La penúltima batalla Norte-Sur: el ADN de las semillas

Al igual que el genoma del coronavirus registra información clave para su conocimiento, o que un libro se convierte en obra por la composición de sus frases, la secuencia genética de una semilla revela si soporta mejor las lluvias torrenciales, el agua salada, el calor, las plagas o la sequía. Durante más de 10.000 años, los pueblos del Sahel, los indios de la Patagonia o los campesinos del sur de Asia han ido seleccionando las simientes más productivas, las mejor adaptadas a su tierra y a su clima, las más nutritivas o las más fáciles de moler. Sus frutos, que provienen de un conocimiento ancestral, de ensayo y error, de fracasos y éxitos, de inversiones y riesgos, son ahora de un valor incalculable.

Tras duras batallas por legislar y controlar la apropiación y venta de estas pepitas ‘de oro’ en las pasadas décadas, el último conflicto por hacerse con la riqueza que desprende este tesoro irrumpe con la innovación de poder reproducir su ADN a través de sus códigos en formato virtual, la llamada Información Secuencial Digital (DSI, por sus siglas en inglés). Este avance ha provocado un choque entre países del Norte, entre ellos Estados Unidos, la mayoría de los europeos, Japón, y también Australia, con más capacidad tecnológica y empresarial; y países del Sur, fundamentalmente de África, Latinoamérica, Caribe y Oriente Próximo, que son los grandes proveedores de los recursos a los bancos de semillas.

Antes, para modificarlas genéticamente, se necesitaba el soporte físico de otra simiente. Pero ahora, con la DSI, en numerosos casos se pueden editar sin necesitar las originales, un cambio que ha movido las raíces del tratado internacional existente que regula la retribución a los países en desarrollo del uso de las simientes tradicionales de los agricultores, depositadas en los cerca de 1.200 bancos acogidos al acuerdo. Con las conversaciones estancadas en el marco de este tratado, los países del Norte mantienen que esa información virtual sea accesible de forma gratuita y sin compensaciones; mientras en los países del Sur, con menor capacidad tecnológica y científica para obtener rédito de ello, urgen que se mantengan las retribuciones por sus aportaciones de semillas a los bancos, tanto en su soporte físico como con la DSI.

“Esto es un problema Norte-Sur esencial. Y la cuestión no está en que la información sea accesible a todos, que está bien, el tema es que la DSI es el propio recurso genético, solo que en forma virtual, y por tanto su acceso, uso y distribución de beneficios debe regularse por el tratado existente”, considera el ingeniero español José Esquinas, coimpulsor de este Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, que tras 25 años de debates, entró en vigor en 2004 y está rubricado por 146 países, España de los primeros.

“El objetivo del tratado es asegurar la conservación de las semillas locales desarrolladas por los agricultores durante milenios y la distribución equitativa de los beneficios derivados de su uso”, ilustra Esquinas sobre este acuerdo, auspiciado por la Organización de la ONU para Alimentación y la Agricultura (FAO) y dotado con un sistema multilateral para el reparto de un porcentaje de los ingresos obtenidos de los solicitantes de semillas. Pero este procedimiento ha girado hasta el momento en torno a la simiente tangible, por lo que el debate se centra ahora en si la DSI se debe regular a través del texto de 2004 o si hace falta un acuerdo nuevo para gestionar los datos en su formato digital y sus compensaciones. “Las negociaciones están bloqueadas. Falta entendimiento entre bloques políticos y regiones respecto a la información digital, que para los países en desarrollo su acceso libre y gratuito no supone un beneficio tan claro por el déficit de las infraestructuras y la formación que requiere utilizar los datos para mejorar la agricultura”, apunta Álvaro Toledo, experto de la FAO para el tratado, que celebra su próximo órgano rector en 2021.

