Un tribunal desbloquea la investigación de los documentos secretos incautados a Trump

El Departamento de Justicia gana el recurso y podrá seguir trabajando con el centenar de archivos clasificados

Algunos de los documentos recuperados en la mansión de Trump el pasado 8 de agosto, en una fotografía tomada por agentes del FBI.
Algunos de los documentos recuperados en la mansión de Trump el pasado 8 de agosto, en una fotografía tomada por agentes del FBI.AP

Un tribunal ha desbloqueado este jueves la investigación por parte del Departamento de Justicia de los documentos clasificados como confidenciales o secretos que incautó el FBI a comienzos de agosto en el registro de Mar-a-Lago, la mansión de Donald Trump en Florida. La decisión supone un revés para la estrategia de defensa del presidente, que trataba cuando menos de ganar tiempo.

Supone un nuevo golpe procesal contra el expresidente el mismo día en que él y parte de su familia han sido demandados por la Fiscalía general de Nueva York por el presunto manejo fraudulento de sus negocios.

Una jueza federal de Florida, Aileen M. Cannon, nombrada por el propio Trump poco antes de su cese, ordenó al Departamento de Justicia y al FBI parar sus trabajos de investigación con todos los documentos hallados en el registro mientras un perito especial los revisaba. El objetivo era ver si podían afectar al privilegio abogado-cliente (que protege el secreto profesional en las relaciones de un investigado con sus letrados) o al privilegio ejecutivo (que permite al poder ejecutivo negar información sobre actuaciones en curso a otro poder, como el legislativo o judicial), pese a que Trump ya no ostenta un cargo público.

El Departamento de Justicia recurrió primero ante la jueza Cannon para tratar de desbloquear al menos la investigación del centenar de documentos secretos hallados en la mansión, que prácticamente por definición no podían estar afectados por esos privilegios esgrimidos. La jueza no atendió sus peticiones y la Fiscalía recurrió al tribunal superior competente, en este caso con sede en Georgia. Son ahora esos jueces los que han dado respaldo a los argumentos de la Fiscalía con una medida cautelar a la espera de resolver definitivamente el recurso.

“Concedemos la suspensión en espera de la apelación. La orden del tribunal de distrito se suspende en la medida en que prohíbe el uso de los documentos clasificados por parte del Gobierno y en la que exige que el Gobierno presente los documentos clasificados al experto especial para su revisión”.

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Varapalo para Trump

La medida, adoptada por una sala de tres jueces, es un varapalo para los intereses de Trump. Aunque Trump incumplió la ley al retener más de 11.000 documentos de propiedad pública, pues al cesar en el cargo los presidentes deben entregar todos los documentos y registros usados en su mandato a los Archivos Nacionales, esa norma no es de carácter penal. Nadie se puede imaginar que se presenten cargos sobre Trump solo por haberse llevado recortes de prensa, fotografías, cartas y otros papeles no protegidos. Pero con los documentos secretos la cosa es diferente: si ponen en riesgo la seguridad nacional, Trump puede haber cometido un delito contra la ley de espionaje. Y al haber afirmado que no los tenía y haberse resistido a su entrega, se le investiga también por posible obstrucción a la justicia. Los jueces, por tanto, desbloquean en la práctica lo más relevante de la investigación judicial y policial.

“No podemos discernir por qué el demandante [Trump] tendría un interés individual o necesidad de cualquiera de los cien documentos con marcas de clasificación. Los documentos clasificados se marcan para mostrar que están clasificados, por ejemplo, con su nivel de clasificación”, dice la decisión judicial, de 29 páginas, ante las alegaciones de los abogados del expresidente. “El demandante ni siquiera ha intentado demostrar que tiene una necesidad de conocer la información contenida en los documentos clasificados”.

Los jueces desmontan una de las maniobras de defensa de Trump. El expresidente ha asegurado en su red social que había desclasificado todos los documentos, pero sus abogados no han sostenido abiertamente eso ante los tribunales, porque es un argumento que se puede volver en su contra. Además, el delito no está en sustraer o retener documentos clasificados, sino documentos que puedan afectar a la seguridad nacional.

El tribunal es tajante: “El demandante sugiere que podría haber desclasificado estos documentos cuando era presidente. Pero el expediente no contiene ninguna prueba de que ninguno de estos registros fuera desclasificado. Y ante el juez especial, el demandante se resistió a aportar cualquier prueba de que hubiera desclasificado alguno de estos documentos”, escriben los jueces. “En cualquier caso, al menos a estos efectos el argumento de la desclasificación es una pista falsa porque la desclasificación de un documento oficial no cambiaría su contenido ni lo haría personal. Por lo tanto, incluso si asumimos que el demandante desclasificó algunos o todos los documentos, eso no explicaría por qué tiene un interés personal en ellos”, añaden.

El estigma de la investigación

Los jueces también desmontan la tesis de que si el Departamento de Estado investiga esos documentos antes de ser revisados por un perito, eso podría provocar un daño irreparable a Trump. Por un lado, subrayan, los abogados del expresidente no han sugerido que ninguno de esos documentos secretos afecten al privilegio abogado-cliente. Por otro, si el daño es el estigma de verse señalado por la investigación, “todos los posibles acusados podrían señalar el mismo daño” en cualquier otro caso, por lo que el argumento pierde fuerza.

En una decisión que también es un varapalo a los argumentos de la jueza de Florida, el tribunal señala que el Departamento de Justicia necesita los documentos para investigar, “entre otras cosas, la identidad de cualquier persona que haya accedido al material clasificado; si algún material clasificado en particular se ha visto comprometido, y si puede haber más material clasificado en paradero desconocido”. Impedírselo puede perjudicar al Gobierno y al pueblo estadounidense, en la medida en que suponga riesgos para la seguridad nacional.

Los abogados de Trump y los del Departamento de Justicia estaban ya discutiendo sobre el proceso de revisión de los documentos por parte del perito especial, el juez semiretirado Raymond J. Darie. Uno de los puntos de choque era si la defensa de Trump podía acceder a esos documentos para la revisión. Ahora, ese problema está superado. Al menos mientras otra decisión judicial no enrede más el caso.

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Sobre la firma

Miguel Jiménez

Corresponsal jefe de EL PAÍS en Estados Unidos. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS, donde ha sido redactor jefe de Economía y Negocios, subdirector y director adjunto y en el diario económico Cinco Días, del que fue director.

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