Una nueva ola de persecución alcanza a un fiscal anticorrupción y al exprocurador de Derechos Humanos de Guatemala

El fiscal anticorrupción guatemalteco Stuardo Campo, que investigó hechos de corrupción durante la gestión del expresidente Jimmy Morales, ha sido detenido este viernes por presuntas anomalías en tres casos que ha llevado ante la justicia. Además, el Ministerio Público busca iniciar una causa penal contra el exprocurador de Derechos Humanos Jordán Rodas, que aspiraba a la vicepresidencia junto con la lideresa indígena Thelma Cabrera. Ambos casos muestran una nueva ola de criminalización de funcionarios volcados en la lucha anticorrupción a menos de un mes de las elecciones generales en Guatemala.

Durante su carrera como fiscal durante más diez años, Campo dirigió una investigación que reveló fallas en la contratación de la empresa que construyó una autopista, conocida como la “megaobra” del Gobierno de Morales, el presidente que puso fin al mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG). Campo también inició la investigación que en 2021 reveló compras públicas de equipos meteorológicos sobrevalorados que beneficiaron a empresas vinculadas al diputado Jorge García Silva, que busca la reelección pese a los señalamientos de corrupción.

Al llegar a los tribunales, custodiado por los policías que lo capturaron, Campo dijo a la prensa que la fiscal general Consuelo Porras ayer mismo le aseguró “que ella jamás procedería de forma arbitraria, que ella sería objetiva”. El caso contra el fiscal surge por una denuncia de la Fundación contra el Terrorismo, al igual que el resto de casos que tiene en prisión y en el exilio a decenas de operadores de justicia, abogados defensores y periodistas.

Sin explicaciones oficiales

En los casos contra el fiscal y el exmagistrado se ha decretado la reserva, por lo que no se han brindado detalles sobre las acusaciones y las audiencias serán a puerta cerrada. Esta situación se presta a la arbitrariedad y se ha utilizado por la fiscalía para ocultar la debilidad de las imputaciones, de acuerdo con Alejandro Rodríguez de Impunity Watch. “Es el método que está utilizando para evitar la defensa de los imputados y el control social de los casos; no quieren que se sepan las debilidades de los señalamientos y la ausencia de pruebas”, añade el abogado.

Desde el exilio, Rodas desconoce de qué se le acusa y asegura que su candidatura a la vicepresidencia fue “bloqueada” por “la alianza criminal o pacto de corruptos que reúne a funcionarios públicos políticos y miembros del sector privado” que pretenden mantenerse en el poder. Rodas desempeñó un papel fundamental en el pulso por la permanencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad, entre otros. “Mi gestión resultó incómoda” para muchos grupos de poder, dice Rodas, como las acciones que tomó cuando el entonces presidente Morales declaró non grato al jefe de la CICIG, Iván Velásquez, hoy ministro de Defensa del gobierno de Colombia.

Esa comisión llevó ante la justicia más de 120 expedientes en los que se involucran a los más altos funcionarios guatemaltecos en actos de corrupción. Con la salida de la CICIG, en 2019, se estancaron las investigaciones de corrupción y se abrió una etapa de anulación de sentencias que se habían logrado y persecución contra los fiscales, jueces y otros actores que llevaron adelante los casos.

Uno de los casos de criminalización más emblemáticos es el del fiscal Francisco Sandoval, que en 2021 debió abandonar el país luego de ser despedido por la fiscal general Porras, quien le impidió continuar con las pesquisas para documentar el presunto soborno que habría recibido el presidente Alejandro Giammattei de parte de empresarios rusos y kazajos.

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