durar años”, afirma la analista, y subraya: “Tenemos que ser muy, muy vigilantes, porque no hay precedentes de cómo volver de una democracia iliberal y depende de nosotros establecer las normas”.

“Coalición de la venganza”

La mayoría parlamentaria liberal ha empezado el proceso de exigir responsabilidades a los ultraconservadores con el establecimiento de varias comisiones de investigación parlamentaria, pero por ahora no hay ningún caso penal. PiS y sus medios afines, incluidos los públicos, están agitando ya el victimismo y han llamado a sus oponentes “coalición de la venganza”, mientras, según los partidos que formarán el nuevo Gobierno, han aprovechado hasta el último minuto para hacer nombramientos e intentar apuntalar su poder.

El límite entre venganza y rendición de cuentas puede ser frágil. Adam Traczyk, que lidera el proyecto More in common (Más en común), para reducir la polarización, reflexiona: “¿Qué hacemos? ¿Decimos, ‘en nombre de la reconciliación, no vamos a procesarles para no generar un escenario de conflicto’? ¿O pensamos que el Estado de derecho es importante y los procesamos?”. Traczyk cree que hay casos muy claros en los que dirigentes del Gobierno saliente han vulnerado la ley y deben ser juzgados, y confía en que en el nuevo Ejecutivo prevalezca el objetivo de unir a la sociedad. “Uno de los socios, la coalición, Tercera Vía, tiene una inclinación muy fuerte hacia la reconciliación, que no es perdonar y olvidar”, señala. El líder de Polska 2050, Szymon Holownia, nuevo presidente del Sejm (la Cámara baja del Parlamento), está intentando pacificar, sin éxito, el violento ambiente parlamentario.

El partido de Kaczynski fue la primera fuerza en los comicios y muchos de sus más de 7,6 millones de votantes temen la llegada del nuevo Ejecutivo liberal. Traczyk recomienda mantener los programas de ayudas sociales y algún gran proyecto, para transmitir una sensación de estabilidad y continuidad a esa parte de la sociedad. Pero sobre todo, insta a Plataforma Cívica a evitar errores del pasado, como ridiculizar a quienes no les han votado. “Escuchen a la gente y transmítales respeto”, pide a los futuros nuevos dirigentes.

El apaciguamiento, advierte el experto, no es solo cosa del nuevo Gobierno. Dependerá también en gran medida del comportamiento de PiS y del mensaje que transmita a sus seguidores. De si acepta la legitimidad del Ejecutivo liderado por Tusk o lo tacha de traidor y desleal al país. La fractura social ha aumentado considerablemente durante el mandato ultraconservador y la política se ha vuelto más agresiva y violenta. PiS por ahora no ha dado señales de moderación, pero la mayoría de la sociedad ha decidido abrir una nueva etapa. Las expectativas son altas, tanto entre quienes esperan venganza como reconciliación.

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