Lula invierte casi 180 millones de dólares en la lucha contra la violencia en Bahía y Río de Janeiro

Con más de 47.000 muertos al año, las estadísticas de Brasil en materia de violencia superan las de muchos países en guerra. El continuo goteo de muertes es como una lluvia fina que ya no incomoda ni llama la atención. El gobierno federal de turno suele escudarse en que las competencias de seguridad están transferidas a los estados y que tiene poco margen de maniobra, hasta que de vez en cuando hay picos de violencia excepcionales que obligan a intervenir. Este lunes el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública presentó un “plan de combate a las organizaciones criminales” dotado con 900 millones de reales (casi 180 millones de dólares). Llega después de graves crisis de violencia en Río de Janeiro y sobre todo en Bahía, que se ha convertido en el estado más peligroso del país.

En la periferia de Río de Janeiro, la sensación es de descontrol: apenas en la última semana una diputada regional sufrió un secuestro relámpago, hubo explosiones de granadas en un autobús municipal para robar a los pasajeros y salieron a la luz imágenes de narcotraficantes entrenando para los enfrentamientos de la policía a plena luz del día, en un recinto junto a una guardería y cinco escuelas públicas. Capítulo aparte merecen las controvertidas operaciones policiales, que en lo que va de año provocaron la muerte de 11 niños, el triple que el año pasado. La última fue Heloísa dos Santos Silva, una niña de tres años que murió baleada en la cabeza. Los policías pensaron que el coche de su familia era robado y dispararon sin pensar.

Río tenía hasta hace poco tiempo el dudoso honor de contar con la policía más letal del país, pero recientemente le cedió el testigo a Bahía, estado gobernado por el Partido de los Trabajadores (PT) de Luiz Inácio Lula da Silva desde hace 16 años. En este estado de la costa noreste, conocido por sus idílicas playas de cocoteros y la exuberancia colonial de su capital, Salvador, hay una tormenta perfecta provocada por la guerra abierta que mantienen una decena de facciones del narcotráfico.

En septiembre, la policía mató a más de 60 personas en sus operaciones, pero el recuento es extraoficial y el número real podría ser mayor. El año pasado, 1.464 personas murieron a manos de los uniformados, más que todas las policías de Estados Unidos. Como suelen alertar los especialistas, de poco sirvió el baño de sangre: cada vez que se acaba con un jefe de una banda, se abren conflictos por la sucesión que se convierten en infinitos ciclos de venganza entre rivales.

La semana pasada, el cantante y compositor Caetano Veloso, nacido en Bahía y residente en Río, entregó al papa Francisco una carta. Citaba uno a uno los nombres de los menores que han perdido la vida en Río y constataba que la llamada “guerra contra las drogas” no ha cumplido ninguno de sus objetivos, mientras “el número de jóvenes, en su mayoría negros, muertos a balazos no para de crecer”, lamentaba. Finalizó con una “petición de socorro”.

Ante este panorama, el plan del Gobierno no presenta grandes innovaciones. El grueso del dinero irá para que los estados renueven armas, vehículos o mejoren los salarios de los agentes. El ministro de Justicia se reunió la semana pasada con el gobernador bolsonarista de Río, Cláudio Castro, y aceptó sus peticiones: más recursos para construir cárceles de máxima seguridad y movilizar a la Fuerza Nacional para garantizar la tranquilidad en las principales vías de acceso a la ciudad. Se trata de un cuerpo de policías, militares y bomberos que se activa en situaciones puntuales de emergencia.

Al margen de las soluciones más urgentes, el plan pretende poner en práctica la ley del sistema único de seguridad, creado en 2018 por el entonces presidente Michel Temer. El objetivo era acabar con el galimatías de diferentes corporaciones, agencias y competencias y dar algo de cohesión nacional para luchar contra el crimen de forma más eficiente. “A diferencia de lo que ha ocurrido con las políticas de salud y educación, en que la integración está en el núcleo, eso no sucedió con la seguridad, desgraciadamente (…) se trata de construir algo que nunca existió en Brasil”, admitió el lunes el ministro.

En la lista de prioridades del PT, la seguridad siempre ha quedado relegada por la lucha contra la pobreza o la educación. Durante la campaña electoral, Lula pasó de puntillas sobre este dolor de cabeza crónico de los brasileños, incluso cuando visitó favelas azotadas por la violencia. Ya en el Gobierno, el asunto es aún más delicado, porque la situación más compleja se da en Bahía, su principal bastión electoral. La truculencia de su policía provocó la salida de los aliados a la izquierda del PT del gobierno regional, y amenaza con desgastar a su base progresista a nivel nacional.

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