Soldados malienses y supuestos mercenarios rusos ejecutaron a 500 personas y violaron a 58 mujeres, según la ONU

Soldados del ejército de Malí y “personal militar extranjero” asesinaron a más de 500 civiles, violaron o atacaron sexualmente a 58 mujeres y niñas y torturaron a decenas de personas en Moura, en el centro del país africano, entre el 27 y el 31 de marzo de 2022. Estas son las conclusiones del esperado informe del Alto Comisariado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, publicado este viernes, sobre la peor masacre registrada en el Sahel desde el inicio del conflicto yihadista hace más de una década. Aunque el documento no identifica a los extranjeros, que según los testigos eran “blancos que hablaban un lenguaje desconocido”, sí reconoce la presencia de instructores rusos en Malí. Numerosos indicios apuntan a que fueron dichos instructores o mercenarios de la compañía rusa de seguridad Wagner, que operan en el país, quienes participaron en la matanza.

El informe detalla los cinco días de horror vividos en Moura, un pueblo de unos 7.000 habitantes próximo a Djenné, en el centro de Malí, que durante años ha estado bajo la influencia de la katiba [unidad] Macina del predicador Amadou Kouffa, perteneciente al Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM, por sus siglas en árabe), vinculado a Al Qaeda. Según los informes de inteligencia maliense, Moura, y en particular su mercado semanal, el más grande de la región, eran usados como punto de aprovisionamiento de comida y ganado por los terroristas que operan en la zona, pero también por miles de personas de los pueblos cercanos.

Sobre las 11.00 del 27 de marzo, día de mercado, cuatro helicópteros con soldados malienses y militares supuestamente rusos a bordo se posaban en los dos puntos de entrada y salida de Moura para impedir la huida de una treintena de yihadistas, miembros del citado grupo, que habían ido hasta el pueblo para comprar víveres. Mientras los militares avanzaban hacia la multitud disparando de manera indiscriminada, otro helicóptero lo hacía desde el aire. Atrapados, los terroristas trataron de ofrecer resistencia en vano. A las 14.00 los militares se habían hecho con el control de la localidad. En esos primeros momentos murieron unas 30 personas, entre ellas 12 yihadistas.

En las horas siguientes, unas 3.000 personas fueron reunidas en cuatro puntos diferentes del pueblo. De ellas, 58 hombres fueron detenidos en función de su “apariencia yihadista”, como llevar barba larga o los pantalones por encima de los tobillos, y trasladados a campos militares donde fueron interrogados y torturados. Al menos 47 de ellos fueron posteriormente liberados sin cargos. En los días siguientes, los militares registraron todas las casas del pueblo en busca de más yihadistas y concentraron a los hombres en los cuatro puntos de detención.

Siguiendo el mismo criterio de apariencia, soldados malienses bajo las órdenes de “militares blancos encapuchados o con gafas de sol que hablaban una lengua extranjera distinta al inglés”, según los testimonios, ataban las manos y vendaban los ojos de supuestos yihadistas, se los llevaban en grupos de cinco a diez, los ejecutaban de un disparo y los enterraban en las cuatro fosas comunes excavadas por la propia población en distintos puntos de la localidad y a decenas de metros de los lugares de detención. Los soldados aseguraban estar buscando a yihadistas de los que conocían su identidad y que, hasta que no aparecieran, iban a continuar en el pueblo.

Las ejecuciones continuaron hasta el 31 de marzo por la tarde, cuando los militares abandonaron Moura. Entonces, los propios habitantes se organizaron para localizar los cuerpos que no habían sido enterrados. Según el informe, encontraron 370 cadáveres más, entre ellos unas 20 mujeres y siete niños, que fueron inhumados en tres fosas comunes próximas al cementerio. En los días siguientes aparecieron más cuerpos en los alrededores del pueblo que fueron enterrados allí mismo, dado su avanzado estado de putrefacción. En total, según Naciones Unidas, fueron ejecutadas de manera sumaria más de 500 personas “después de que la zona había sido totalmente controlada”, mientras que otros 20 civiles fallecieron por disparos el primer día, durante la llegada de las tropas.

