“La impunidad es la regla en las muertes por cirugías estéticas en Colombia”

“Muere mujer por someterse a cirugía plástica”. Esa frase, un titular usual en los medios de comunicación de Colombia, hace ruido durante unos días y luego, en un país donde una muerte se traga a otra, suele olvidarse. Los detalles casi siempre son los mismos. Las mujeres ven un anuncio de los médicos en redes sociales, se operan en quirófanos alquilados y sin las medidas necesarias para atender complicaciones, las autoridades de salud los cierran, ellos se trasladan o cambian de nombre sus empresas y comienzan el ciclo de nuevo. Los médicos- cuyos nombres suelen repetirse- continúan operando.

En Colombia, según la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (Isaps, por sus siglas en inglés) se hicieron 366.312 procedimientos estéticos en 2020. Las liposucciones y los aumentos de senos fueron los más buscados. El país es también destino turístico para este tipo de cirugías. Sin embargo, no está claro cuántas mujeres mueren ni cuántas resultan heridas.

El último informe del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forense de 2017 indicaba que las muertes en cirugías estéticas habían aumentado en 130% tomando como base 2015. Se había pasado de 13 muertes ese año a 30 en 2016. “Lo que estamos hallando es que los procedimientos en la gran mayoría de los casos son realizados por personas con un gran desconocimiento de la medicina y de la fisiología del cuerpo humano, utilizando sustancias oleosas y aceitosas para engañar a estas personas bajo la falsa promesa de que se trata de sustancias con reconocida autorización para que el organismo las acepte”, alertó en ese momento su director Carlos Valdés.

La última de esas muertes fue la de Arelis Cabeza, una ingeniera de 38 años, que falleció en Bogotá a finales de enero tras someterse a una cirugía estética. Sus familiares denunciaron que el médico Yesid Martínez no tenía enfermeras en el quirófano y que fue un amigo de la mujer, que la había acompañado, quien intentó hacerle reanimación. La Secretaría de Salud cerró el lugar.

“¿Por qué la Secretaría de Salud no cerró antes la clínica? Meses antes de la muerte de Arelis, otra mujer dice que les había alertado sobre este médico y sobre las instalaciones en una queja”, escribió Lorena Beltrán, una periodista que también fue víctima de un procedimiento que le destrozó los senos. Beltrán se ha convertido en una defensora de las víctimas de cirugías estéticas y habla acerca de por qué continúa la impunidad en este tipo de casos. En 2016 impulsó un proyecto de Ley para reglamentar este tipo de procedimientos que terminó hundido en el Congreso.

Pregunta: ¿Por qué siguen ocurriendo este tipo de muertes?

Respuesta: Hay varios factores. El primero es una falta de legislación del Congreso. Hoy solo están reglamentadas dos especialidades médicas (anestesiología y radiología). Entonces, si eres un médico general y le pones anestesia a un paciente te sancionan, pero si un médico general le da por operar tetas, y en sitios que ni siquiera son los indicados, no pasa nada. Hay también una falta de prevención de los pacientes, pero sobre todo hay una falta de control del Estado. Las autoridades se tiran la pelota. La Superintendencia Nacional de Salud a las secretarías (de cada ciudad), que pueden sellar los sitios, pero no tienen dientes suficientes para hacer seguimiento cuando estos cambian de razón social y vuelven a abrir.

P. ¿Esa es la estrategia principal de estos médicos?

R. Son consultorios que aparecen y desaparecen. Varias pacientes han denunciado además presuntas irregularidades entre las secretarias de salud y esos mismos consultorios. Los médicos también se cambian de nombre en redes sociales y borran los comentarios negativos que les han hecho pacientes.

P. ¿Por qué el Congreso no reglamenta?

R. Solo le meten impulso a proyectos de Ley cuando son mediáticos. En 2009 cuando a la modelo Jessica Cediel le inyectaron biopolímeros en los glúteos hubo interés de senadores. Luego, la siguiente persona que puso el tema en la mira fui yo. Lastimosamente en Colombia si no tenemos casos icónicos como el de Natalia Ponce, agredida con ácido, o Rosa Elvira Cely (brutalmente asesinada) no se producen leyes. En temas de cirugía estética no hemos llegado al punto que motive la voluntad política del Congreso. Fui testigo del desconocimiento de los senadores y también del lobby.

P. ¿De dónde viene ese lobby?

R. Reglamentar los procedimientos estéticos en Colombia es una decisión que sin duda impactaría los bolsillos de la gente que vive en la industria de la belleza. El país es un destino mundial de procedimientos estéticos. No es que tengamos en Colombia malos profesionales, sino que la demanda es tan grande que la oferta termina siendo la menos cualificada. La razón es que hay enormes dificultades para acceder a cupos de especialización. Ante la baja posibilidad de acceder a esos cupos, hay médicos que se van a estudiar fuera del país, algunos lo hacen en lugares adecuados, pero otros, lamentablemente, escogen una educación que no es formal y que no tienen estándares necesarios.

