Una juez concede la libertad al expresidente colombiano Álvaro Uribe

Una juez de control de garantías de Colombia ordenó este sábado la libertad de Álvaro Uribe Vélez, presidente del país entre 2002 y 2010, como lo pedía la defensa del político, quien enfrenta un proceso por manipulación de testigos y llevaba más de dos meses en detención domiciliaria en su finca de El Ubérrimo, en el norte del país, por orden de la Corte Suprema de Justicia. El exmandatario será ahora investigado en libertad, como han reclamado con insistencia tanto el presidente Iván Duque como el Centro Democrático, el partido de Gobierno.

“Se dispondrá la libertad inmediata del doctor Álvaro Uribe Velez”, decidió la juez Clara Ximena Salcedo al final de una accidentada audiencia virtual, aunque aclaró que su fallo no se refiere a la nulidad de las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia. Los representantes de las víctimas en el proceso, que han defendido la validez y vigencia de lo actuado hasta ahora, apelaron la decisión con el propósito de que sea revocada en segunda instancia. “Gracias a Dios”, trinó casi de inmediato el exmandatario. El presidente estadounidense Donald Trump también reaccionó en Twitter, donde felicitó a Uribe y lo calificó de “héroe”.

La medida de casa por cárcel para Uribe no tenía precedentes en Colombia. El influyente exmandatario, fundador del Centro Democrático, jefe indiscutible de su bancada legislativa y mentor de Duque, se había convertido también en 2018 en el senador más votado en la historia, con más de 800.000 votos. Pero el pasado 18 de agosto renunció a su escaño para salir de la órbita de la Corte Suprema, encargada de juzgar aforados como los congresistas. La sala de instrucción del alto tribunal decidió a comienzos de septiembre enviar a la Fiscalía General el expediente, relacionado con los presuntos delitos de soborno y fraude procesal, por considerar que había perdido competencia. El expresidente, con un extenso historial de enfrentamientos con los altos tribunales, ha alegado que la corte le violó garantías procesales, mientras sus detractores han denunciado como maniobras dilatorias la estrategia de sus abogados defensores.

Una buena parte de la confusa audiencia virtual para decidir la libertad de Uribe, que se había iniciado el pasado jueves durante una maratoniana jornada de 12 horas, se concentró en discutir tecnicismos sobre las implicaciones del cambio de esquema procesal debido al tránsito del expediente de la Corte Suprema a la justicia ordinaria. Los representantes del senador Iván Cepeda, acreditado como víctima en el caso por manipulación de testigos contra el expresidente, habían pedido continuar bajo la antigua ley que rige los procesos en el alto tribunal, mientras los apoderados de Uribe querían pasar al más reciente sistema penal acusatorio, como en efecto ocurrió.

Detrás de ese enrevesado debate jurídico, con diversas interpretaciones, se encuentra uno de los puntos centrales del caso. Además de la libertad del exmandatario, la justicia debe determinar desde qué punto retomará los avances de la Corte Suprema. En el alto tribunal, Uribe ya había rendido indagatoria y estaba formalmente vinculado a una investigación penal, pero sus abogados incluso han esgrimido que la Fiscalía debería reiniciar desde el comienzo las pesquisas. La defensa tendría que hacer una petición formal para que se anule lo actuado ante otro juez. “No hay ninguna razón válida para que se anule lo que ha sido investigado. A Uribe lo ha investigado el tribunal supremo de la justicia penal en Colombia”, argumentaba el senador Cepeda en una reciente entrevista con EL PAÍS.

El caso de manipulación de testigos es el que más ha avanzado entre la decena de investigaciones que Uribe enfrenta en la justicia colombiana. Ese proceso se remonta a 2012, cuando el exmandatario presentó una denuncia contra Cepeda ante la Corte Suprema por un supuesto complot que, según su versión, involucraba falsos testigos en cárceles colombianas con el propósito de relacionarlo con actividades de grupos paramilitares. El alto tribunal, sin embargo, absolvió a Cepeda hace dos años y pidió investigar a Uribe bajo la sospecha de que él y sus abogados eran los que habían manipulado testigos contra su rival político.

Las pesquisas de la Corte se habían concentrado en determinar si personas del entorno del expresidente pagaron dinero y ofrecieron beneficios a exparamilitares para que se retractaran de sus señalamientos. La denuncia original de un paramilitar, Juan Guillermo Monsalve, señala que en una antigua propiedad de la familia Uribe, la finca Guacharacas, se conformó un bloque de autodefensas en los años noventa, cuando el político era gobernador del departamento de Antioquia.

Diego Cadena, uno de los abogados del expresidente, permanece en detención domiciliaria desde agosto mientras se le investiga por los mismos delitos de soborno y fraude procesal en un proceso paralelo al del Uribe. Cadena es considerado una pieza clave de las indagaciones, pues está señalado de ofrecer prebendas a varios reclusos para que testificaran a favor del exmandatario y en contra de Cepeda. Uribe ha asegurado desconocer que Cadena hubiera ofrecido esos beneficios.

El propio presidente Duque se ha entregado a defender la “honorabilidad” de Uribe y ha sostenido desde un primer momento que debe ser juzgado en libertad, en reiterados pronunciamientos que diversos sectores han interpretado como presiones indebidas y un irrespeto a la separación de poderes. “Soy y seré siempre un creyente en la inocencia y honorabilidad de quien con su ejemplo se ha ganado un lugar en la historia de Colombia”, declaró Duque, desde el atril presidencial, apenas unas horas después de que la corte hubiera anunciado la detención domiciliaria que la jueza ha revertido este sábado.

La Corte Suprema también decidió enviar a la Fiscalía el mes pasado otros tres voluminosos expedientes en los que investigaba de manera preliminar al expresidente, los relacionados con las masacres de Ituango –conocidas como El Aro y La Granja–, la masacre de San Roque –en la que, según la corte, los perpetradores “al parecer” utilizaron como base de operaciones la Hacienda Guacharacas– y el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle. Todos ocurrieron mientras Uribe era gobernador de Antioquia, entre 1995 y 1997, pero fueron declarados crímenes de lesa humanidad por lo que no van a prescribir. El alto tribunal argumentó que perdió competencia para investigarlos dado que Uribe dejó de ser Senador de la República.