Asimismo, durante los cinco días que duró la masacre, 58 mujeres y niñas fueron violadas o sufrieron abusos sexuales por parte de soldados malienses. La misión de investigación de la ONU entrevistó a 15 víctimas, mientras que otras rechazaron aportar su testimonio por miedo a ser estigmatizadas. La investigación reveló que los militares llevaban a las mujeres hasta un patio situado en la trasera de una casa donde habían instalado unas camas bajo un árbol y allí mismo las violaban por turnos. Otras violaciones tuvieron lugar en una casa en el sur de Moura, donde se habían escondido decenas de mujeres. El 31 de marzo, tras la partida de los militares, el consejo de ancianos del pueblo acordó no revelar la identidad de las víctimas para evitar su estigmatización. Ninguna ha presentado denuncia por temor a sufrir represalias.

Por otra parte, durante su detención, numerosos hombres aseguraron haber sido torturados. “Los soldados nos abofetearon, nos dieron puñetazos, nos pisotearon, nos patearon la cabeza, nos golpearon con cuerdas y con las culatas de sus armas. Nos llamaron yihadistas, nos acusaron de matar a nuestros propios hermanos y destruir nuestro país. Les dije que no sabía nada de eso y que no soy yihadista”, aseguró una víctima. Las torturas prosiguieron para aquellos que fueron trasladados a bases militares en Sevaré o Bamako acusados de terrorismo, donde les aplicaban electricidad en los genitales. Diez días después de la masacre, los yihadistas regresaron a Moura y secuestraron a diez personas a las que acusaron de haber colaborado con el ejército. Hasta hoy permanecen desaparecidos.

La investigación fue realizada durante siete meses, del 1 de abril al 30 de octubre, por 16 miembros de la Misión de Naciones Unidas en Malí (Minusma), de los que 12 son expertos en derechos humanos y cuatro policías. Las 157 entrevistas individuales y 11 grupales del informe se realizaron en Bamako, Douantza, Ségou, Mopti y Sikasso, pero el equipo no tuvo acceso a Moura debido a la prohibición expresa del Gobierno maliense, bajo el mando de una junta militar, que alegó imperativos en materia de seguridad y operacionales. Asimismo, se interrogó a miembros de organizaciones sociales, militares, políticos y líderes religiosos y tradicionales, entre otros.

Fruto de su trabajo, el informe, cuya publicación se esperaba hace meses, concluye que la operación militar en Moura fue llevada a cabo por soldados malienses y personal militar extranjero “en violación de las reglas del derecho internacional humanitario, especialmente las relativas a la conducta durante las hostilidades y al tratamiento de prisioneros o personas fuera de combate, así como a las normas y estándares del derecho internacional en materia de derechos humanos”.

“Estas conclusiones son extremadamente inquietantes”, aseguró el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, quien recordó que “las ejecuciones sumarias, las violaciones y la tortura durante los conflictos armados constituyen crímenes de guerra y podrían, según las circunstancias, equivaler a crímenes contra la humanidad”. A su juicio, “es esencial que las autoridades malienses tomen todas las medidas necesarias para garantizar que las fuerzas que participan en operaciones militares y policiales, incluido el personal militar extranjero bajo su mando o control, respeten plenamente las normas del derecho humanitario”.

Malí sufre una insurgencia yihadista desde 2012 que ha provocado miles de muertos y millones de refugiados y desplazados internos, así como una gran inestabilidad política que desembocó en dos golpes de Estado en 2020 y 2021. Tras la llegada de la junta militar al poder, encabezada por el coronel Assimi Goïta, las relaciones con Francia se deterioraron hasta desembocar en la expulsión de las tropas galas desplazadas en Malí para combatir el yihadismo. En paralelo, Bamako estrechó relaciones con Rusia, que comenzó a aportar instructores militares, y llegó a un acuerdo secreto con la compañía privada de seguridad Wagner, que ha desplegado cientos de mercenarios en el país, según los servicios de inteligencia europeos y estadounidense, extremo que niegan las autoridades malienses.

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