Hunter Biden, acusado de nueve delitos fiscales en su segunda causa penal

Hunter Biden sigue siendo el dolor de cabeza del presidente Joe Biden. Un gran jurado de Los Ángeles ha abierto este jueves una nueva causa judicial contra el hijo del mandatario por la presunta comisión de nueve delitos fiscales. Este es el segundo caso penal contra Hunter Biden justo cuando su padre se adentra en la campaña para retener la Casa Blanca en 2024. La acusación presentada en un juzgado federal de California argumenta que el abogado, de 53 años, tenía el dinero suficiente para pagar 1,4 millones de dólares [unos 1,3 millones de euros] de impuestos entre 2016 y 2019. En lugar de ello, se permitió un lujoso estilo de vida que incluyó el alquiler de un Lamborghini, hospedaje en el exclusivo Chateau Marmont de Los Ángeles y pagos a bailarinas exóticas, entre otros gastos. Esto alimenta la narrativa del Partido Republicano, que señala al hijo del presidente como una muestra de la supuesta corrupción y nepotismo de la Administración demócrata.

El ahora acusado reconoció inicialmente la comisión de dos delitos de fraude fiscal en 2017 y 2018 (ya regularizados con el pago de un millón de dólares) por los que iba a ser condenado a penas menores, evitando previsiblemente la entrada en prisión. La admisión formaba parte de un acuerdo por el que el fiscal renunciaba a perseguir otro delito de compra y posesión ilegal de un arma a cambio de que se mantuviera alejado de las drogas durante dos años y de que renunciara a tener un arma de fuego en el futuro.

Los cargos de este jueves, tres delitos graves y seis de menor cuantía, se suman ahora a los que fueron presentados en Delaware anteriormente. El gran jurado acusa a Hunter Biden de mentir a propósito a las autoridades tributarias, el Internal Revenue Service (IRS), al firmar devoluciones de impuestos falsas, usar dinero corporativo para gastos personales y evadir el pago de impuestos de varios ejercicios.

El fiscal especial David Weiss, que investiga a Hunter Biden desde hace cinco años, muestra en el escrito de acusación la lujosa vida que mantuvo mientras evadía impuestos. El documento registra pagos y transacciones en hoteles de lujo, gastos en su exnovia y compras en exclusivas tiendas tanto de Nueva York como de Los Ángeles, donde vive el hijo del presidente. Weiss asegura que muchos de estos gastos, que podrían parecer de una estrella de cine, figuran en la autobiografía Cosas bonitas, que Hunter Biden publicó en 2021.

En abril de 2018, Biden pagó 1.700 dólares por alquilar un Lamborghini cuando llegó por primera vez al Oeste. Entre abril y mayo de aquel año, el abogado y lobbista gastó 43.000 dólares para alojarse en el Chateau Marmont, el famoso hotel de Sunset Boulevard frecuentado por las estrellas de la industria del entretenimiento y donde se organizan algunas de las fiestas más exclusivas de Hollywood. Un poco más adelante, ese mismo 2018, prestó a su entonces pareja 7.215 dólares para pagar alojamientos de Airbnb.

El fiscal asegura que Biden utilizaba los hoteles a manera de residencia personal, pues en ese momento no tenía domicilio alguno. Esto dejó un reguero de viajes y noches de hotel en Atlantic City, Nueva York y Los Ángeles por un monto de 112.000 dólares. “Estas estancias no tenían ningún propósito de negocios... En su lugar, como describe en su libro de memorias, eran utilizados para encontrarse con su entonces novia y para constantes fiestas”, asegura la acusación.

Weiss también encuentra que Biden hizo pasar en sus bitácoras gastos personales como si fueran corporativos. El más oneroso, de 30.000 dólares, fue la matrícula que pagó a una de sus hijas en la Universidad de Columbia de Nueva York.

En agosto de 2018, Biden transfirió mediante una aplicación 1.500 dólares a una bailarina exótica de un sitio de striptease. La transacción figuró como “obra de arte”. “La bailarina exótica no le vendió ninguna obra de arte”, señala el fiscal especial. Hunter Biden también pagó 11.500 dólares a una prostituta para que pasase dos noches con él. Según la acusación, el abogado trataba de ocultar estos pagos haciéndolos pasar como salarios.

La nueva acusación eleva la presión sobre Biden. Un acuerdo anterior entre la Fiscalía y el acusado se derrumbó totalmente en julio por la diferente interpretación de las partes y las presiones de los republicanos. Estos veían en el pacto un trato de favor al hijo del presidente, aunque se trataba de un acuerdo habitual en casos similares en que los acusados se han rehabilitado y no tienen antecedentes penales.

El fiscal Weiss decidió finalmente presentar cargos por la compra del arma, acusándole de tres delitos que suman penas máximas de hasta 25 años de cárcel y multas de hasta 750.000 dólares, aunque no es habitual que se impongan en un caso como este. Según Weiss, mintió al asegurar que estaba limpio de drogas cuando compró un Colt Cobra de calibre 38 hace cinco años.

Hunter Biden presentó una declaración escrita “en la que certificaba que no era consumidor ilícito ni adicto a ningún estimulante, estupefaciente ni ninguna otra sustancia controlada, cuando en realidad, como él sabía, dicha declaración era falsa y ficticia”, según el pliego de cargos. El fiscal lo acusa de dos delitos por esas supuestas falsedades (uno por los supuestos datos falsos del formulario y otro por mentir al vendedor del arma) y de un tercero por la posesión posterior del arma, que también sería ilegal por sus adicciones.

Hunter Biden compareció a principios de octubre en un juzgado federal de Wilmington (Delaware) para escuchar los cargos que pesan contra él por la presunta compra y posesión ilegal de la pistola. Se declaró no culpable en una comparecencia de algo más de 20 minutos rodeada de una gran expectación.

Contra el presidente

Los republicanos están usando el caso como arma arrojadiza contra el presidente a menos de un año de las elecciones. Han convocado a Hunter Biden a comparecer en la Cámara de Representantes. El hijo del presidente acepta acudir, pero siempre que sea en una declaración pública y no a puerta cerrada, como quieren los republicanos. Hunter Biden teme que la información de esas declaraciones pueda filtrarse selectivamente y utilizarse para “manipular, incluso distorsionar, los hechos y desinformar al público estadounidense”, según señaló en una carta a los congresistas.

La citación al hijo de Biden forma parte de una investigación previa de congresistas para ver si tienen material para procesar políticamente al presidente, con un impeachment. El presidente Biden tachó el miércoles de “mentiras” las afirmaciones de que se comportó de forma ilegal o poco ética en relación con los negocios de su hijo. “No voy a hacer comentarios al respecto. No lo he hecho. Son solo un montón de mentiras. Son mentiras”, comentó.

Los republicanos han comunicado a los representantes de Hunter Biden que la citación para una declaración a puerta cerrada el 13 de diciembre no es negociable y que si no acude lo acusarán de desacato al Congreso. No está claro, sin embargo, que el Congreso tenga capacidad para forzarle a declarar, menos aún cuando la investigación que se ha puesto en marcha no ha sido aprobada por el pleno de la Cámara de Representantes. Fue solo una decisión del anterior presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, que trataba de apaciguar al ala dura de su partido. No le sirvió de mucho y fue destituido.

El nuevo presidente de la Cámara, Mike Johnson, planea que la semana próxima se someta esa investigación previa a votación. Eso servirá “para que cuando las citaciones sean impugnadas en los tribunales, estemos en la cúspide de nuestra autoridad constitucional”, según ha dicho Johnson. Parece dar la razón a quienes creen que de momento las citaciones no tienen fuerza vinculante.

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