P. Ese fue su caso.

R. Sí, mi caso llevó a destapar una lista de 42 médicos cuyo título es de una universidad de Brasil que no tiene ni facultad de medicina. Fuimos 16 víctimas, una representada por su familia porque ella murió, y todas pusimos quejas en el Tribunal de Ética Médica, que puede intervenir con sanciones disciplinarias, pero hasta ahora no hicieron nada. Hay seis médicos imputados desde 2016 y la juez les impuso que no pueden operar hasta que no se sepa el resultado final del juicio, pero lo siguen haciendo.

P. Dice que falta prevención de los pacientes. ¿A qué se refiere?

R. No creo que haya que echarles la culpa a las mujeres cuando hay incidentes, pero creo que no estamos teniendo el autocuidado suficiente. Cuando pregunto a mujeres cómo eligieron al médico, lo primero que me dicen es que tenían muchos seguidores en redes sociales o habían operado a tal o cual modelo. Nadie verifica si son de las universidades que dicen ser, por ejemplo. Ahora, no debería ser una responsabilidad mía como paciente hacer una investigación de si un título es legal o no.

P. ¿Qué responsabilidad cabe a las redes sociales?

R. Instagram es super rápida para identificar fotos con pezones y censurarlas, pero lenta en intervenir en publicaciones médicas de ese tipo de servicios. Así como banean en ciertos contenidos cuando hay información falsa podrían adoptar medidas similares para esta clase de información médica, más aún cuando hemos visto la responsabilidad de Instagram en la autopercepción de los adolescentes. Claramente no pueden censurar la información de un médico, especialmente si este no ha sido condenado, pero sí tienen la responsabilidad evidenciar que tiene comentarios negativos.

P. ¿Qué se podría hacer a corto plazo para evitar más muertes como la de Arelis?

R. Tener una mayor inspección y vigilancia ayudaría a poner un cerco, al menos. Creo en la educación y la pedagogía, pero tiene un impacto más a largo plazo. En cambio, si tengo secretarías de salud con más dientes, con más capacidad de intervención y seguimiento a quirófanos clandestinos, si tengo al sistema de salud verificando que las medidas que se han aplicado contra médicos se cumplan, se podría ayudar. Los procesos en la fiscalía también favorecen la impunidad.

P. ¿Por qué no avanzan estos casos en la justicia?

R. Las mujeres que tienen la posibilidad de pagar un abogado no son muchas. Tienen que escoger entre costearse una reconstrucción o recuperar la plata que invirtieron. Hay muchas que vendieron la moto o sus puestos de comida, que eran el sustento de sus casas, para hacerse las cirugías y quedaron con el cuerpo deforme y enormes afecciones emocionales. Entonces tienen que decidir si buscar justicia o tranquilidad entre comillas. En otros casos las estrategias de los médicos son silenciarlas y ofrecerles conciliaciones fuera del sistema legal. Muchas aceptan porque sienten que al menos recuperarán el dinero. Nadie las puede criticar por eso, porque llevar estos casos al sistema judicial es durísimo. Te dicen y “¿por qué se operó?” Esa decisión no debería importar en los casos judiciales.

P. ¿Qué ha pasado con su caso?

R. Mi proceso jurídico fue por lo civil y gané en primera instancia. Han pasado seis años y aún esperamos conocer el sentido del fallo en segunda instancia. Para empezarlo tuve que aportar las pruebas, pagué el peritaje que en ese momento costó siete millones. Por eso no le puedes pedir a una mujer que no tiene los recursos que pague un abogado, espere todo ese tiempo, que aguante. Yo tuve la fortuna de hacerme una reconstrucción pero todo esto me afectó emocionalmente. Esto me llevó a un intento de suicidio. He contado con ayuda psiquiátrica, porque las lesiones no son las físicas. Del otro lado, este proceso me llevó a reconciliarme con mi cuerpo en mis veinte, y ese afán por buscar cierta apariencia se calmó. Esto me volvió activista y me acercó al feminismo.

P. Pero también la puso en riesgo.

R. En 2016 recibí amenazas concretas y ahora he vuelto a sentirme insegura. Estamos en un país donde matan con tanta facilidad que temo por mi seguridad. Estas denuncias tocan intereses que afectan a personas muy poderosas que han demostrado que pueden silenciar a la justica, dilatar procesos, que pueden comprar pacientes y abrir y cerrar sus clínicas clandestinas cuando quieren.

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