Lula reparte presupuesto y cargos para asegurarse apoyo parlamentario

El Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva repartió este miércoles la friolera de 700 millones de reales (140 millones de dólares) entre varios partidos afines y aliados coyunturales en un intento de lubrificar la relación y garantizarse el apoyo parlamentario que necesita para sacar adelante sus proyectos. La cuantía fue desvelada por el grupo Globo. El líder de la izquierda brasileña necesita cada voto que pueda lograr en un Congreso de mayoría bolsonarista. Esta inyección de dinero a proyectos que cada parlamentario puede designar (algo previsto en la ley) pretende asegurar que los partidos a los que Lula dio ministerios y los que coquetean con el Ejecutivo le dan, a la hora de la verdad, cada uno de los votos prometidos. En las últimas semanas, el Gobierno ha sufrido dos derrotas parlamentarias que evidencian su debilidad cinco meses después de tomar posesión.

El Congreso de Brasil tiene fama de casi insaciable, el intercambio de favores está a la orden del día y ahora tiene bastante más poder que en los primeros mandatos presidenciales de Lula (2003-2010). Las ultimas elecciones le dieron la victoria al izquierdista, pero desde el minuto uno estuvo claro que el panorama para gobernar era realmente desafiante. “Ganar las elecciones es la parte fácil”, bromeaba Lula en campaña. Venció las presidenciales por menos de dos puntos y su adversario, Jair Bolsonaro, de extrema derecha, logró para su formación, el Partido Liberal, el mayor grupo parlamentario, seguido del Partido de los Trabajadores.

Como primera medida, el presidente Lula entregó una decena de sus 37 ministerios a partidos del llamado Centrão (el gran centro), una constelación de siglas sin ideología y con una larga trayectoria de ofrecer apoyo parlamentario a cambio de cargos con presupuestos suculentos.

Pero el Gobiernos se llevó el disgusto de ver cómo buena parte de los diputados de esos supuestos aliados le eran infieles a las primeras de cambio. La traición quedó patente al ver cómo fracasaron lo que iban a ser los dos primeros logros parlamentarios. Los aliados del Gobierno perdieron la votación para reformar la ley de saneamiento básico y hubo que aplazar la votación de una de sus normas estrella —la que combate las noticias falsas y regula las redes sociales— para evitar una segunda derrota.

Lula, considerado siempre un habilidoso negociador, dio un toque de atención en público al ministro encargado de gestionar las siempre complicadas relaciones con el Congreso, Alexandre Padilha, del PT. Los ministros de la cuota del Centrão han sido llamados a capitulo para que pongan orden en sus filas. Y luego está el dineral en partidas presupuestarias repartido el miércoles.

Los parlamentarios tienen la potestad de designar proyectos a los que destinar un trocito de la tarta presupuestaria. Un instrumento legal que el Gobierno —este y los anteriores— usa para negociar con los grupos parlamentarios porque tiene la potestad de decidir en qué orden y a qué velocidad se hacen los pagos.

A finales de abril, cuando a Lula ya se le acumulaban los problemas con el Poder Legislativo, el presidente de la Cámara de Diputados, Artur Lira, que apoya por el momento a Bolsonaro pero no es un aliado ideológico, explicaba en una entrevista al diario O Globo cómo funciona el sistema: “Siempre he dicho que el presupuesto es mucho más democrático si lo deciden 600 parlamentarios que diez ministros. (…) Sabemos lo que quieren los partidos: que se favorezcan las obras y servicios públicos [en sus circunscripciones] para aumentar su alcance político y servir a sus bases [electorales]. El Gobierno necesita organizarse”. El mensaje al Ejecutivo era evidente. Nada más tomar posesión Lula, su partido, el PT, apoyó la reelección de Lira al frente de la Cámara para suavizar la relación y cobrarse el favor más adelante.

El Congreso de Brasil es voluble hasta límites insospechados. Los mismos diputados que aprueban cuotas para negros y mujeres en las listas electorales al calor de protestas con eco mediático incumplen esas mismas normas y, meses después, sin despeinarse pactan una amnistía. Acaba de suceder. Y tan contentos, hasta la próxima crisis.

Ahora Lula y su equipo buscan votos y calma para poder aprobar la semana que viene la regla fiscal que sustituirá al techo de gasto y debería permitirse ampliar el gasto público para, como repite hace 20 años, “incluir a los pobres en el presupuesto”. Los afines al Gobierno también quieren tener una buena cuota de poder en la comisión parlamentaria propuesta para investigar el asalto golpista de Brasilia.

Las últimas décadas han visto todo tipo de maniobras lícitas e ilícitas para allanar la relación con el Congreso. El anterior presidente, Bolsonaro, llegó al cargo echando pestes de la vieja política, llamó a tecnócratas y militares para formar el Gobierno más pequeño de la historia pero, en cuanto empezaron las peticiones de impeachment para apearlo del poder por la nefasta gestión de la pandemia, implantó un sistema para aceitar con un gran trozo la relación con el Congreso de la tarta presupuestaria: el llamado presupuesto secreto, desvelado por el diario Estadão, contemplaba el reparto en tres años de una suma gigantesca, 45.000 millones de reales (8.300 millones de euros), de los que ya se ha pagado casi la mitad. Similar en funcionamiento a las enmiendas que permiten a cada diputado decidir en qué gastar algunas partidas presupuestarias, era un sistema con un volumen de dinero público descomunal y cero control gracias a una opacidad que impedía la fiscalización. El Tribunal Supremo lo declaró inconstitucional.

En su primera etapa en la presidencia, el PT de Lula buscó un atajo: creó un sistema ilícito para sobornar a parlamentarios a cambio de obtener sus valiosos votos. Aquella ilegalidad, conocida como el mensalão, fue el primer gran escándalo de corrupción de Brasil, que resultó un juego de niños con lo que vino después con la investigación Lava Jato, que llevó a la cárcel a Lula junto a decenas de políticos y empresarios poderosísimos. Con el tiempo los tribunales han anulado buena parte del megacaso.

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