El Frente Polisario se plantea denunciar a España por presuntos crímenes durante la colonización del Sáhara

El rastro de Bassir Mohamed uld Haj Brahim, Basiri, se perdió en la madrugada del 18 de junio de 1970. Las autoridades coloniales españolas se llevaron detenido ese día al joven saharaui de 28 años en El Aaiún, la entonces capital del Sáhara Español. En la foto de su ficha policial, el fundador del Harakat Tahrir (Movimiento de Liberación) —antecedente directo del Frente Polisario— aparece apesadumbrado, con un número, el B-2875, escrito con tiza en una tablilla que lleva en las manos. Nunca más se ha sabido de él. Casi 52 años después, el presidente de la Comisión Nacional Saharaui de Derechos Humanos, Abba Salek, confirmó a este diario el pasado día 20 que el Frente Polisario se plantea presentar una denuncia ante los tribunales españoles para que estos diluciden la responsabilidad de España como potencia colonial en la desaparición de Basiri y en matanzas como la de Zemla, también en 1970, en la que la Legión mató a tiros a varios manifestantes en la capital saharaui.

En la sede del organismo de derechos humanos en Rabuni, capital de los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, a 1.700 kilómetros al suroeste de Argel, el responsable saharaui puntualiza que las organizaciones de derechos humanos de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD)—el Estado autoproclamado en 1976 por el Frente Polisario— llevan “un año” analizando esa posible causa. Salek desvincula su anuncio del apoyo del Gobierno español al plan de autonomía marroquí para el Sáhara, que se conoció en marzo. Sin embargo, define el abandono de la tradicional neutralidad oficial de España en este conflicto como “una traición” y formula el deseo de que la justicia española “no dé un giro como el que ha tomado [el presidente, Pedro] Sánchez”. El Frente Polisario rompió sus relaciones con el Gobierno español el 10 de abril. “Ha llegado la hora de abrir esos casos de derechos humanos”, prosigue el responsable saharaui.

España mantiene clasificados muchos de los documentos oficiales sobre su administración del Sáhara, entre 1884 y 1976. Las circunstancias de hechos como los citados por Abba Salek siguen así ocultos en los arcanos de una potencia colonial que mostró su peor cara en los estertores de su presencia en el territorio.

La matanza de la manifestación en el barrio de Zemla, en El Aaiún, es una de esas páginas oscuras del periodo postrero de la colonización española. Esa protesta, en la víspera del arresto de Basiri, fue precisamente lo que precipitó la detención del líder saharaui. Aquel 17 de junio de 1970, su organización había logrado congregar para reclamar la independencia a miles de saharauis, que plantaron sus jaimas (tiendas de campaña tradicionales) en ese barrio de la ciudad con el lema “El Sáhara, para los saharauis”. La manifestación, inicialmente pacífica y festiva, terminó de forma trágica. Según diversos historiadores, una compañía de la Legión española, del Tercio Juan de Austria, mató a tiros a un número de saharauis que nunca se ha determinado oficialmente, pero que se cree oscila entre tres y 12.

Metou el Kaid Saleh sobrevivió a esa matanza. En su casa del campamento de refugiados de Bojador, a unos 12 kilómetros de Rabuni, esta mujer saharaui, ahora de 79 años, aún recuerda cómo “vio a la gente caer al suelo” cuando los militares españoles comenzaron a disparar. La anciana habla en hassanía, el dialecto saharaui del árabe, pero, en su relato de lo que sucedió ese día, intercala una palabra en español: el “tercio”; el tercio de la Legión. “Cuando los españoles empezaron a disparar”, explica, los saharauis se defendieron “con lo único que tenían a mano: piedras. La gente empezó a apedrear a los españoles. Después supimos que algunas de las personas que habíamos visto desplomarse habían muerto”.

Españoles del Sáhara

Si el anuncio del Polisario se hace realidad, la causa contra el Estado español podría prosperar ante la justicia gracias a que los habitantes autóctonos de ese territorio “tenían la consideración de españoles”. Así lo determinó un auto de 2015 de la Audiencia Nacional, por el que se procesó a 11 altos cargos marroquíes por genocidio contra el pueblo saharaui. En su exposición de los hechos, el magistrado Pablo Ruz detallaba cómo los alrededor de 74.000 saharauis censados por España en 1974 antes de la invasión marroquí, tenían DNI, pasaporte y libro de familia. Eran españoles, y la justicia española tiene jurisdicción universal en los crímenes contra todos los nacionales del país.

Otro auto del alto tribunal consideró en 2014 que, mientras no concluya la descolonización del Sáhara, España sigue teniendo responsabilidad sobre el territorio en su calidad de potencia administradora. Además, los delitos de genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad no prescriben. Inés Miranda, vicepresidenta de la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental (IAJUWS, en sus siglas en inglés), considera que hechos como la desaparición de Basiri o la matanza de Zemla “deben ser investigados porque podrían enmarcarse dentro de ese tipo de delito”.

La responsabilidad que las organizaciones de derechos humanos de la diáspora saharaui en Argelia atribuyen a España va más allá de los posibles crímenes cometidos por los colonizadores. El presidente de la Comisión Nacional Saharaui de Derechos Humanos defiende que el caso que el Polisario se plantea iniciar aspira también a pedir cuentas al Estado español por no haber defendido a la población, una vez que Rabat se anexionó el territorio, cuando España aún no se había retirado del todo.

La invasión marroquí del Sáhara ni fue pacífica, como sostiene Rabat, ni comenzó con la Marcha Verde, integrada por 350.000 civiles, de los que una parte atravesó la frontera saharaui el 6 noviembre de 1975. Una semana antes, el 30 de octubre, 4.000 militares marroquíes habían penetrado por el este de la colonia sin que España presentara oposición alguna. Entre esa fecha y el 28 de febrero de 1976 —cuando el teniente coronel Rafael Valdés arrió la última bandera rojigualda en El Aaiún— “Marruecos cometió las peores atrocidades”, asegura Salek.

“En esos meses, tuvo lugar el bombardeo marroquí a civiles saharauis con napalm y fósforo blanco en [la localidad de] Um Draiga [entre el 18 y el 23 de febrero de 1976]”, evoca el responsable saharaui en alusión a los ataques de la aviación marroquí contra quienes huyeron en dirección a Argelia. Salek recuerda también el descubrimiento de varias fosas comunes que datan de ese período final de la presencia española. En el auto por genocidio del juez Ruz se mencionan, entre otros, dos en Amgala, cerca de la ciudad de Smara, en los que aparecieron ocho cadáveres. Abba Ali Said, que presenció el crimen cuando tenía 10 años, relató cómo los soldados marroquíes ejecutaron a sangre fría a estos saharauis entre el 12 y el 13 de febrero de 1976. Cuando los forenses españoles Francisco Echevarría y Martín Beristáin exhumaron los cuerpos en 2013 hallaron en los bolsillos de algunos de ellos pesetas y sus carnés de identidad españoles.

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