El ‘caso Odebrecht’ acorrala a cuatro expresidentes peruanos
La Fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva para Pedro Pablo Kuczynski. La constructora entregó pruebas de pagos a un ex alto cargo de Alan García
La corrupción ha depredado el Estado peruano y sus arcas desde 1821, cuando fue declarada la independencia. Según documenta Historia de la corrupción, un libro publicado en 2013 por Alfonso Quiroz, en casi 200 años el único presidente preso había sido Augusto Leguía, fallecido en 1932 en la cárcel de Lima. Pero su fantasma ronda hoy la política nacional. Los cuatro exmandatarios que han gobernado desde 2001 están bajo investigación de la Fiscalía por sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht, por haber recibido sobornos o aportaciones no declaradas en sus campañas electorales. Dos de ellos ya han pisado la cárcel por este motivo: Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.
Alejandro Toledo es prófugo de la justicia desde 2017. Según consta en la petición de extradición a Estados Unidos, el exrepresentante de Odebrecht en Perú prometió a Toledo la entrega de 36 millones de dólares a cambio de la concesión de las obras de la carretera Interoceánica. Su testaferro, el empresario peruano-israelí Yosef Maiman, ha reconocido ante las autoridades que recibió de la constructora más de 17 millones de dólares destinados a Toledo.
Desde el pasado miércoles, Kuczynski se halla en detención preventiva a petición del equipo de investigadores de la Fiscalía que lo investiga por actos de corrupción, supuestamente cometidos durante su etapa como ministro de Toledo, al otorgar dos concesiones al gigante brasileño: la carretetera Interoceánica Sur y el proyecto de irrigación e hidroeléctrico Olmos. También se le imputa blanqueo de capitales en perjuicio del Estado.
Los fiscales encargados de la operación conocida como Lava Jato (autolavado, en portugués), tras recabar más pruebas en los últimos días, han cerrado este lunes la investigación preliminar sobre Kuczynski y pasado a la siguiente fase, que es formalizar la instrucción del caso. Por ello han pedido prisión preventiva, durante 36 meses, para el exbanquero de inversión que gobernó Perú entre julio de 2016 y marzo de 2017. El político renunció en marzo de 2018 a la presidencia del país debido al escándalo que provocó la divulgación de los pagos como consultor de Odebrecht mientras era ministro.
También cumple prisión preventiva por 36 meses, desde octubre pasado, la excandidata presidencial Keiko Fujimori, investigada por lavado de activos, presuntamente procedentes de la contabilidad paralela de Odebrecht. Su padre, el expresidente Alberto Fujimori, cumple una condena de 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, robo y corrupción.
El fallecido Alan García, que gobernó entre 2006 y 2011, tenía prohibido salir del país desde noviembre, mientras era investigado por colusión, lavado de dinero y tráfico de influencias ligadas a la concesión a Odebrecht de la construcción de la línea 1 del metro de Lima. El exmandatario se ha pegado un tiro este miércoles cuando iba a ser detenido por la policía.
Gracias a un acuerdo de colaboración entre los investigadores y la constructora, firmado el 14 de febrero, la empresa ha entregado nuevas pruebas de sobornos a altos cargos en Perú. Las más recientes, divulgadas por el medio digital IDL-Reporteros y el diario El Comercio, prueban que Odebrecht entregó al menos cuatro millones de dólares a quien fue la mano derecha de García durante su Gobierno, el exsecretario de la Presidencia y exministro Luis Nava. Nava niega los hechos y desde el lunes está internado en una clínica local.
Apenas 24 horas antes de acabar con su vida, Alan García manifestó este martes que los documentos que dan cuenta de transferencias millonarias a Nava no lo vinculaban a él con los sobornos. “A mí no se me menciona, espero que las personas mencionadas respondan y hagan sus descargos y que el 23 [de abril] el señor Barata [exresponsable de Odebrecht en Perú] termine con esta telenovela ante los fiscales. Estoy con impedimento de salida del país que ya es una sanción, soy el hombre más investigado en Perú en los últimos 30 años”, comentó en su casa de Miraflores, donde este miércoles se ha suicidado.
La investigación a Ollanta Humala, en el poder entre 2011 y 2016, por pagos irregulares de Odebrecht a su campaña en 2011 es la más avanzada y está pendiente la acusación fiscal.
La persistencia de los fiscales
El antiguo superintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, será interrogado por los fiscales la próxima semana. Desde 2018, los fiscales Domingo Pérez y Rafael Vela se hallan entre los personajes más conocidos por los peruanos de a pie, por su investigación a los políticos citados. Sus pesquisas han requerido viajes a Andorra, Tel Aviv, São Paulo y Curitiba, donde mantienen un contacto fluido con los investigadores de la Fiscalía brasileña.
El equipo encargdo de aclarar las ramificaciones del caso Odebrecht en Perú ha sufrido los embates de los congresistas del partido fujimorista Fuerza Popular y del exfiscal general Pedro Chávarry, aliado de esa formación, pero el respaldo de la ciudadanía, mediante manifestaciones en varias localidades del país, ha sido clave para que hayan podido mantenerse en sus funciones. También ha sido clave la documentación recabada por distintos periodistas, que han reunido pruebas adicionales a las de la Fiscalía.
“El Ministerio Público está preparado para afrontar todos los retos que significan el grave grado de complejidad que tienen estas investigaciones”, ha dicho este martes el fiscal coordinador Vela cuando la prensa le ha preguntado por la petición de prisión preventiva para Kuczynski. "El Ministerio Público no quiere que vuelvan a ocurrir casos como los de César Hinostroza y Felix Moreno, que evaden la acción de la justicia”, añadió Vela, en alusión al exjuez cuya extradición espera Perú y al exgobernador del Callao que recibió sobornos de Odebrecht.
Navegar entre paraísos fiscales
Las investigaciones de la trama de Odebrecht en Perú requieren desentrañar operaciones de triangulación financiera que usan la banca tradicional y firmas radicadas en paraísos fiscales que esconden el rastro del dinero y los destinatarios finales.
Odebrecht tenía en Brasil un Sector de Operaciones Estructuradas, es decir, un departamento de sobornos, que registraba con precisión, en un sistema llamado Drousys-MyWebDay, cada monto transferido a cuentas bancarias o firmas. Las anotaciones incluían el alias o apodo de los destinatarios relacionados con cada obra pública o cada campaña electoral. En los interrogatorios los ejecutivos de Odebrecht han revelado a los fiscales peruanos la identidad de algunos de los beneficiarios del dinero.
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