Los países del Norte ven necesario pactar nuevas herramientas, lo que podría suponer un tiempo considerable para debatir y aprobar propuestas mientras que la información del ADN digital se puede compartir por Internet sin estar retribuida. “Las negociaciones formales dentro del tratado de 2004 están desactivadas en este momento. Defendemos que el acceso a la información debe ser abierto para el beneficio de la humanidad y necesitamos encontrar mecanismos prácticos para que la comunidad internacional se beneficie de su intercambio”, señala Alwin Kopse, referente para las conversaciones de la postura mantenida por los países del Norte tras la comisión internacional celebrada en la sede de la FAO en Roma en noviembre de 2019, cuando se pospusieron las negociaciones sin llegar a acuerdo.

Desde el Sur esperan una resolución ágil dentro del tratado existente. “Hay un colapso. Renegociaremos las condiciones y esperamos que los países desarrollados relajen su posición. Tenemos que conseguir un mecanismo para que se puedan compartir los beneficios de la DSI de las semillas en el sistema multilateral que ya existe”, indica Kudzai Kusena, negociador jefe de África para el tratado, que alerta de que si no hay consenso tendrán que reconsiderar si proseguir con las contribuciones de semillas a los bancos. “Sin el tratado, el control de las semillas pasaría a ser de unas pocas multinacionales”, declara Esquinas, que apunta que las presiones de la industria pueden condicionar la posición de los países.

En el tratado de 2004, las personas o entidades de los 146 países firmantes tienen acceso gratuito a los cerca de 1.200 reservorios con el compromiso de entregar a cambio entre un 0,1% y un 0,5% de las ganancias obtenidas de su uso al fondo multilateral para la distribución de beneficios. Hasta 2019, han tenido acceso a los bancos más de 5,4 millones de agricultores, científicos y expertos, y se ha registrado una tasa media de 1.000 transferencias diarias de semillas y de distinto material vegetal. El fondo, por su lado, ha repercutido en más de un millón de personas a través de 80 iniciativas agrícolas en 67 países en desarrollo, una cifra que revela no obstante una falta de compromiso en los pagos al sistema multilateral por parte de los solicitantes de semillas, un extremo que también se debate en la FAO para conseguir una mayor eficacia.

Biodiversidad en peligro

Hasta el momento, el tratado acoge las 64 variedades de cultivos prioritarias para consumo humano y forraje, y de seguir su funcionamiento, se prevé extender la custodia e intercambio de plasma vegetal para más hortalizas, frutales y frutos secos. “Pero si el acuerdo se queda obsoleto, vacío de contenido, se pone en peligro la biodiversidad del planeta, tan necesaria con el impacto de la crisis climática y sus cambios impredecibles”, considera Esquinas sobre la relevancia de estos bancos, a los que también se acude ante las catástrofes que aniquilan cosechas o la alarmante pérdida de diversidad biológica.

“Con las negociaciones estancadas, el tratado es una cáscara vacía. Si se reconociera que la DSI tiene el mismo valor que las semillas físicas se podrían anular las patentes de la biopiratería y obligaría a la industria a cumplir con el sistema multilateral y compartir los beneficios que se derivan de su uso. Pero, lamentablemente, la obstrucción de los Gobiernos de los países más ricos ha impedido que se tome esa decisión”, señala Alessandra Turco, miembro de la organización internacional Via Campesina. “El objetivo de los países ricos es evitar cualquier discusión y dejar tiempo a las industrias para adquirir la información que está en los bancos mientras que no existen reglas en materia de acceso y distribución de beneficios del uso de estas informaciones”, concluye Turco, que señala en nombre de su organización que de proseguir esta situación recomendará que los agricultores no provean al tratado de sus propias semillas y su valioso ADN.

Queda por dilucidar cómo se desbloqueará este encontronazo que prosigue a otros anteriores como los de la década de los setenta, cuando algunos países y compañías multinacionales comenzaron a apropiarse de las semillas originales que, después de ser modificadas tecnológicamente, las vendían previo cobro de royalties incluso a los Estados de las que eran oriundas. 40 años después, el desafío viene con la regulación de un código compuesto por una serie de letras, de extraordinaria riqueza, que se pueden compartir en un segundo por Internet.